En los últimos días hemos seguido y comentado la polémica sobre universidades estatales y privadas, sus funciones, modos de financiamiento y modos de segregación.
Hoy se agregan dos nuevas contribuciones (ver más abajo textos completos):
— Universidades y el monopolio de lo público, columna de opinión, Carlos Williamos, ProRector, PUC, El Mercurio, 1 febrero 2009
— Pago de crédito universitario, opinión editorial, El Mercurio 1 febrero 2009.
Las anteriores entradas más recientes en este Blog sobre los temas enunciados son:
— Se agudiza la polémica universitaria de lo “público” y lo “privado”, 31 enero 2009;
— Consejo de Rectores (CRUCH): turbulencias atmosféricas, 29 enero 2009;
— Aporte de Eduardo Engel al debate sobre universidades “cota mil”, 25 enero 2009;
— Universidades “Cota Mil”, 18 enero 2009;
— Cotas altas y cotos exclusivos, 18 enero 2009;
— Más sobre universidades estatales, 17 enero 2009;
— Las universidades estatales y su futuro, 15 enero 2009.

Universidades y el monopolio de lo público
CARLOS WILLIAMSON
Prorrector Pontificia Universidad Católica
El Mercurio, 1 febrero 2009
Sorprende la contumaz insistencia de rectores de universidades del Estado de declarar los superiores derechos de esas casas de estudio a gozar de un trato especial, dejando entrever de paso una suerte de predilección hacia algunas universidades privadas que reciben fondos fiscales sin merecerlos.
No deja de ser paradójica esta denuncia. En los hechos, la política de nuevo trato económico en exclusividad ya está vigente. El Gobierno aportará 100 millones de dólares al fomento de las humanidades y las artes en las universidades estatales. Se convino un aporte de 7 mil millones de pesos para el pago de indemnizaciones derivadas de la renovación de sus plantas académicas. Los proyectos Mecesup contemplan una línea especial de financiamiento basada en convenios de desempeño. Y, por cierto, hay leyes especiales de excepción en el presupuesto anual del fisco.
Pero el discurso no queda sólo en pedir. Se hacen también comparaciones que carecen de fundamento. En el trasfondo aparece la falsa creencia de que son las entidades estatales, por su origen de propiedad, los custodios de los valores públicos que contribuyen al “ethos” cultural y social de una nación. La evidencia empírica sobre rendimiento académico y generación de nuevo conocimiento, o sea, de bienes públicos, no respalda esta tesis. Las universidades privadas tradicionales que reciben aportes basales del Estado son más productivas en investigación y en publicaciones de alto impacto social, económico y tecnológico.
Por otro lado, es correcto decir que la universidad forja la cultura de los pueblos, entendida la cultura como un modo de ser, de comunicarse y, a fin de cuentas, de “vivir una vida verdaderamente humana”. En las universidades con vocación pública se busca que los jóvenes aprendan a “ser” más, o sea, a ser mejores personas y no sólo a “tener” más; es decir, a adquirir sólo un oficio o una profesión para ganarse la vida. Las universidades con sentido de lo público crean el ambiente para el cultivo del saber, son un espacio de diálogo y reflexión y un lugar de encuentro donde las personas confrontan perspectivas con espíritu crítico y con sabiduría ponen el conocimiento al servicio de la sociedad.
Hay pruebas de sobra de que ese espíritu ha estado presente desde su fundación en las principales universidades privadas tradicionales chilenas y es incluso un factor distintivo en algunas universidades privadas de más reciente creación. Es injusto, por ello, que se empleen descalificativos tales como que lo privado es sinónimo de segregación o que el hecho de serlo reproduce pensamientos de elite en un país que reclama con razón masificar el acceso y aceptar la diversidad, que de hecho existe, y en abundancia, y que no es más extendido precisamente por una política fiscal de ayudas estudiantiles que discrimina.
