Columna de opinión publicada en la sección Educación del diario El Mercurio, domingo 13 julio 2008

Educación pública: múltiples malentendidos
La idea de introducir mayores diferencias entre los colegios municipales y los particulares subvencionados se funda en una serie de concepciones equivocadas.

JOSÉ JOAQUÍN BRUNNER

En Chile se llama educación pública a aquella ofrecida por los colegios municipales, sin reparar en que también la provista por establecimientos privados subvencionados es pública en todos los aspectos fundamentales (currículo, profesores, jornada escolar, textos, exámenes, medición de resultados, certificados otorgados, financiamiento), con excepción de la propiedad de las escuelas.

Las demás diferencias que pudieran existir -en el orden del giro único del sostenedor, las prácticas de selección, la sujeción a estándares, el control de calidad y la rendición de cuentas- podrían desaparecer en breve, de aprobarse el proyecto de Ley General de Educación (LGE). En efecto, éste busca reforzar el carácter público de la educación obligatoria, con independencia de la naturaleza jurídica del proveedor.

¿Cómo entender, entonces, que algunos pretendan introducir, al mismo tiempo, una mayor diferenciación entre sostenedores municipales y privados subvencionados? Tal pretensión choca con la orientación básica y el sentido de la ley que se discute y se funda, además, en una serie de malentendidos.

Por lo pronto, el supuesto de que la naturaleza jurídica del sostenedor es determinante para la calidad de la educación y el aprendizaje de los alumnos. No hay ninguna evidencia, sin embargo, que respalde tal supuesto.

A la vez, quienes apoyan la propiedad pública de los colegios son críticos, en general, de su administración por los municipios. Es decir, las modalidades descentralizadas de gestión pública no serían suficientemente estatales, a diferencia, por ejemplo, de una gestión centralizada en un órgano ministerial.

Esto trae como consecuencia, por un lado, una confusión de lo público con lo burocrático y, por el otro, lleva a descuidar la autonomía de gestión que los colegios necesitan para hacerse responsables de su propio desempeño.

Esta concepción reduccionista tampoco se hace cargo del hecho de que -en ausencia de autonomía y de un proyecto que otorgue identidad propia a cada colegio- el clima cultural de los establecimientos municipales tiende a volverse cada vez más insubstancial y menos atractivo para los alumnos y sus padres.

Sobre todo estos últimos buscan colegios con un sentido de su misión y en condiciones de proporcionar un orden de integración moral, fundado en valores y compromisos capaces de conducir el desarrollo de los niños y jóvenes.

Quizá se halle ahí el mayor malentendido que aqueja a lo público en la educación chilena. En sociedades como la nuestra -progresivamente secularizadas, donde coexiste una pluralidad de ideales y valores y se debilitan las jerarquías, las tradiciones y los vínculos comunitarios-, las personas enfrentan nuevos riesgos y se mueven en un medio plagado de incertidumbres.

Por lo mismo anhelan y reclaman zonas de seguridad personal y familiar y, para sus hijos, espacios formativos dotados de estructura, de estabilidad, de valores con los cuales comprometerse y en condiciones de reducir los riesgos, las incertidumbres y amenazas que genera la sociedad en que vivimos.

Si la escuela pública no logra ofrecer un espacio de esas características, no habrá ley ni arreglo administrativo que pueda evitar su depreciación.

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