No es fácil para las universidades evaluar el proyecto FES, que contiene las reglas de financiamiento a la educación superior. Y es que suele ocurrir que las instituciones atiendan sobre todo a sus propios intereses antes que a consideraciones de bienestar social. Con todo, es imprescindible hacer un esfuerzo de evaluar imparcialmente los efectos probables de ese proyecto.

¿Es razonable ese proyecto cuando se atiende a la totalidad de las dimensiones que involucra y no solo a las financieras?

Desde el punto de vista financiero, no hay duda de que la cantidad de recursos disponibles en el sistema disminuirá. Las universidades, por decirlo así, se empobrecerán y como la educación —como casi todo en esta vida— depende de las condiciones materiales en que se desenvuelve, es probable que el sistema perderá calidad. La docencia se estandarizará, la investigación disminuirá o no se incrementará como consecuencia de la restricción de recursos. Algunas, desde luego, podrán evitar siquiera en parte ese efecto gracias a la filantropía, pero como esta es inevitablemente ideológica, el carácter estratificado del sistema se acentuará.

Pero ese no es el único factor para tener en consideración.

Se encuentra además el hecho de que las universidades que adhieran al FES consentirían una alta dependencia del ciclo fiscal. Es predecible entonces que se reproduzca el amargo destino de las universidades latinoamericanas que se han desenvuelto al compás del ciclo económico y su suerte pasará a depender de la influencia de que sean capaces al interior del proceso político. Finalmente, cuál sea el nivel de financiamiento con cargo a rentas generales siempre dependerá de la prosperidad fiscal existente y de la capacidad que tengan las instituciones —o sus autoridades— de influir en el proceso político y sus actores. Basta repasar la experiencia de los últimos años para constatar que ese fenómeno se acrecentaría.

Esa alta dependencia del ciclo fiscal y del proceso político se traducirá inevitablemente en un desmedro de la autonomía. La autonomía alude a la capacidad de las instituciones de definir su propia tarea intelectual y su lugar en el ámbito de la cultura. De ahí que haya instituciones misionales, de estilo empresarial, o simplemente ilustradas en el sentido clásico de la universidad moderna. La dependencia exclusiva o casi exclusiva del Estado crea condiciones objetivas (¿será necesario citar el caso de Trump y las universidades norteamericanas?) para el deterioro de esa autonomía. El Estado siempre tenderá a concebir a las universidades como instrumentos de política pública, medios para el logro de los objetivos que considera socialmente valiosos, olvidando que se trata de instituciones de transmisión cultural atadas a una cierta concepción global que hoy, cuando se mira la educación superior, es inevitablemente diversa. Por ejemplo, tenderá a fortalecer las disciplinas tecnológicas en perjuicio de las humanidades, alineando a las instituciones en pos de los objetivos estatales o gubernamentales. No hay nada de raro en esa tendencia que está en los mismos orígenes de la universidad moderna; pero no hay duda de que ello, en las condiciones contemporáneas, lesionará la alta diferenciación intelectual y de propósitos que hoy posee el sistema y que es propia de una sociedad abierta.

Y en fin se encuentra un probable efecto colateral. Hoy universidades privadas de gran calidad hacen esfuerzos por diversificar su población estudiantil incorporando sectores históricamente excluidos que prefieren asistir a ellas y no a universidades estatales. El FES, en la forma en que se ha diseñado, empujará a esas instituciones a restarse de ese financiamiento para evitar la disminución de sus recursos, y el resultado de todo eso será que el sistema acentuará la estratificación. De esa forma, el sistema tenderá a remedar aún más de lo que hoy lo hace la estructura de clases, y de paso impedirá o restringirá la elección de las familias.

Al leer el proyecto FES asoma en él la más estricta racionalidad neoclásica y el olvido flagrante del papel sociocultural que cumplen las instituciones de educación superior en una sociedad abierta y diferenciada.

Carlos Peña
Rector UDP