Otra vertiente en la misma línea es la acusación de la falta de pluralismo, ya que la defensa de ciertos principios en instituciones privadas frenaría el diálogo y el respeto de otras ideas. El argumento es falaz y también injusto. Me atrevo a decir que cualquier universidad chilena, laica o católica, incluidas las del Estado, hunde sus raíces en la cultura occidental, y todas ellas defienden y piden respetar aquello propio de su ideario fundacional. Nadie duda de que el núcleo de su identidad es el reconocimiento de que el dilema fundamental en nuestro tiempo es anteponer la moralidad de los actos humanos y, por ende, la dignidad de las personas, frente a la dimensión avasalladora y peligrosa de la tecnología o de la ciencia, cuyo responsable directo es el propio hombre. Que en la defensa honesta de tales principios, y fieles a sus tradiciones, algunas universidades procuren con pasión la búsqueda de la verdad y con vigor exhorten al ser humano a llevar una nueva vida marcada por todo lo bello y bueno, no las convierte en lugares donde se incuban “pensamientos sectarios” o con “sesgos excluyentes”.
En suma, resulta poco atinada la campaña por un nuevo trato. Pese a la pobreza argumentativa, ha generado división en el sistema el poner en tela de juicio el trabajo de tantas universidades privadas que han hecho del aporte a la cultura nacional la razón de ser de sus proyectos académicos. Claro está que, de paso, lo que puede ser tal vez una oportunidad les da sentido a quienes por largo tiempo sostienen la idea de construir un nuevo referente universitario, menos excluyente que el actual y que convoque a las instituciones sólo en virtud de su vocación pública, sin fechas ni apellidos.
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Pago de crédito universitario
Opinión editoral
El Mercurio, 1 febrero 2009
Lista para ser promulgada quedó la ley que permite pagar los créditos solidario y con aval del Estado por medio del desempeño profesional en los municipios más pobres -o en ONGs que colaboran con esos municipios- a los egresados del sistema de educación superior que accedieron durante sus estudios a una de esas modalidades de crédito.
La ley autoriza que los profesionales que realizan estas labores puedan descontar la cuota anual correspondiente al servicio de la deuda con un máximo de 16 UTM (un poco más de 600 mil pesos actuales). El beneficio se puede obtener durante un máximo de tres años. Si el trabajo ha sido realizado en ese lapso de manera ininterrumpida, los profesionales que opten por este camino podrán recibir una condonación adicional de tres cuotas anuales. Rigen los mismos máximos anteriores. Así, los beneficiarios podrían rebajar su deuda hasta en un monto máximo de 3,6 millones de pesos.
Tal idea presenta aspectos interesantes. Actualmente, los profesionales recién egresados tienen pocos incentivos para trabajar en municipios de escasos recursos, porque los salarios no son particularmente atractivos. Ésta es una forma de subirles los salarios, y las ganancias en bienestar que puede significar para los habitantes de esas comunas la incorporación de estos profesionales es muy importante. Sin embargo, este programa también se ha defendido sobre la base de que hay una tasa alta de morosidad en el crédito. No parece un buen argumento a la luz de la situación existente. El crédito solidario se entrega sólo a los estudiantes de las universidades del Consejo de Rectores y, dadas las condiciones en las que se otorga, tiene incorporado un fuerte subsidio que equivale aproximadamente y en promedio al 50 por ciento del crédito. Por esa razón, la alta tasa de impagos que exhibe hoy este crédito es injustificada y, además, lo es también por el alto retorno que presenta la educación superior.
El crédito con aval del Estado, en cambio, no tiene subsidios incorporados. Además, al ser de carácter bancario, va a tener una tasa de morosidad sustancialmente más baja. Así, profesionales de una misma condición socioeconómica pagan distinto según la institución de educación superior a la que han asistido. Esto no parece razonable desde el punto de vista de la equidad.
Esta ley podría haber sido una oportunidad para avanzar hacia un tratamiento más igualitario. Sin embargo, al no hacer una diferenciación de acuerdo con los montos que cada joven debe desembolsar para pagar su crédito, perpetúa la inequidad actual. En realidad, son altamente difíciles de comprender las discriminaciones que el Estado mantiene de manera tan persistente.
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