El martes pasado, la Cámara de Diputados despachó unánimemente el proyecto de “ley corta” sobre aranceles regulados impulsado por la Subsecretaría de Educación Superior y que había comenzado a ser tramitada por el Senado. Un minitriunfo para el gobierno, pero también para las instituciones -estatales y no estatales- adscritas a la gratuidad y a quienes, por consiguiente, se les regulan los aranceles.

En concreto, la propuesta aplaza hasta 2024 la entrada en vigencia -pactada para 2023 con observaciones de Contraloría por el gobierno anterior- de los aranceles regulados, derechos básicos de matrícula y cobros por titulación o graduación consignados en la Ley 21.091 sobre educación superior, que reza sobre las instituciones de educación superior que acceden al financiamiento institucional para la gratuidad.

“Valoro la aprobación de este proyecto, porque permitirá ampliar el diálogo en torno a la forma en que se definen los aranceles universitarios, lo que dará una mayor legitimidad al nuevo proceso”, señala Eduardo Hebel, rector de la estatal Universidad de La Frontera, quien añade que “era necesario, dado que el proceso anterior tuvo serios problemas de diseño, metodología y participación, lo que podía generar serias complicaciones a las universidades”.

Desde la no estatal U. de Concepción, el rector Carlos Saavedra, si bien señala que para todas las instituciones adscritas a la gratuidad es “urgente” la entrada en vigencia de los aranceles regulados para una adecuada planificación económica, también plantea que “para la definición de las bases técnicas se requiere incorporar un modelamiento integral que incluya todas las carreras y no solo un grupo acotado, como se hizo anteriormente”. Desde esta perspectiva, añade, “la postergación por un año -y por única vez- de la entrada en vigencia la vemos en forma positiva si es que permite resolver las deficiencias planteadas en torno al proceso anterior”.

La ley señala que el reajuste de los aranceles está asociado al IPC más un 2%, pero, según algunas instituciones, la no aplicación de este cálculo en el gobierno anterior llevó a una caída del 10% en el valor de las carreras, lo que se traducía en menores ingresos. Asimismo, los rectores han discutido que los años de acreditación no siempre muestran la diferencia de calidad en las instituciones, además de que el arancel regulado es “un juego de suma cero”, dado que hay un monto definido de recursos, y que si sube el presupuesto en una carrera baja en otra.

Por eso, las casas de estudio han insistido con la necesidad de volver a discutirlo y por eso también el respaldo a la “ley corta” del gobierno fue mayoritariamente transversal. Y es que, en general, las instituciones adscritas a la gratuidad reclaman que poco se les ha incluido en la discusión sobre fijación de aranceles y la necesidad de al menos evaluar un nuevo modelo de financiamiento.

Así, por ejemplo, algunas de ellas consideran necesario actualizar la base de cálculo de los aranceles, toda vez que los factores establecidos en la ley, recuerdan, corresponden a 2015.

“Entendemos que la revisión del modelo global de financiamiento que ha propuesto el Ministerio de Educación a través de la subsecretaría nos garantiza que esa revisión integral sobre el modelo de financiamiento y el cambio de perspectiva del voucher hacia un modelo diferente de financiamiento puede entregar mayores facilidades”, dijo, por ejemplo, Osvaldo Corrales, rector de la U. de Valparaíso y presidente del Consorcio de Universidades del Estado, el día que expuso ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados con motivo de la discusión de este aplazamiento.

Asimismo, el Mineduc justificaba la decisión de impulsar la postergación y se comprometía, según se lee en el Protocolo de Acuerdos firmado por la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa, “a constituir una mesa de trabajo con las agrupaciones de instituciones de educación superior, representantes de académicos, funcionarios y estudiantes de instituciones adscritas a la gratuidad, de tal modo de evaluar el impacto que ha tenido y los ajustes necesarios de introducir para un mejor funcionamiento de esta política, en el marco de un rediseño global del sistema de financiamiento”.