Los libros de la polémica se filtraron este martes. En México, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) ha garantizado la impresión y distribución durante décadas los textos escolares para todos los colegios de los 32 Estados. En los modelos diseñados por la Cuarta Transformación, de acuerdo a las versiones que circularon en la comunidad educativa, la enseñanza se reestructuró en cinco áreas: “múltiples lenguajes”, “nuestros saberes”, “proyectos de aula”, “proyectos escolares” y “proyectos comunitarios”. En esas categorías cabe todo lo que se enseñará el próximo ciclo. Entre las quejas que despertaron estos documentos, les acusan de haber desarrollado los textos sin consultar a los diferentes actores involucrados en la educación infantil.

Irma Villalpando, doctora en Pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explica después de revisar el contenido los problemas que ha encontrado: una reducción excesiva de temas relacionados a matemáticas, errores en los conceptos, saltos en los contenidos, desorden de los materiales y la exclusión de la literatura universal. La especialista advierte de que estos vacíos representan un “enorme retroceso” en materia educativa, porque los niños saldrán del colegio con déficit de conocimiento en algunas áreas. Villalpando alerta también de una posible profundización de la brecha económica y social, ya que las familias con más recursos tienen facilidades para resarcir las faltas comprando otros libros complementarios, mientras que los más pobres no.

Alma Maldonado, especialista en Educación del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), ha desarrollado una petición en Change.org para evitar que se difundan esos textos. “Los nuevos libros que hemos podido revisar están plagados de errores”, reclama en el sitio web, donde ya ha juntado más de 48.000 firmas en contra del material. Otro de los críticos más fuertes fue Israel Sánchez, de la Unión Nacional de Padres de Familia, que calificó el contenido como de baja calidad y afirmó que se trataba de una regresión a las prácticas del pasado.

La disputa judicial por los textos comenzó en mayo, cuando una jueza determinó gracias a un amparo presentado ante la justicia que el Gobierno debía suspender la producción del material educativo y someterlo a una revisión. El Ejecutivo siguió adelante con los textos a pesar de esas alertas. Esta semana, algunos medios de comunicación publicaron que la justicia había dado 24 horas a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para rediseñar los materiales antes de imprimirlos. Leticia Ramírez, la titular de esa cartera, publicó este martes un video justificando que se hayan adelantando en la impresión y aseguró que la SEP “cumplió escrupulosamente con el desahogo de los requerimientos” en los juicios de amparo que se presentaron contra los libros.

“Los nuevos libros de texto gratuitos están llegando a los almacenes regionales, a las zonas escolares y en breve estarán en las escuelas”, ha dicho Ramírez en el video. “Se trata de una nueva familia de libros que se inscribe en el proceso de transformación de la educación en México”, ha agregado. Una de las críticas más fuertes que se ha hecho a la SEP es que haya reservado la información relacionada con la elaboración de los libros por los próximos cinco años. “Los nuevos libros de texto gratuitos son el resultado del trabajo solidario de miles de maestras y maestros, innovadores, especialistas, académicos e ilustradores”, ha explicado la secretaria.

El debate de fondo tiene más que ver con el modelo educativo de México, que con los libros en sí. El proyecto educativo de este Gobierno, llamado la Nueva Escuela Mexicana, tiene nuevos enfoques y guías para enseñar a los niños. Algo que los críticos señalan como precipitado dado que, aseguran, los cambios metodológicos suelen darse de manera paulatina y muy estudiada, por los impactos que puede tener en las generaciones. La acusación más importante es que hayan diseñado los libros sin definir siquiera los programas de estudios, que son los que determinan qué se va a enseñar, algo que establece la ley. La SEP ha defendido este martes que aún “se encuentra en tiempo, en forma y en condiciones de publicar los programas de estudio definitivos que han constituido la base para la elaboración de los nuevos LTG [Libros de Texto Gratuitos]”.

Si el Ejecutivo opta por repartir los libros a pesar de las advertencias judiciales, podría caer en la ilegalidad, han alertado algunos expertos. José Ramón Cossío fue uno de ellos. El exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló este martes en entrevista con Carmen Aristegui que el Gobierno “se saltó todas las normas jurídicas” en la confección de los textos de estudio. “Si las autoridades de la SEP y demás órganos violan la suspensión”, alertó, caerán en “un delito contra la administración de justicia” y abrirán “la posibilidad de que la Suprema Corte considere que se produjo esa violación y que esa persona sea sometida a un proceso penal”.

El presidente se ha aferrado a la idea de que quienes atacan sus libros de textos son “los grupos conservadores” y ha defendido que, pase lo que pase, sus libros llegarán a los niños mexicanos en los próximos días. Mientras la justicia amenaza con hacer cumplir la ley, o al menos una interpretación de ella, la SEP ya ha comenzado a distribuir a los colegios los materiales que se enseñarán el próximo ciclo escolar.

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