En una década, entre 2008 y 2018, las universidades públicas españolas perdieron el 20% de su financiación y aunque la inversión está creciendo, todavía no alcanza los niveles previos a los recortes, lastrando las políticas que tratan de poner en marcha los rectores, porque el gasto en personal cada vez deja menos margen para nada más. Este capítulo ha pasado de suponer el 60,76% del total del presupuesto ejecutado en 2012 al 68,69% en 2020, el último año del que hay datos. La antigüedad de las plantillas, el aumento de profesorado, y los premios a la producción científica o de transferencia de conocimientos provocan unos incrementos que van mucho más rápido que la recuperación de la inversión pública en las universidades.

“Es un problemón, porque las universidades no tienen otra fuente de ingresos posible”, explica Carmen Pérez Esparrells, profesora del departamento de Economía y Hacienda en la Autónoma de Madrid. “La financiación privada, la de las familias, viene regulada por los precios públicos de matrícula de las comunidades. Y el exministro [Manuel Castells] topó los precios”. El Ministerio de Universidades pactó con los grupos parlamentarios volver a las cuantías de 2012, antes del gran encarecimiento que siguió al conocido como tasazo de José Ignacio Wert (eliminó los límites de subidas interanuales y reclamó que las cuantías de las matrículas se acercaran más al coste real de los estudios). Los gobiernos autonómicos han compensado a las universidades por este dinero que han dejado de percibir en las matrículas y se escudan en ese dato para decir que han subido la financiación, cuando de facto los ingresos totales son los mismos, cambia su vía de entrada. “El problema es que ahora mismo el sistema universitario no sabe de dónde captar financiación. El mecenazgo es un sector que está muy saturado, porque en época de crisis social la gente prefiere dar dinero a una ONG. Y, además, no hay cultura. No hay oficinas potentes de fundraising [captación de recursos]”, añade Pérez Esparrells.

Las diferencias entre campus son grandes: así, mientras en la Universidad del País Vasco ―con un presupuesto muy desahogado, que no se resiente―, el personal supone el 80,3% del gasto, en la Miguel Hernández y en la Pompeu Fabra, instituciones mucho más jóvenes, el porcentaje es mucho menor: es el 57% y el 58%, respectivamente.

Ignacio Villaverde, rector de la Universidad de Oviedo, explica que su institución hace los presupuestos descontando el gasto en personal, pero luego se acumulan los extras no previstos: “En el actual contexto de emergencia energética y de inflación, el alza de los precios de la energía y la subida de los salarios públicos nos obliga a hacer ajustes de cara a los presupuestos de 2022″. Según los datos del Ministerio de Universidades, en 2020 el gasto en personal supuso el 75,5% del conjunto de su presupuesto. Para 2022 está previsto el 69,4%. Oviedo, como otros campus, está negociando con el Gobierno asturiano un acuerdo a 10 años. “La negociación está muy avanzada. El planteamiento del acuerdo es que cubra la financiación estructural de la universidad, propiciando la liberación de recursos para otras finalidades como investigación e infraestructuras”, detalla el rector.

En la Universidad de La Laguna, en Tenerife, saben desde hace mucho lo que es estar asfixiados por los sueldos. Suponían el 73,5% de los gastos en 2012 y el 75,2% en 2020. “Lógicamente, los complementos retributivos del profesorado crecen a medida que van investigando y acreditándose a profesor titular, a catedrático… Y eso incrementa el coste”, explica Juan Manuel Plasencia, su gerente. “Pero creo que es más importante lo que contempla la Ley de Presupuestos Generales del Estado: una subida de la masa salarial de un 6% entre 2022 y 2023. Eso a nosotros nos supone un sobrecoste de entre seis millones y medio, siete”. Por eso, ahora renegocian con el Gobierno canario una nueva partida.

La solución no es otra que más dinero. “Necesitamos volver a la financiación prevista para 2013. Este año el presupuesto para las dos universidades [canarias] es de 244 millones. El de 2013 era de 301 millones, hay ahora 60 millones menos. Y eso sin contar la inflación que ha habido estos años, el incremento retributivo…”, explica el gerente canario. “Yo hablo con otros gerentes y estamos todos igual”. En La Laguna, el gasto energético va a subir dos millones, pero no tienen que encender la calefacción. El Gobierno canario no les indica en qué tienen que gastar la partida y ante los sobrecostes tienen que “detraer de todo lo que no sea estructural, que son las nóminas, los contratos de seguridad, limpieza, agua, luz. Y lo que resta es política universitaria: becas, parte de la investigación, asistencia al alumnado y al personal”.

En 2011, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se decretó que solo se relevaría a un 30% de los profesores jubilados; con el PP entre 2012 y 2014 se bajó al 10% y se elevó al 50% en 2015 y 2016. Desde 2017 se releva a todos. Ese vacío de contrataciones durante seis años se cubrió con docentes precarios que poco a poco están ingresando en las facultades con mejores sueldos y estables, engordando así el gasto en plantilla. Este enorme bache generacional ha provocado un aumento de la plantilla de los 40 años en 2021 a 45,4 en 2020. Este año por cada 10 profesores que se jubilan entran 12, pero los rectores quieren terminar con la tasa forzosa de jubilación. “La única restricción que debería haber es la presupuestaria de cada universidad”, sostuvo el presidente de la conferencia de rectores (CRUE), Juan Romo, en el Congreso el pasado septiembre.

Además, los investigadores suman cada tres años un complemento de antigüedad (trienios) que agranda su sueldo. Parte de los científicos mayores ―que lograron ser profesores titulares o catedráticos cuando no había la competencia actual―apenas investigan porque ya subieron y renuncian a ganar un extra. Pero las nuevas hornadas de investigadores están obligadas a lograr unos complementos salariales (unos 100 euros) que reconozcan su actividad científica para progresar en el escalafón. Eso explica que el 23% de los docentes mayores de 60 años no han logrado un sexenio que reconozca su ciencia, frente al 7,3% de los comprendidos entre los 40 y 49 años.

Desde 2018 hay un sexenio de transferencia de conocimiento e innovación que reconoce en el salario a quienes difundan lo que investigan, no solo con valor científico y económico (patentes o licencias), sino mediante servicios a la comunidad con valor social (artículos de divulgación o convenios con ONG). Además, la agencia nacional de evaluación Aneca trabaja en un sexenio docente que remunera la calidad del investigador en clase. Todo es un suma y sigue presupuestario, aunque pocos discuten la necesidad de incentivos.

Para que la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) se ponga en marcha es fundamental que se impliquen las comunidades autónomas, que aportan el 88% del los fondos. La norma prevé la contratación masiva de falsos profesores asociados sin otra ocupación ―si son doctores―, 25.000 verdaderos asociados tendrán contrato indefinido a tiempo parcial o se estabilizará a los jóvenes investigadores a los 10 años de empezar la tesis. Y para todos esos contratos se necesitan fondos. El Ministerio de Universidades se ha comprometido a negociar con las autonomías la fórmula para llegar a invertir un 1% del Producto Interior Bruto en universidad en 2030.

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