El autor de esta columna escrita para CIPER hace un detallado análisis de lo que significa el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior tanto para estudiantes como para las instituciones. Como conclusión plantea entre otras preguntas si “¿es razonable la cantidad de estudiantes que tenemos cursando la educación superior?”.

ESTUDIANTES

¿Si usted cumple los requisitos para acceder a la educación superior en Chile, será sometido a una distinción socioeconómica: si pertenece al 60% de menores ingresos, es gratis (pagan los contribuyentes); y si es parte del 40% de mayores ingresos, paga de su bolsillo actual o futuro a través del FES (financiamiento público para la educación superior con el que el gobierno busca reemplazar el Crédito con Aval del Estado, CAE).

Dado el subsidio otorgado, y considerando que aún en Chile el premio por pasar por la educación superior es positivo , los estudiantes que gozan de gratuidad  podrán tener una mayor tasa de retorno de su inversión (o TIR) que los no gratuitos, en igualdad de condiciones o ceteris paribus.

Sin embargo, si no es gratuito y al egresar logra un sueldo menor a $500.000, no paga el FES y su TIR es mayor. Pero, si por mérito o fortuna estudia una carrera bien remunerada (que correlaciona positivamente con las carreras más selectivas o difíciles) y esto lo deja en el decil 10 de ingresos (ingreso mayor a $2 millones, conforme a la CASEN 2022), pagará una cuota FES más alta que el CAE, y, por ende, su TIR caerá .

En consecuencia, en igualdad de condiciones, el retorno de estudiar se relaciona negativamente con los ingresos actuales y futuros; un incentivo problemático si consideramos la informalidad laboral de nuestro país (cercana al 27%, según el INE).

INSTITUCIONES

En el año previo a la implementación del CAE, el 72% de los estudiantes en Chile no contaba con financiamiento público, puesto que el principal crédito (Fondo Solidario de Crédito Universitario) se restringía únicamente a las universidades tradicionales del Consejo de Rectores (CRUCH), y las becas eran insuficientes y, en su mayoría, limitadas a este mismo grupo .

El CAE fue el motor de la expansión de la educación superior, ya que permitió que las instituciones NO-CRUCH cambiaran su estrategia hacia estos alumnos. ¿El resultado? Tras la implementación del CAE (2006), pasamos de 500 mil alumnos en la educación superior a 1 millón doscientos mil, y la matrícula NO-CRUCH creció de forma importante, no sin problemas sobre la marcha (crisis de la Universidad del Mar, Universidad Arcis, entre otras).

En esencia, la gratuidad no es muy distinta al CAE desde el punto de vista de la oferta: exige básicamente acreditación, no lucro y normas comunes de admisión y transparencia. Si tenemos instituciones altamente selectivas (como la U. de Chile o la PUC) e instituciones menos selectivas (como la Universidad Autónoma o la U. Santo Tomás), quienes más pueden capturar estos subsidios son aquellas con más flexibilidad en los requisitos de ingreso. A 10 años de implementación de la gratuidad, no es raro que universidades privadas no tradicionales capten la mayoría de estos subsidios. Según un reciente informe de la Contraloría General , la universidad que más gratuidad recibió en 2023 es la Universidad Autónoma ($98.678 millones), más que la Universidad de Chile ($83.048 millones), la Universidad de Concepción ($59.470 millones), la Universidad de Santiago ($59.185 millones) o la PUC ($42.956 millones). La tercera en captación de gratuidad es la Universidad Santo Tomás ($62.173 millones).

En cuanto al FES, uno de los nudos críticos del proyecto es la prohibición de copago, lo que sometería a las instituciones solo al arancel regulado (asumiendo el diferencial entre este y sus precios de lista), al igual que el diseño de la gratuidad. Desde el punto de vista del gobierno, esta prohibición evita el problema de riesgo moral (incentivos a establecer diferenciación de precios y compensaciones entre tipos de estudiantes). Las instituciones, por su parte, creen que esta medida segregará el sistema, puesto que se pierde el incentivo a recibir alumnos con beneficios en las universidades con más diferencias entre el arancel regulado y el precio de lista. Respecto de este dilema, tiendo a creer que es más probable que las instituciones, aun sin copago, prefieran mantener alumnos con FES, puesto que, siguiendo sus propios incentivos, les conviene matricularlos a no tenerlos (el costo marginal de atender a un estudiante es muy bajo), aunque respecto de este punto probablemente el gobierno termine cediendo para viabilizar la aprobación legislativa y evitar segregar a una sociedad ya altamente segregada.

EPÍLOGO

Un bien público es aquel que no admite exclusión (un parque o una playa) ni rivalidad (el goce de uno no inhibe el de otros). No siendo entonces un bien público, puesto que admite rivalidad, la educación superior es una especie de bien durable con fuertes externalidades positivas. Por este motivo, es una pieza fundamental en las teorías de crecimiento a largo plazo. Su expansión, sea pagada privadamente o vía impuestos a los contribuyentes, debe ponderarse cuidadosamente en términos de costos y beneficios, individuales y privados, de corto y largo plazo.

¿Lo estamos haciendo bien?

Tenemos una tasa de cobertura bruta en educación terciaria superior al promedio latinoamericano, mundial y de la OECD. En consecuencia, somos el país de la OECD que más gasta, como porcentaje del producto interno bruto, en educación terciaria (OECD, 2020). Sin embargo, somos segundo lugar en sobrecalificación y, según un estudio de la Comisión Nacional de Productividad , el 30% de los titulados 2007-2015 no logró un valor actual neto (VAN) positivo luego de egresar.

Los bancos vieron en el CAE una nueva cartera de clientes con aval estatal y, por tanto, sin riesgo de incumplimiento: el negocio perfecto. Hoy salen de la ecuación, pero no significa que no queden abiertas preguntas igualmente incómodas.

• ¿Es razonable la cantidad de estudiantes que tenemos cursando la educación superior?
• ¿Es razonable que, por cada peso gastado en alumnos de educación superior, gastemos solo $0,58 por alumno de educación primaria (OECD, 2022), sabiendo que solo el 55% de nuestros niños y niñas asisten a educación parvularia, una de las tasas más bajas de la OECD?
• ¿Es razonable ocupar recursos públicos, que terminan en instituciones privadas no selectivas, conociendo las brechas de calidad y de infraestructura que persisten en la educación pública primaria y secundaria?

Todas estas preguntas incómodas son necesarias en un país pequeño, que representa el 0,3% de la producción mundial, que tiene un crecimiento proyectado para la próxima década inferior al 2% y que no cuenta con recursos para empujar su modelo de desarrollo y priorizar áreas que pudieran revitalizarlo, como invertir en I+D, obras públicas, capacitación laboral u otras.