Desde 1998 no se funda ninguna universidad pública en España ―hay 50―, mientras las privadas se han cuadruplicado (de 10 a 40) y este jueves se votará en Madrid la número 41: la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT). La cuestión es que el Gobierno piensa que una parte importante de las privadas de esta última hornada está lejos de comportarse como una universidad ―que imparta docencia, investigue y transfiera ese conocimiento― y el pasado verano se aprobó un decreto de creación y reconocimiento de universidades que obliga a cumplir en cinco años unos estándares. “El decreto intenta poner un poco de orden en un sistema que tenía el peligro de que le llamásemos universidad a cualquier cosa. Tienen que cumplir unas condiciones determinadas: un porcentaje dedicado a la investigación [5%], número de doctores… Los chiringuitos son ahora más difíciles de hacer”, aseguró el ministro de Universidades, Joan Subirats, a este diario. Pero el decreto apoyado por los rectores nace cojo, pues el ministerio interpreta que a las entidades que han solicitado el procedimiento de autorización de sus proyectos hay que concederles esos cinco años —desde que se pongan en funcionamiento― para actualizarse, y hay ya cuatro con el proceso de tramitación muy avanzado en Madrid (UDIT), Andalucía (Universidad Tecnológica del Atlántico-Mediterráneo y Universidad Fernando III) y el País Vasco (Euneiz) posicionadas lejos de sus estándares. Otras seis esperan turno.

El Consejo de Estado, en contra del ministerio, sostiene que si las instituciones no han sido autorizadas antes de la entrada en vigor del decreto ―agosto de 2022― deben de cumplirlo desde el principio. El pasado noviembre, el Parlamento vasco aprobó la European University of Vitoria-Gasteiz (Euneiz), liderada por el principal accionista de los clubs Alavés y Baskonia (Josean Querejeta) con el apoyo del PNV. Todos los partidos ―salvo Elkarrekin Podemos y Bildu― votaron a favor de la creación de una universidad que pretende dedicarse a los videojuegos, el deporte y la fisioterapia. El diputado regional de Podemos Íñigo Martínez Zatón explica que, en junio, su grupo pidió una ampliación del plazo de enmiendas para adaptar el proyecto de ley al decreto, pero en el texto final ni se cita.

“Nos preocupa que cualquier cosa es una universidad, va a ser bastante inaccesible [a partir de 8.000 euros un curso de la carrera], compite con grados públicos y va a recibir dinero público porque tiene derecho a entrar en el mundo de las subvenciones”, prosigue Martínez Zatón. Los socialistas, socios de gobierno del PNV, trataron de pasar inadvertidos en la votación ante una situación muy incómoda. “No vamos a recibir ni queremos un euro público”, asegura su director, Álvaro Ron. Pero reconoce que “lo que le rodea” presumiblemente va a tener subvención: 33 millones de fondos Next Generation para el proyecto Innovaraba, de Querejeta, que incluye una escuela de fútbol, una aceleradora de empresas, un colegio internacional y un centro de medicina deportiva, entre otros negocios interconectados con Euneiz.

Esta, al igual que las otras tres universidades, no cumple con lo que marca el decreto en cuanto al número de grados ―en cinco años deberá tener 10 y oferta solo cinco―, las áreas de conocimiento ―dos cuando se requieren tres―, tamaño ―“será como un college americano, no más de 2.000 estudiantes”, explica Ron, su director― e investigación. Ron asegura que están contratando profesorado, y en tres semanas anunciarán con cuántas carreras empiezan el próximo septiembre.

Euneiz cuenta, como la Universidad Fernando III ―propiedad de San Pablo CEU―, con el informe favorable de los técnicos del ministerio para la Conferencia General de Política Universitaria ―preceptivo pero no vinculante― que se redactó aplicando los criterios de calidad anteriores al decreto del pasado verano, más laxos. Pero Euneiz se llevó un varapalo de la agencia de evaluación vasca Unibasq: “La oferta propuesta es más propia de un centro adscrito a una universidad que de una universidad. De hecho, los centros ENTI y EUSES con los que se vincula el proyecto son centros adscritos de universidades ya consolidadas [Barcelona, Girona y Rovira i Virgili]”. Esa es la eterna pregunta de los rectores: ¿por qué no quieren ser centros adscritos? La propiedad de una universidad privada se puede llegar a vender por más de 10 veces su Ebitda (beneficio bruto de explotación) en un mercado enloquecido animado por los fondos de inversión internacionales. La educación es un negocio contracíclico, cuando llega una crisis económica la población invierte en formarse, y los fondos están al acecho.

