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Existe, además, la generalizada percepción de que estamos frente a nuevos tipos de violencia en cuanto a su agresividad, diversidad, intensidad, complejidad y organización. De hecho, por primera vez ha empezado a emplearse regularmente la designación «crimen organizado» por las autoridades y medios de comunicación. Se habla de narcotraficantes, mafias, bandas, pandillas, grupos, trata de personas, tráfico de migrantes; en fin, asociaciones ilícitas cuyas formas de acción son múltiples, así como también la variedad de delitos que cometen.

Entre estos el más usual es, precisamente, el delito de asociación ilícita, cuya pena oscila entre 61 días y veinte años de prisión.  Otros delitos vinculados son: lavado de dinero, tráfico de drogas, tráfico de armas, trata de personas, secuestro y sustracción de menores, violación de la Ley de Mercado de Valores, terrorismo, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico ilícito de migrantes, corrupción pública, colocación de artefactos explosivos, incendio terrorista, trata para fines de trabajo forzado, esclavitud, servidumbre o prácticas análogas.

Según señala un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional de julio pasado, relativo a la regulación nacional sobre crimen organizado, hay asimismo un número creciente de organismos que buscan abordar este fenómeno y varias iniciativas de ley relacionadas con él.

En breve, nos encontramos ante un nuevo mapa de la violencia con su distintiva topografía delictiva, distribución territorial (macro zonas norte, centro y sur) y coordenadas legislativo-burocráticas. Y, a su alrededor, un creciente círculo de interés mediático, académico y de experticia, todo lo cual da cuenta de transformaciones de la sociedad y la cultura a nivel nacional y global.

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Dentro de ese nuevo mapa, nos interesa aquí un ámbito específico y delimitado del cuadro de violencias que allí emerge. En particular, la violencia escolar y, dentro de ella, aquella generada en el espacio de los liceos emblemáticos de la Región Metropolitana. Ambas han estado fuertemente presentes en la agenda noticiosa durante las últimas semanas y, también, en el debate público en cuanto a sus motivaciones, causas, dinámicas e impactos.

Una cartilla del Mineduc sobre Política Nacional de Convivencia Escolar (2019), define la violencia escolar de la siguiente manera: “fenómeno relacional, cultural y multicausal. Se trata de aquellos modos de relación que se caracterizan por el uso ilegítimo de la fuerza y el poder, y que tienen como consecuencia el daño a la otra persona, a nivel físico o psicológico”.

En particular, se considera violencia escolar a una variedad de conductas: agresividad; agresiones físicas (sin o con armas de cualquier tipo); violencia psicológica o emocional (cuando se repite da lugar a un modo de relación específico que ha sido definido como acoso o bullying); violencia social (como rumores malintencionados, revelar secretos o aspectos de la vida íntima de las personas, aislar a un miembro del grupo, hablar mal de otras personas que, si es recurrente, puede convertirse en una situación de acoso); violencia contra la infraestructura o los espacios escolares; acoso escolar (conocido también como bullying o matonaje, agresión y hostigamiento reiterado, ya sea por medios tecnológicos o por cualquier otro medio); ciberacoso, conocido también como ciberbullying (incluye conductas de violencia sicológica, social, agresiones, amenazas, insultos, suplantación de identidad, difusión de material denigrante para la víctima o exclusión en línea).

Siguiendo estos enfoques, la Dirección de Estudios de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) realizó a fines de marzo pasado un sondeo de opinión a padres, madres, y/o apoderados sobre violencia escolar en Chile. Les consultó si consideran que la violencia escolar es un problema a nivel nacional y en los establecimientos donde son apoderados(as); también si sus hijos/as han presenciado actos de violencia o han sido víctima de ésta; cómo evalúan la gestión del establecimiento educacional, y cuál creen que es el principal actor que debe involucrarse para prevenir que niños, niñas y adolescentes desarrollen conductas de acoso y violencia hacia otros compañeros y compañeras del colegio.

La encuesta se aplicó en 146 de las 346 comunas del país a padres de estudiantes de la enseñanza básica y media, un 46,6% perteneciente a establecimientos municipales, un 45,2% a establecimientos subvencionados, un 7,7% a  privados y un 0,5% a Servicios Locales de Educación.

