Es probable que solo durante los días del estallido social del 18-O, y en las semanas posteriores, la violencia social haya acaparado tanta atención como ocurre actualmente, aunque entonces lo hizo de manera más intensa y dramática.

1

De hecho, hace rato ya que la (in)seguridad es el principal problema según la percepción de la opinión pública encuestada. La prensa, las pantallas de TV y las redes sociales informan y comentan cotidianamente sobre hechos de violencia en las calles, poblaciones, ciertas zonas urbanas o rurales, hogares, espectáculos masivos, fiestas y ciertos aniversarios, prisiones, colegios (ya se habla normalmente de ‘violencia escolar’, ‘violencia estudiantil’ y de su ‘primera línea’, los ‘mamelucos blancos’), en los estadios (‘barras bravas’), barricadas, ataques a comisarías y regimientos, quema de camiones y maquinaria (macro zona sur) e incendio de buses del transporte público (Región Metropolitana), y en ‘encerronas’, ‘portonazos’ y ‘abordazos’ (robos violentos de vehículos).

Tan omnipresente se ha vuelto la violencia que, luego de incidentes en Rancagua, Cañete y La Serena, donde bomberos fueron atacados o quedaron atrapados entre las balas de bandas enemigas al concurrir a apagar incendios, sus jefes acaban de comunicar que adquirirán chalecos y cascos antibalas para que el personal pueda protegerse y cumplir sus labores. Esto se llama “huir del fuego para caer en las brasas”.

De esta manera, ante los ojos despabilados de la ‘ciudadanía del miedo’, emerge un nuevo escenario de la violencia y el delito, con renovados actores y paisajes, una peculiar geografía de territorios y zonas ocupadas, y el empleo—por parte de los medios de comunicación—de un lenguaje que busca adaptarse a la novedad de los sucesos violentos.

Una abundante ‘numerología’ (esto es, “práctica supuestamente adivinatoria a través de los números”) acompaña a esa nueva escena y busca dimensionar el fenómeno, a los perpetradores, las víctimas y sus miedos, y anticipar sus posibles evoluciones. Veamos algunos ejemplos.

Según reporta el Ministerio del Interior, desde enero de 2022 hasta el 31 de agosto pasado, la Policía de Investigaciones (PDI) registró 613 víctimas de homicidios, un 32% más que en el mismo período del año pasado. Asimismo, esta cifra representa el 98% del total de 2019 y un 78% del 2020. Al respecto, según declara el director de la Fundación Paz Ciudadana, si bien la tasa de homicidios es inferior a la de muchos países de América Latina, sin embargo es más alta que la de toda Europa y Oceanía. Además, agrega, hace siete u ocho años, en la mayoría de los casos (70%) existía un imputado conocido, mientras que en la actualidad solo cuatro de cada diez homicidios lo tienen, lo cual tendría que ver con que ahora los delitos son premeditados, ajustes de cuentas, sicariatos u otros que escalan en violencia y se transforman en homicidio.

A su turno, según informa otro medio, las ‘zonas ocupadas’ de la Región Metropolitana se duplicaron entre 2009 y 2020, pasando de 80 a 174, con un aumento de la población involucrada de 660 mil personas a más de 1.012.000. “Sus residentes han normalizado la violencia narco y el abandono policial. Se han acostumbrado a convivir con cuatro situaciones que a inicios de la última década aún consideraban graves y extraordinarias: las balaceras, el comercio y consumo de drogas a toda hora, la presencia de vigilantes armados del negocio ilícito (los ‘soldados’) y la nula respuesta de la policía”. En cuanto a los temidos ‘portonazos’, ‘encerronas’ y ‘abordazos’ suman prácticamente 6 mil entre enero y julio del presente año, un aumento de 110% con respecto al mismo periodo de 2021.

Ante la situación de inseguridad a la que está expuesta la gente a propósito de estos nuevos escenarios de la violencia social, las alarmas parecen encenderse también en las apreciaciones de autoridades y especialistas.

Así, por ejemplo, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, decía en abril pasado que el país vive «el peor momento en seguridad desde el retorno a la democracia». La ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, declaraba hace unos días que “el Estado de derecho está puesto en jaque desde el punto de vista de la criminalidad”. El propio presidente Boric reconoce que “hay un trauma en los partidos de izquierda al hablar de seguridad (…) Solamente hablamos de la raíz del problema, pero cuando la cifra de homicidios está creciendo, también quieres una respuesta ahora. Tenemos que ser capaces de entregar respuestas».

