Durante su pasada cuenta pública, el Presidente de la República comprometió el envío de un proyecto de ley “con un nuevo sistema público de financiamiento que reemplazará el Crédito con Aval del Estado (CAE) y el Fondo Solidario, y dará una solución progresiva y justa pensada en los deudores”. A la fecha, no se conocen detalles de la propuesta.

El análisis del desarrollo alcanzado por el CAE, la morosidad, la gratuidad y la actual carga fiscal permiten concluir que el CAE requiere modificaciones. Tiene debilidades de diseño, como la restricción de los beneficios de contingencia al ingreso solo a los deudores al día. El grave problema de morosidad fue generado por los desincentivos a pagar la deuda, primero por la ley que sacó estas deudas de los boletines comerciales y, segundo, por las sucesivas promesas, preelectorales y durante este período, de condonación. Los incentivos para que los beneficiarios del CAE restituyan los recursos prestados son débiles. Es, por lo tanto, conveniente reformarlo, porque si continúa igual, la morosidad solo tendrá una dirección: subir.

No es primera vez que se busca mejorar esta herramienta. De las propuestas presentadas por dos gobiernos anteriores (de distinta orientación política), podemos tomar ciertas líneas. A diferencia de 2004, hoy no es conveniente incluir a la banca privada en la ecuación, pues en el largo plazo resulta más oneroso para el fisco pagar las garantías que financiar los créditos. La cobranza debe hacerse de forma eficiente, integrándola al sistema tributario para mantener la morosidad al mínimo, y permitir que más estudiantes se beneficien. La contingencia al ingreso —esto es, la adaptación del monto de la cuota a pagar a los ingresos del beneficiario— debe ser universal y diseñada con criterios de progresividad. Finalmente, es justo suspender los pagos ante cesantía o enfermedades catastróficas.

Así, planteamos transformar el CAE en un fondo de apoyo a estudiantes de educación superior. No es novedoso, pero sí más equitativo y eficaz. Se formaría, en un inicio, con aportes del presupuesto público anual, más lo que hoy se contabiliza como acreencias. En régimen, los préstamos del fondo a los nuevos alumnos deberían sostenerse con los pagos de los deudores y con aportes del presupuesto nacional. El carácter solidario vendría del compromiso que asuman los estudiantes beneficiados de contribuir a las nuevas generaciones.

Empero, la morosidad seguirá siendo un desafío, y es clave pensar en un diseño que impida un crecimiento desmedido de la deuda. Parece conveniente hacer renegociaciones automáticas en caso de morosidad, sin la necesidad de solicitudes o evaluaciones. El incentivo aquí es poder “premiar” a quienes han pagado por un período considerable. Asimismo, licitar la cobranza a entidades especializadas, de forma de asegurar tasas de restitución que garanticen la operación solidaria del nuevo instrumento.

Cualquiera que sea el tipo de sistema que se diseñe, este tiene que apoyar a los estudiantes para entregar más oportunidades a todos, incluyendo nuevas modalidades. Se debe proteger la sustentabilidad financiera del sistema, permitiendo su autonomía, diversificación, desarrollo y expansión. En especial, intentar predecir las necesidades de recursos humanos a 10 o 20 años, en un contexto de cambios del conocimiento, en tecnologías y en formas de trabajo y de vida, es completamente inútil.

Especial es dar más flexibilidad a las trayectorias educativas, para lo cual las instituciones están mucho mejor equipadas que cualquier grupo o mesa de trabajo. Es muy negativo frenar el desarrollo y mejoramiento de la formación de pregrado, así como las restricciones que hagan a las instituciones y sus estudiantes totalmente dependientes de decisiones del fisco, o de la falta de recursos públicos.

En suma, debe evitarse la extensión de la fijación de aranceles y vacantes a la totalidad del sistema, corazón del diseño deficitario de la gratuidad. La fijación de aranceles y las limitaciones al copago llevan al desfinanciamiento de las instituciones, al estancamiento académico y a la homogenización de la oferta, lo que en nuestra realidad es contrario a la definición de un sistema con instituciones de calidad, y no conversa con los requerimientos de acreditación que han definido otras instituciones estatales. En otros países, con mayor nivel de desarrollo, el financiamiento es casi 100% estatal; en diversos casos, hoy existen serias dificultades para sus universidades.

Hugo Lavados Montes
Rector Universidad San Sebastián