Los resultados son de masiva preocupación. Un 97% considera que la violencia escolar en Chile es un problema muy grave o grave. Consultados respecto a la violencia escolar al interior del establecimiento donde ellos son apoderados/as un 57% la considera un problema muy grave o grave. Un 52% indica que la gestión del establecimiento educacional para abordar la violencia escolar hacia el estudiante que representan fue mala o muy mala. Finalmente, un 71% opina que el principal actor que se debe involucrar para la prevención de actos de violencia escolar son las familias; un 12,3% indica la sociedad en su conjunto; un 10% los medios de comunicación y redes sociales; un 4% el grupo de amigos o pares; un 2% los colegios y un 1% no sabe o no responde.

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Dentro del contexto de violencia escolar, sin duda, los hechos más llamativos y de mayor repercusión pública tienen que ver con el comportamiento de estudiantes de liceos emblemáticos que participan en actos de violencia de alta intensidad. Estos consisten, por una parte, en manifestaciones de protesta desde los colegios «hacia afuera», con interrupciones del tránsito, enfrentamientos con carabineros, barricadas de fuego, lanzamiento de bombas molotov, destrucción de señalética pública, quema de buses luego de bajar al conductor y pasajeros, asalto a edificios vecinos, etc. Por otra parte, consisten en conductas de agresión «hacia dentro» del establecimiento, tales como interrupciones reiteradas de clases, disputas entre estudiantes, amenazas a docentes y directivos, destrucción de infraestructura y mobiliario del colegio, intento de prender fuego a oficinas y equipos, fabricación y acopio de bombas dentro del colegio, etc.

En estos actos participan en primera línea estudiantes de los mismos liceos (y en ocasiones ex alumnos del colegio, alumnos de otros liceos y adultos desconocidos) que, encapuchados y vestidos con overoles blancos, encabezan las acciones violentas, junto a uno o más círculos  de manifestantes que a rostro cubierto o descubierto toman parte en, o acompañan a, las acciones callejeras. Además, en ocasiones se involucran formal o informalmente padres y apoderados, ya sea individualmente o bien a través de sus organismos representativos. Adicionalmente, según alegan otros y a veces repiten los medios, pero sin antecedentes verificables, participarían también adultos externos, quizá ligados, se dice, a grupos políticos antisistema.

Al respecto, frente a manifestaciones de violencia estudiantil ocurridas a comienzo de octubre pasado, la Defensora de la Niñez declaraba a la prensa que el derecho a estudiar de niños y adolescentes “no puede estar secuestrado por un grupo que cree que a través de la delincuencia puede lograr objetivos que ni siquiera sabemos cuáles son”. Y agregaba en esa ocasión: “Es inaudito que [el recinto de] una división de Ejército en este país haya vivido 67 atentados, 31 de ellos denunciados a las entidades responsables y que hasta la fecha no conozcamos a nadie que haya sido formalizado por esa situación”.

Las demandas esgrimidas por los estudiantes para justificar sus actuaciones pasan a un completo segundo plano y pierden peso frente a la inusitada violencia que supuestamente las respaldaría. Así, por ejemplo, la semana pasada, los actos de violencia estudiantil eran acompañados por un petitorio que levantaba tres grandes puntos según un reportaje de prensa, los “que van desde la alimentación, por la mala calidad en la que se nos entregan los platos (…), el tema de la infraestructura, ya que el internado se quedó durante los dos años de pandemia en total abandono, donde se produjeron robos (…) y otro tema por el que nos hemos levantado, es el punto fijo de carabineros a las afueras de nuestro internado”. En otro de los liceos tomados, “los estudiantes reclaman que existe una ‘persecución política’ en contra de algunos alumnos al interior del establecimiento. Además exigen un plan de educación no sexista y la creación de protocolos eficaces que ‘prevengan y sepan mediar con casos abusivos’. La toma de este establecimiento se extiende desde la semana pasada, y en varias ocasiones se han registrado manifestaciones a las afueras del recinto lo que ha provocado el enfrentamiento de los alumnos con carabineros, generando cortes de tránsito. A estas movilizaciones se ha sumado el ‘centro general de padres y apoderados’ [que] por redes sociales comunicó ‘apoyar el petitorio por las condiciones mínimas’ solicitadas por los estudiantes”.

