Columna publicada en el diario El Mercurio, 7 diciembre 2008.

El problema principal del proyecto del Ejecutivo destinado a reorganizar la administración de los establecimientos municipales es que torna aún más confusas las responsabilidades de los colegios frente a los alumnos, los padres, la comunidad local, la autoridad pública y la sociedad. En efecto, al limitar drásticamente su autonomía, en la práctica los descarga de cualquier obligación y los libera de todo compromiso con los resultados de aprendizaje de sus alumnos. En este sentido constituye un retroceso y, en vez de fortalecer la educación pública -que es su fin declarado-, de ser aprobado podría condenarla, definitivamente, a languidecer en los márgenes del sistema.

En efecto, se postula que en adelante los colegios hoy sostenidos por las municipalidades pasarían a depender de unas corporaciones públicas de objeto único educacional, las que prestarían el servicio de la enseñanza obligatoria a través de los establecimientos educacionales de su dependencia. Estos últimos se convierten, por tanto, en meros ejecutores de las decisiones adoptadas por esas corporaciones. A su vez, éstas -en calidad de sostenedoras y gestoras- aprueban el proyecto educativo de las escuelas; administran sus recursos humanos, financieros y materiales; establecen las directrices técnico-pedagógicas para su funcionamiento; las supervisan y coordinan sus relaciones con el Mineduc y demás órganos regulatorios.

Dicho en otras palabras, el carácter de los colegios cambia sustancialmente; sus directores devienen meros apéndices del poder de las corporaciones; los asuntos pedagógicos y técnicos escapan a la tuición del cuerpo docente e incluso el proyecto educativo se decide por encima de la comunidad escolar. Todo esto, al mismo tiempo que se mantiene en plena vigencia el actual estatuto docente, cuyas trabas seguirán presentes ahora también al nivel de las corporaciones.

Estas últimas, a su turno, serán administradas por un director ejecutivo seleccionado y removido por un sistema -se dice similar- al de la Alta Dirección Pública (¿pero no por éste?) y conducidas por un consejo integrado por el o los alcaldes de los municipios con que cada corporación se relacione y por dos representantes elegidos por el Mineduc que no sean funcionarios públicos.

Luego, los alcaldes pierden autoridad en materias educacionales y dejan asimismo de ser responsables, integrándose a un organismo cuyas funciones, en los hechos, serán manejadas por el director ejecutivo de cada corporación.

En suma, el diseño propuesto corre a contramano de todas las indicaciones surgidas de la experiencia nacional e internacional durante las últimas dos décadas.

En vez de clarificar la relación entre el propietario de los establecimientos escolares (el municipio hasta ahora) y sus agentes (los encargados de gestionar los colegios), ella se torna aún más confusa y tenue.

En vez de reforzar la autonomía de los centros educativos, la limita al máximo.

En vez de resaltar el papel de liderazgo del director y su equipo, lo disminuye al apunto de anularlo.

Y, en vez de fijar un claro estatuto de responsabilidades para las escuelas, las diluye en un entramado burocrático que, al final del día, no se sabe bien ante quién y sobre qué responderá.