Miles de estudiantes se movilizaron este jueves en Santiago de Chile para pedirle a Michelle Bachelet y al Parlamento que se escuche a la calle en la discusión de la reforma educativa, la principal propuesta con que la socialista llegó en marzo pasado a La Moneda. Las protestas no han tenido la intensidad de las de 2011 —cuando el movimiento estudiantil remeció al Gobierno de Sebastián Piñera y a la clase política en general—, pero la de esta semana llama especialmente la atención: una de las principales críticas que se le ha realizado desde diferentes frentes a la actual Administración es, justamente, el esfuerzo por congratularse con los estudiantes y mantener controladas las manifestaciones en el arranque de su reforma. Los jóvenes, sin embargo, pretenden mostrar su fuerza a las autoridades cada vez que el Ejecutivo, consciente de las complejidades de la propuesta, intenta tomar un respiro que ayude a ordenar el confuso escenario.

La reforma educativa de Bachelet, que recoge las principales demandas del movimiento estudiantil, es ambiciosa en sus horizontes y expectativas. Como explica Juan Eduardo García-Huidobro, académico de la Universidad Alberto Hurtado, “pretende combatir la desigualdad educacional, la segregación y la crisis de la educación pública, a lo que se añade como desafío una gran deuda de calidad”. Fundamentalmente, añade, busca desmontar un modelo creado en los 80: “Pasar de un sistema educativo que ha estado regulado principalmente por mecanismos mercantiles, a una regulación estatal de la educación que la sitúa como un derecho social, que debe llegar por igual a todos y todas con independencia de su situación social, étnica y del lugar del país que habite”. Pero lo que parece un objetivo sensato en sus titulares presenta complejidades políticas y técnicas difíciles de administrar.

El martes 5 de agosto, la presidenta socialista se reunió con los principales dirigentes de su conglomerado en un encuentro en el Palacio de Cerro Castillo de Viña del Mar, a 120 kilómetros de Santiago. El objetivo del cónclave extraordinario fue solicitar unidad a sus ministros y parlamentarios frente a la reforma educativa y, de esta forma, frenar las críticas surgidas desde la propiacoalición Nueva Mayoría, que abarca desde la Democracia Cristiana al Partido Comunista. La señal de fondo fue evidente: Bachelet tomó el control de la discusión y puso en juego su propio capital político con el objetivo de sacar adelante su reforma estrella. La líder socialista decidió, en un punto de inflexión, ponerse en primera línea y transmitir que si se atacaba la iniciativa, también se le atacaba a ella. No es poco si se considera que fue elegida con el 62% y el respaldo a su gestión alcanza un 50%, de acuerdo con una encuesta reciente del Centro de Estudios Públicos (CEP).

La situación era compleja en varios sentidos. “A todas luces, este Gobierno debutó sin tener claridad sobre los principales contenidos de la reforma educacional, su cronograma y menos las prioridades”, señala el analista político Jorge Navarrete. De acuerdo con el columnista del diarioLa Tercera, un factor que jugó contra el Gobierno fue “la innecesaria presión de contar con una propuesta concreta antes de los primeros 100 días de gestión”. Entonces, el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, decidió en mayo arrancar con uno de los cerca de diez proyectos de ley que darán cuerpo a la reforma: el que intenta impedir a los particulares lucrar con recursos públicos en la educación, finalizar con la selección de alumnos en los establecimientos subvencionados por el Estado y terminar con el financiamiento compartido en la educación escolar –el pago mensual que los padres realizan para ayudar en la educación de sus hijos–, que contempla a unos 1,9 millones de alumnos.

Fue una estrategia arriesgada arrancar con este proyecto polémico, según se ha reconocido desde el propio oficialismo. Aunque se trata del corazón de la reforma y una de las peticiones clave del movimiento estudiantil, no se consideró la resistencia que iba a generar en diferentes sectores. Entre ellos, la oposición, parlamentarios de la Nueva Mayoría, la Iglesia católica y los ciudadanos de los sectores medios-bajos que votaron por Bachelet. En estos últimos meses, los padres y apoderados de los colegios particulares subvencionados por el Estado, donde estudia el grueso de los escolares chilenos, han hecho públicas sus críticas y en algunos casos se han movilizado. De acuerdo con la encuesta CEP, un 52% de los chilenos está de acuerdo con financiar parte de la educación de sus hijos si se traduce en mayor calidad, un punto destacado por los críticos de la reforma. El problema radica en que la ciudadanía no confía en la educación pública que existe actualmente en Chile: en la última década el sistema público tiene un 30% menos de matrícula. Precisamente por ello, existe cierto consenso en que la reforma debería haber debutado con proyectos que buscaran robustecer los establecimientos escolares financiados por el Estado.

El ministro de Educación estuvo en problemas y en algún momento se especuló con su salida, a pocos meses de asumir el cargo. De hecho, los estudiantes agrupados en la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) han puesto en duda su participación en las mesas de diálogos que instauró el secretario de Estado, pese a la cantidad de gestos que se les ha hecho. El exdirector del Departamento para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), sin embargo, cuenta con el apoyo total de la presidenta, que desde la cita en Cerro Castillo se transformó en la escudera de su ministro. Ni siquiera el escaso control verbal de Eyzaguirre —que ha puesto en aprietos a La Moneda en variadas ocasiones en estos meses— ha logrado desestabilizarlo. Tampoco las encuestas: desde que se instaló el Gobierno en marzo, ha disminuido en 20 puntos su popularidad. Tiene 44% de aprobación y un 50% de desaprobación, de acuerdo con la última encuesta Adimark.

La pregunta es si Bachelet logrará llevar adelante su reforma estrella durante su período, que acaba en marzo de 2018. Para el investigador José Joaquín Brunner, académico y exministro del Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, parece poco probable: “Pensar que en estos cuatro años vamos a avanzar en todos los frentes, es completamente irrisorio”. El investigador explica que el conjunto de la reforma implica cambios de gran magnitud, como la promesa de Bachelet de lograr la gratuidad universal en educación superior en un plazo de seis años, que se comenzaría a discutir en el Parlamento en el segundo semestre. Para Brunner se trata de “una propuesta inmadura, contradictoria en su origen y con un débil sustento intelectual y técnico”. Entre otras cosas —explica— porque el 10% más rico de los estudiantes recibirían el 24% del gasto público. En su última columna de El Mercurio se preguntaba: “¿Es posible y justo la gratuidad universal de los estudios superiores antes siquiera de tener educación básica y media de calidad y gratuita?”.

El pasado martes, el proyecto de ley central de la reforma —el que elimina el lucro, la selección y el copago— comenzó a avanzar en el Congreso de los Diputados, donde el oficialismo es mayoría. Los parlamentarios tendrán hasta el 9 de septiembre para presentar indicaciones y se prevé que la discusión será compleja, incluso entre los integrantes de la Nueva Mayoría. Pese a la aparente primera victoria de la agenda reformista, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) a la mañana siguiente se tomó la sede del ministerio de Educación, que tuvo que ser desalojado por la policía. Fue apenas una muestra de los conflictos que enfrenta el Gobierno de Bachelet, desde diferentes frentes, para consensuar una reforma compleja que pone a prueba la destreza política de la actual Administración. Por ahora, sin embargo, La Moneda parece haber optado por intentar ordenar la discusión para ganar algo de tiempo.