En ningún caso de estas demandas se entiende que ellas requieran ser respaldadas por actos de violencia que, además, usualmente dañan a los propios establecimientos físicamente, en convivencia interna y reputación exterior.

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Vamos ahora al meollo de estos apuntes. Consiste en una somera revisión de los factores que necesitarían ser considerados para un análisis de las razones y dinámicas de la violencia en los liceos emblemáticos de la Región Metropolitana.

Elegimos como principal exponente de aquellos al Instituto Nacional General José Miguel Carrera, el más antiguo y brillante faro de la educación pública del país a lo largo de dos siglos.

Las faltas gravísimas en que pueden incurrir los estudiantes de este liceo, de acuerdo al Reglamento Interno de Convivencia Escolar, dan una primera idea de la latitud con que la violencia escolar amenaza allí esta convivencia. Algunas conductas que pueden recibir las máximas sanciones son las siguientes:

• Impedir el flujo libre de personas en cualquier acceso del colegio ya sea imponiéndose físicamente a que se puedan abrir o cerrar puertas según la necesidad de las autoridades o poniendo candados, cadenas u otros objetos que obstaculicen la salida y entrada al colegio o acceso a los distintos sectores del Liceo.
• Portar sin autorización u ocultar elementos que permitan esconder la identidad (pelucas, pasamontañas, máscaras, máscaras antigases, overoles, etc.)
• Provocar cortocircuitos o cortar el suplemento de energía eléctrica.
• Elaborar, instalar, ocultar, portar elementos que permitan la elaboración de bombas que contengan cualquier tipo de líquidos incluyendo pintura, de ruido, de humo y/o incendiarias en dependencias del establecimiento.
• Cometer acciones que constituyan delito (robos, tráfico de drogas, suplantación de identidad, abuso sexual, utilizar, portar u ocultar en cualquier dependencia del establecimiento objetos considerados armas, lanzar artefactos incendiarios, tenencia de cualquier objeto considerado arma, entre otros).
• Hurtar o vaciar extintores.
• Agredir, con gestos obscenos o verbalmente, con groserías, con escupos, apodos o insultos a cualquier miembro de la comunidad escolar sin importar el contexto, de manera personal o a través de correo electrónico, sitios web, WhatsApp o redes sociales.
• Practicar matonaje (bullying y o ciberbullying) escolar a otros estudiantes (intimidar, amenazar, etc.).

No parecen escasear conductas constitutivas de este tipo de faltas gravísimas. De hecho, entre las noticias destacadas en la página web del Instituto (visitada el domingo 6 de noviembre) se registran dos situaciones ocurridas durante los últimos 30 días.

1.  Un comunicado del colegio del 27 de octubre pasado informa a la comunidad institutana: “Antes del inicio de la jornada escolar de la mañana, en la esquina de calle Arturo Prat con Alameda Libertador Bernardo O’Higgins fueron detenidos dos estudiantes del Instituto Nacional por porte ilegal de artefactos incendiarios del tipo Bomba Molotov, esta detención es producto de controles preventivos establecidos en el perímetro del establecimiento por las autoridades respectivas. Una vez iniciada la jornada, al interior del colegio, y producto de un conato de incendio la totalidad de los estudiantes de la mañana fueron despachados sin lograr identificar a los responsables, y sin detenidos por el hecho”.
2. Un siguiente comunicado de la dirección del establecimiento en conjunto con su consejo académico declara lo siguiente:  “El día viernes 14 de octubre [pasado] se viraliza por redes sociales una FUNA, desde el perfil de Instagram “difusion.in”, hacia un profesor del establecimiento, esta acción genera una total vulneración del derecho a trabajar en un ambiente seguro y tranquilo. Como Dirección del establecimiento, rechazamos toda práctica ofensiva, amenaza directa o anónima que ataque la dignidad personal de cualquier funcionario/a del establecimiento. Toda la comunidad es actualmente víctima de la violencia y agresiones de parte de encapuchados. Estas personas interrumpen permanentemente la continuidad de los procesos de enseñanza/ aprendizaje de los/las estudiantes y, por lo tanto, con respaldo de la Dirección de Educación Municipal, se ha recurrido a implementar la modalidad de clases híbrida o 100% virtual para dar continuidad a las clases”.