Por su lado, Alejandra Luneke, investigadora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), declara a la agencia EFE: “hay un mayor nivel de organización de bandas asociadas no solo al narcotráfico, sino también a delitos comunes con uso de violencia y fuerza física”. Y manifiesta preocupación por la “baja capacidad de la policía para hacerse cargo de este tipo de delitos”.

Según Alejandra Mohor, académica del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, el deterioro de las condiciones económicas y sociales en sectores vulnerables genera condiciones para la expansión del control territorial de las organizaciones criminales. Dice: “lo hacen a través de la creación de mercados y economías ilegales que generan empleo, atención e ingresos a las familias y logran instalarse como un poder paralelo”. A esto se sumaría el hecho que “la globalización del crimen y los intereses económicos de las organizaciones parecen contribuir al ingreso regular o irregular de personas que vendrían específicamente a cometer delitos, lo que no significa en ningún caso que las personas que llegan a nuestro país vengan a eso, es solo una pequeña parte”. En fin, concluye Mohor, “no estamos a un paso de convertirnos en un país poblado por maras y crimen organizado, pero no podemos desmerecer que el riesgo está ahí”.

En suma, tenemos un cuadro de creciente tensión, complejidad y preocupación en torno a la violencia social que comprende también una creciente variedad de manifestaciones, motivaciones y explicaciones.

2

Si bien la preocupación por la violencia social y sus efectos alcanza un nivel superior en estos días de primavera—octubre es ahora el mes más cruel—, ella acompaña a la especie humana desde sus orígenes, como quedó registrado en el asesinato fratricida de Abel a manos de Caín. La iconografía cristiana ha dejado una larga huella de este acto (¿acaso soy yo el guardián de mi hermano?), acto que subyace en la metáfora del precario ‘balance hobbesiano’, donde la violencia agresiva natural de los humanos es contrarrestada por la violencia legítima del Estado y, más ampliamente—como veremos en seguida con la guía de Freud—por la fuerza simbólica de la cultura, sus instituciones y costumbres.

Efectivamente, según escribe el jurista Carl Schmitt (1938) (tan en boga actualmente entre nuestros ‘profetas de cátedra’), Hobbes tenía la idea de que en el estado de naturaleza, el hombre era el lobo del hombre, homo homini lupus, y todos vivían poseídos por el miedo, hasta que delante y por encima de ellos aparece como un dios el Leviatán, la máquina del Estado que logra imponer un orden por la fuerza de la coacción y la razón. En efecto, escribe Schmitt, “los que se hacen la guerra todos contra todos en el estado de Naturaleza no son, afortunadamente, ‘verdaderos’ lobos, sino lobos dotados de razón. Es aquí donde la construcción hobbesiana del Estado muestra todavía hoy su carácter moderno”.

Freud, por su lado, igual que Hobbes, reconoce al hombre como el lobo de su prójimo, en su clásica obra El Malestar de la Cultura (1930). En un famoso pasaje descubre allí “la verdad oculta tras de todo esto, que negaríamos de buen grado”, cual es, que “el hombre no es una criatura tierna y necesitada de amor, que sólo osaría defenderse si se le atacara, sino, por el contrario, un ser entre cuyas disposiciones instintivas también debe incluirse una buena porción de agresividad”, la que en ocasiones usa contra su hermano “para satisfacer en él su agresividad, para explotar su capacidad de trabajo sin retribuirla, para aprovecharlo sexualmente sin su consentimiento, para apoderarse de sus bienes, para humillarlo, para ocasionarle sufrimientos, martirizarlo y matarlo”. Y remata con la misma invocación de Hobbes: “Homo homini lupus: ¿quién se atrevería a refutar este refrán”, pregunta, “después de todas las experiencias de la vida y de la Historia?”.

3

Volvamos a donde partimos; esto es, a la activa y diversificada expansión de la violencia social en la sociedad chilena. En su sentido más profundo, alejado por tanto del análisis de la coyuntura local y de los remedios de la ‘mano dura’ o de la ‘mano tendida’, lo que el cuadro actual parece indicar es un creciente desequilibrio del ‘balance hobbesiano y freudiano’ entre violencia social agresiva y su control por medio del ejercicio de la fuerza legítima en manos del Estado y la interiorización de las  normas propias de la cultura y la civilización.

Como resultado, aumentan los actos violentos—de la más variada naturaleza, como vimos—perpetrados por individuos y grupos organizados (armados o no) que confrontan la autoridad del Estado y su uso legítimo de la fuerza y, más en general, prescinden de cualquier norma y se apartan del ordenado tráfico humano regido por convenciones, tradiciones, valores comunes, expectativas; en fin, una cultura compartida.