Las desfavorables conclusiones ―en equipamiento, envergadura o planes de investigación― en el caso de los informes del ministerio sobre UDIT y UTEMED no han parado los planes de Madrid (PP) y Andalucía (PP y Ciudadanos). Muy al contrario, Isabel Díaz Ayuso se dio prisa para empezar a poner en marcha los trámites de la institución antes de las elecciones del pasado mayo. Mientras que el Gobierno andaluz está dando los primeros pasos a UTAMED, una vez que la empresa promotora ―la Escuela de Negocios del Mediterráneo (MEDAC), creada por su consejero de Educación, Javier Imbroda― ha vendido todas las acciones a una multinacional.

Los 10 rectores andaluces de las universidades públicas, indignados con los nuevos campus, han lanzado un comunicado conjunto: “Cualquier incorporación de una nueva universidad al sistema universitario debe pasar siempre por la exigencia a estas instituciones de los mismos estrictos requisitos de calidad que se demandan a las universidades públicas andaluzas en formación académica, investigación y transferencia del conocimiento”. Andalucía reconoce que, además, “estudia” la implantación de otros cinco campus. El Ayuntamiento de Málaga (PP) ha cedido terreno a las dos universidades en España en manos de fondos ―la Alfonso X el Sabio y la Europea― a cambio de un canon y un número de becas, pero la Junta no da detalles: “No haremos público el nombre de ningún promotor de una iniciativa hasta no elevarlo al Consejo de Gobierno”. La Universidad Europea ―con instituciones autónomas en Madrid, Valencia y Canarias― explica que la intención es que Málaga sea una entidad independiente.

Ninguna de las cuatro universidades con la tramitación avanzada ha contado con el dictamen positivo de los rectores de las universidades públicas de su región, algo habitual. El consejero Enrique Ossorio aseguró el jueves en el pleno de la Asamblea de Madrid que este era el único informe contrario a UDIT, cuando en realidad dispone de cuatro informes adversos de su propio Ejecutivo, además del redactado por el ministerio. La capital, que desde este jueves tendrá 13 universidades privadas, 33 centros adscritos y más de una decena de sedes en su territorio de universidades extranjeras o de otras partes de España, quiere competir con Miami como hub (centro de operaciones) de educación en español. Por eso es poco restrictiva en sus requerimientos. El Gobierno regional asegura que en estos momentos está estudiando solo un nuevo proyecto.

Los socialistas creen que se puede sobredimensionar el sistema universitario

Las comunidades gobernadas por los socialistas reciben también propuestas de negocio, pero menos que las del PP, pues los primeros creen que se puede sobredimensionar el sistema universitario. Extremadura no ha seguido adelante con la solicitud de una universidad a distancia que contaba con un informe desfavorable del ministerio; mientras que, en Canarias, Coalición Canaria logró aprobar en 2019 ―en el tiempo de descuento de la anterior legislatura― la Universidad de las Hespérides, a distancia y rechazada por los técnicos del ministerio. Los socialistas, que votaron en contra, le darán la autorización cuando demuestre que tiene calidad.

Este diario ha preguntado a las 17 comunidades autónomas y solo Andalucía y Madrid tienen más proyectos privados en marcha. La pasada primavera, antes del decreto, Galicia aprobó la Universidad Intercontinental de la Empresa, propiedad de Abanca, el banco nacido de las cenizas de las cajas de ahorros gallegas, que tendrá que hacer importantes esfuerzos de financiación estos cinco años. El ministerio calculaba el pasado año que una decena de universidades ya en funcionamiento tendían serios problemas para seguir, pero la lista, sin duda, se agrandará.

El siguiente escollo del ministerio es que quien tendría que cerrar en cinco años los campus que cuenten con escasos medios son los mismos ejecutivos autonómicos ―si no ha cambiado el partido en el poder― que dieron antes su bendición. La clausura sería gradual ―ningún universitario se quedaría colgado― pero es una medida polémica, aunque Universidades insiste: “El ministerio está y estará en contra de todos aquellos proyectos que no se ajusten a la ley”.

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