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¿Cómo explicar que el Instituto, con su solidez histórica y antigua legitimidad y prestigio, haya llegado a convertirse en «modelo» de una comunidad escolar en quiebra, luego de haber representado la mejor educación pública del país por casi dos siglos?

Por cierto, no es este el lugar para levantar y desenvolver una tesis académica sobre este asunto. Pero sí puede plantearse la hipótesis de que tan lamentable estado obedece a una crisis «multi factorial», como suele pregonarse en «programas de opinión» de la TV y columnas de prensa. O, más bien, cabría hablar de una «policrisis» institucional -tomando prestado este término del historiador económico Adam Tooze– que sirve para explicar el estado actual de los liceos emblemáticos de la Región Metropolitana, el Instituto Nacional en especial, como resultado de un conjunto de procesos de cambio negativo que, además, interactúan entre sí, produciendo todavía mayores efectos e impactos que cada uno por separado.

• En lo inmediato, un visible deterioro de todos los parámetros que constituyen un colegio altamente efectivo, entre ellos, rotativa de líderes y directivos del colegio, cada vez más inestables y fugaces, junto con profesores agobiados por la falta de orden y el decaimiento del clima del liceo.
• Todavía, en lo inmediato, interrupción continua de clases desde hace ya varios años y pérdida de disciplina y cohesión interna, junto con el desplome de las líneas de autoridad y la desaparición de las jerarquías propias de una organización educativa.
• Adicionalmente, divisiones internas dentro de la comunidad de padres y apoderados que se enfrentan entre sí, con escasa posibilidad de retroalimentar positivamente a los directivos y profesores.
• Un sostenedor administrativo (la Municipalidad de Santiago) inhábil, incapaz siquiera de atender a las necesidades de infraestructura de los centros educativos, y que tampoco cuenta con el necesario personal profesional y técnico para ejercer su función y desarrollar una visión estratégica para el desarrollo del colegio.
• Pérdida del sentido de identidad de la comunidad que, de ser parte del colegio más admirado del país, ha pasado a ser el ejemplo de un fracaso; una verdadera ruina simbólica.
• Pérdida relativamente abrupta del apoyo estatal/ministerial/municipal y de los sectores laico-progresistas que por casi dos siglos fueron un soporte vital para el colegio, fuente de su poder, influencia, legitimidad y reputación.
• Visible caída de la atracción de estos liceos entre las familias de sectores medios y populares motivadas por el deseo de que sus hijos ingresen a carreras de prestigio en la educación superior más selectiva y obtengan reconocimiento por sus méritos a través de movilidad social ascendente.
• Gradual sometimiento de estos colegios a «minorías activas» de estudiantes practicantes de la violencia. Al comienzo dichas minorías encabezaban el movimiento estudiantil de la enseñanza secundaria de la capital. Al contrario, ahora actúan con total prescindencia de aquel y con métodos cada vez más violentos de acción. Ante la opinión pública aparecen, más bien, como minorías anárquicas, nihilistas, anómicas y antisistémicas.

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Sin duda, el anterior listado mira ante todo a los liceos emblemáticos, el Instituto Nacional en especial, y a su entorno interno; o sea, sus condiciones -en proceso de franco deterioro- de gobierno, gestión y efectividad pedagógica. Para completar el cuadro, habría que complementarlo con los factores del entorno externo, los cuales también tienen un peso decisivo en la situación de violencia escolar en el país. Ahí cabría revisar al menos cuatro órdenes de factores.

Primero, los efectos desestabilizadores generados por la pandemia del Covid-19 sobre el ánimo individual y colectivo de las comunidades escolares, tanto en las dimensiones cognitivas como socio-emocionales y, sobre todo, en los hábitos de los estudiantes y sus patrones de comportamiento.

Segundo, en perspectiva más larga, la lenta desaparición, disolución o transformación de las instituciones-ancla que sostienen el desarrollo de las nuevas generaciones; léase la familia, el colegio, las comunidades locales y los «grandes relatos». Éstas son sustituidas por las nuevas realidades, metas y valores de una sociedad líquida, posmoderna, de «riesgos manufacturados», consumo masivo, del espectáculo y de redención individual.

