Aunque débiles, hay señales positivas de acuerdo: mínimos comunes para paliar la emergencia social, medidas de apoyo para las Pymes y un rechazo transversal frente a los intentos de rodear, desbordar y descarrilar la Convención para convertirla en una asamblea constituyente de verdad, como dice el PC. Desde el inicio de este camino pactado, el PC se opuso a una salida institucional de la crisis de gobernabilidad. Al contrario, acogió la violencia en las calles y empujó la carta del desgobierno.

Efectivamente, se ha configurado una coalición de fuerzas que, en vez de un proceso constituyente reglado como el previsto por el Acuerdo de Paz y Nueva Constitución, promueve un proceso destituyente, antinstitucional, controlado desde la calle en nombre de un programa maximalista de implantación de un nuevo (e ignoto) modelo de sociedad. Hay tras esto una vieja utopía de voltear el sistema e imponer un orden soñado.

Allí donde se ha seguido ese camino se ha terminado en una pesadilla de control panóptico de la sociedad o se ha impuesto el desorden social, desquiciado la economía y estropeado la democracia. ¿Por qué habría el país de precipitarse por una de esas dos pendientes?

La alternativa es perseverar en los acuerdos; construir sobre ellos y así crear una dinámica de convergencias. El gobierno y su coalición deben facilitarlos ya que no están en condiciones de liderarlos, junto con administrar más eficazmente la pandemia y la recuperación económica. La oposición comprometida con una renovación democrática debe asumir un rol más activo en pro de los acuerdos, como ha encabezado la presidenta del Senado. Y, además, cautelar un proceso constituyente que no sea capturado por las dinámicas destituyentes. De ocurrir esto último, el futuro se disipará en un conflicto sin salida.

José Joaquín Brunner

Académico UDP y exministro