La senadora Yasna Provoste, autora de la iniciativa, presentó sus alcances ante el grupo parlamentario. Explicó que se quiere evitar la revocación del reconocimiento oficial, a raíz del certificado realizado por la Agencia, respecto a que el establecimiento educacional haya mantenido como único factor el grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje en la categoría de “Desempeño Insuficiente”.

Señaló que la propuesta busca volver al sentido que tiene la evaluación. “No estamos estableciendo ninguna modificación y alterando el proceso de evaluación, sino volver al sentido que tiene la evaluación para la pedagogía”, aclaró.

Provoste indicó que el sistema de aseguramiento de la calidad requiere de una revisión y una reflexión mucho más profunda. “Es un proyecto muy acotado, que no tiene que ver con la discusión mayor respecto del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad. Sino, simplemente, abordar una de los elementos que hoy día justifican esta presentación del proyecto de ley”, agregó.

Acotó que este texto lo presentó pensando en aquellos establecimientos municipales y particulares subvencionados.

Ejecutivo

En la sesión expuso el subsecretario de Educación, Nicolás Cataldo. Señaló que coinciden con el fondo de lo que se está planteando en la moción parlamentaria.

Planteó que es preciso reforzar, fortalecer e, incluso, ampliar el sistema educativo, más que de reducirlo, generando sanciones y consecuencias. “Nosotros creemos, profundamente, en un sistema de aseguramiento de la calidad que ponga en el centro los apoyos y los acompañamientos”, comentó.

La autoridad agregó que es necesario evitar las sanciones y desconfianza. También, la pérdida del reconocimiento oficial para que estos establecimientos puedan continuar con su labor educativa.

Alcances del proyecto

El texto legal tiene por objeto introducir adecuaciones en la Ley 20.529, que crea el sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y media y su fiscalización. En lo principal, elimina la posibilidad que un establecimiento educacional sea cerrado, como consecuencia exclusiva de haber sido categorizado como de “Desempeño Insuficiente”.

Además, amplía la obligación de la Agencia de Calidad de la Educación de informar el resultado de la categoría de ordenación de un establecimiento educacional. Dichos antecedentes se entregan a los padres y apoderados, así como a los consejos escolares respectivos. La idea es que esta categorización se informe a todos los establecimientos, independientemente de la categoría que haya obtenido, y ya no solo a la que obtenga la de “Desempeño Insuficiente”.

Por otro lado, el texto suprime la posibilidad que un establecimiento educacional pierda, de pleno derecho, el reconocimiento oficial al término del respectivo año escolar. Ello, con el solo mérito del certificado que la Agencia emita luego que, transcurrido 4 años, se mantenga con categoría de “Desempeño Insuficiente”. En tanto aquello sea el único factor considerado.