Tercero, vinculado con lo anterior, las transformaciones que experimenta la cultura juvenil, las que suelen ser leídas desde dos puntos de vista opuestos.

Por un lado, desde la perspectiva de la alta cultura tradicional, son interpretadas  como una transmutación de valores y su reemplazo por una nueva barbarie. “Nuestra población y, en particular, nuestra juventud”, dice un pasaje representativo de esta perspectiva, “carece del lenguaje suficiente como para narrar y narrarse su propia historia y alcanzar a través de ella una identidad sólida. Desprendidos de los vínculos con el pasado, sin ideales que los proyecten al futuro y carentes de un lenguaje que les permita reflexionar sobre sus responsabilidades y sobre la eticidad de sus acciones, nuestros jóvenes se buscan inútilmente a sí mismos a través de sucedáneos como los tatuajes, los piercings, el alcohol y las drogas, o de manifestaciones de extrema violencia contra el orden establecido, como ha ocurrido en Chile en estas últimas semanas” (Dörr, 2019).

Por otro lado, desde la perspectiva de una sensibilidad sociológica que busca recuperar las potencias de la nueva cultura juvenil, se observa que “sus adscripciones identitarias políticas ya no se conectan necesariamente con las estructuras partidarias tradicionales, sino con una estructura de vida que posibilita las construcciones de identidades que se constituyen en banderas de participación y lucha política, como lo manifiestan, por ejemplo, los/el: animalista, movimiento gay/lésbico/trans, veganismo, ciclistas furiosos, conservacionista/ambientalista, la reciente marea feminista del 2018 en Chile impulsada -intergeneracionalmente- por estudiantes universitarias auto-convocadas, por fuera de las orgánicas políticas y sectoriales tradicionales, entre otros (Zarzuri y Ganter, 2018).

Cuarto, la cuestión de la autoridad ausente que recorre como un hilo invisible el panorama de la violencia, pues sin aquella ésta se halla siempre pronta a desbordarse.

Tómese el ejemplo del profesor y de otras autoridades morales que parecen brillar por ausencia. Según una reciente encuesta nacional del Núcleo Milenio en Autoridad y Asimetrías de Poder (NUMAAP), aplicada en 2021 y que buscaba indagar sobre la percepción que las y los chilenos poseen sobre la autoridad en sus vidas cotidianas, los niveles de identificación de la autoridad con figuras morales son extraordinariamente bajas. Tal identificación de autoridad con figuras religiosas como Dios, la Iglesia o sus representantes es declarada por 2% de los encuestados. Lo mismo ocurre en el caso de los/as profesores; sólo 3% la menciona como expresivas de una figura de autoridad (NUMAAP, 2021). Esta doble retractación de Iglesia y escuela -según algunos, representaciones simbólico-institucionales del padre y la ley- abre las puertas a la violencia y esta se instala ahora último, incluso, dentro y en los alrededores de las escuelas.

A propósito de fenómenos similares, Massimo Recalcati, director del Instituto de Investigación en Psicoanálisis Aplicado, profesor en la Universidad de Pavía y connotado intelectual del campo educacional, escribe sobre la autoridad escolar:

“Bien lo sabía Freud cuando sostenía que sólo la cultura podía defender a la Civilización del impulso hacia la destrucción animada por la pulsión de muerte. La Escuela contribuye a la existencia del mundo, porque la enseñanza, en particular la que acompaña el crecimiento (la llamada «educación obligatoria») no se mide por la suma nocional de la información que dispensa, sino por su capacidad de poner a nuestra disposición la cultura como un nuevo mundo, un mundo diferente a aquel del que se alimenta el vínculo familiar. […] Si todo empuja a nuestros jóvenes hacia la ausencia de mundo, hacia el retiro autista, hacia el cultivo de mundos aislados (tecnológicos, virtuales, sintomáticos), la Escuela sigue siendo lo que salvaguarda lo humano, el encuentro, los intercambios, las amistades, los descubrimientos intelectuales, el eros”.

*José Joaquín Brunner es académico UDP y ex ministro.