Técnicamente, en el campo de la sociología, algunos hablan de anomia institucional para referirse a este estado de cosas. Según esta visión, para poder funcionar, las sociedades democráticas complejas, altamente diferenciadas, pluralistas, con intereses y poderes en permanente conflicto, requieren un orden normativo institucional compartido; de lo contrario se vuelven cada vez más violentas. Es decir, requieren un Estado que haga valer el imperio de la ley y la policía, en la tradición de Hobbes, pero más importantemente, un orden cultural e institucional que, en la tradición de Freud, someta la natural agresividad de los individuos y los grupos humanos al autocontrol internalizado por las normas de una cultura común.

Luego, lo que ocurre en Chile en estos días—la violencia suelta por las calles—necesita abordarse tanto en el plano estatal de la ley, la policía, la vigilancia, los tribunales, la represión legal y las sanciones como también en el plano más fundamental y de largo aliento de las normas sociales, la socialización familiar, el autocontrol de la agresividad, la educación y la comunicación. Dicho en otras palabras, hay que restablecer el esencial equilibrio hobbesiano-freudiano, que consiste, si se pudiera decir así, tanto en la efectividad del mandato externo de la ley del Leviatán como en el desarrollo interior de una ética de sublimación de la agresividad y de integración social normada.

Ambas tareas son imprescindibles; cada una representa desafíos de enorme complejidad. Según dice Joaquín Villalobos, ex guerrillero y experto latinoamericano en seguridad, “la violencia sólo se reducirá con un gran esfuerzo en dos aspectos: el fortalecimiento y transformación profunda de las instituciones de seguridad y justicia, y un cambio de los ciudadanos con respecto al valor que tienen la ley y el orden en una sociedad democrática”.

En Chile solemos discutir más sobre el primer aspecto, el hobbesiano, seguramente por ser más inmediato y visible, por las fallas de los sistemas involucrados en la seguridad ciudadana y por la creciente presión de la ‘ciudadanía del miedo’. Sin embargo, es una ilusión creer que bastaría con la fuerza del Leviatán para poder controlar la violencia que late en las profundidades de las sociedades. Es necesaria, pero no suficiente. Sobre todo en sociedades democráticas que si niegan a sí mismas el expediente de un Leviatán dictatorial y del control absoluto sobre mentes, corazones y cuerpos.

Efectivamente, la violencia social necesita ser controlada también, y más al fondo, ‘desde dentro’ y ‘desde abajo’ de la sociedad; o sea, en la familia, la escuela, las comunidades, los territorios, los grupos de pares, la socialización de valores y comportamientos, la internalizacion de una ética de normas y reglas de civilización y ciudadanía, el saber convivir y el saber ser, el respeto por las reglas y convenciones.

Sabemos que en las sociedades contemporáneas dichos aprendizajes son extremamente difíciles de hacer puesto que las propias instituciones llamadas a facilitarlos y estimularlos y orientarlos y conducirlos se hallan, precisamente, en crisis y no logran frecuentemente ordenarse a sí mismas, por decirlo así.

De hecho, las instituciones básicas en ese plano—familia y escuela, padres y profesores, filiación y disciplina —experimentan verdaderas mutaciones y mientras sus antiguas formas se descomponen y pierden sentido, sus nuevos arreglos y significados aún no se vislumbran. Peor aún, ellas mismas se hallan afectadas por sucesos de violencia: doméstica, intrafamiliar, contra la mujer, de pareja, en la intimidad por una parte y, por la otra, violencia escolar, bullying, acoso, estigmatizaciones, mamelucos blancos, agresión a alumnos y docentes, etc.

Algo similar ocurre con otras instituciones que juegan un papel esencial en la formación, transmisión y apropiación de las pautas culturales y civilizatorias de una época. Pienso en las iglesias, comunidades vecinales, medios de comunicación, redes sociales, culturas de clases, grupos y etnias, costumbres locales y nacionales y tantas otras figuras de la esfera cultural que experimentan sus propios procesos de debilitamiento, disolución o transformación, tornando aún más precaria las fuerzas socializatorias ‘desde dentro’ y ‘desde abajo’ de la sociedad.

En suma, el análisis y la discusión sobre la violencia social y su control constituyen cuestiones decisivas para las sociedades democráticas. En el caso de Chile, exigen hacerse cargo, simultáneamente, del debate hobbesiano sobre el Leviatán encargado de la fuerza legítima frente a los desafíos de la violencia criminal y del debate freudiano sobre las bases culturales y normativas necesarias para superar la anomia institucional.

*José Joaquín Brunner es académico UDP y ex ministro.