Lenin, el teórico más representativo de la violencia revolucionaria del siglo XX, responde: el “problema que cada gran revolución plantea ante nosotros prácticamente, de un modo palpable y, además, sobre un plano de acción de masas [es] el problema de la relación entre los destacamentos ‘especiales’ de hombres armados y la organización armada espontánea de la población”. Los primeros expresan al Estado (burgués) y su dominación sobre la sociedad; los otros, a quienes buscan destruirlo para dar paso a un nuevo orden revolucionario.

Dicho brevemente, en el momento culminante de la lucha de clases, el Estado y sus cuerpos regulares de orden y seguridad deberían ser reemplazados por el poder ascendente de las masas conducidas por su vanguardia; el partido de la violencia.

Violencia posmoderna 

La violencia ejercida en las calles de Santiago tiene precisamente esa orientación: se dirige contra el ‘sistema’, o sea el ‘orden’ amparado por el Estado a través de sus “destacamentos especiales de hombres armados” (policía y fuerzas de orden). Busca desbordar este ‘orden’ —y a los aparatos que lo expresan estatalmente—, demostrando con ello que el Estado ha perdido su monopolio especializado de la fuerza.

En tiempos posmodernos, la violencia ejercida por la “organización armada espontánea de la población” ya no es dirigida por un partido de cuadros, una vanguardia política revolucionaria conductora de un proyecto de nueva sociedad (comunista, proletaria, socialista, o lo que fuere), provista de una ‘gran narrativa’ utópico-práctica, sino que se expresa ‘espontáneamente’ a través de grupos, pandillas, bandas y facciones, habitualmente de jóvenes, impulsados por pulsiones destructivas, deseos anarquizantes, consignas nihilistas y afán de echar abajo al ‘sistema’ en su conjunto. Particularmente, sus manifestaciones y símbolos considerados más directamente opresivos; en primer lugar Carabineros y, enseguida, los medios de transporte, oficinas públicas, vitrinas de Mammón —dios de la riqueza, el dinero y el mercantilismo ‘neoliberal’—, iglesias, pequeños negocios, monumentos, edificios patrimoniales y el orden de las rutinas cotidianas expresadas en calles, plazas, trámites, horarios.

Hay en este afán destructivo un uso claramente posmoderno de la violencia: algo así  como una forma político-práctica de ‘deconstrucción’ de los símbolos ‘sagrados’ de la sociedad capitalista y la democracia liberal; una suerte de ‘ludismo’ dirigido contra la maquinaria del Estado; un juego de violencias espontáneas para interrumpir y echar por el suelo las micro-regularidades de cada día; en fin, parafraseando a Hobsbawm, el intento de llevar a cabo una “negociación colectiva a través del motín”, de modo de imponer un quiebre a la política y el Estado ‘burgués’.

Irónica justificación 

En la sociedad contemporánea uno de los medios más eficaces para debilitar, trabar y eventualmente paralizar la acción preventiva y represiva de “los destacamentos ‘especiales’ de hombres armados” es el despliegue de un dispositivo discursivo que equipara dicha acción del Estado con la violencia proveniente de la “organización armada espontánea de la población”. Dicha equiparación sugiere que la violencia dirigida contra el Estado y la que éste usa en su defensa serían igualmente ilegítimas, similarmente destructivas, parejamente condenables. Más aún, se argumenta que la violencia ‘espontánea’ de los grupos antisistema sería una respuesta refleja frente a las condiciones ‘estructurales’ de agresión que experimenta la  población; esto es, la violencia física y simbólica ejercida por el ‘sistema’. Este argumento se refuerza luego con una segunda proposición que se halla respaldada por amplia evidencia: que en la represión por parte de Carabineros hay conductas reiteradas de violaciones a derechos básicos y abusos de todo orden, lo cual explicaría —parcialmente al menos— aquella otra violencia, poniéndolas a ambas en un plano común de irracionalidad.

Esta pretendida equivalencia resta legitimidad a la acción del Estado realizada a través de Carabineros en defensa del orden y la seguridad, al mismo tiempo que sirve para justificar la acción violenta dirigida contra el Estado y la democracia. La perversa lógica de esta operación discursiva y sus implicancias comunicacionales, ideológicas, políticas y culturales no pueden pasarse por alto. Dicho en breve, su utilización explica y condona parcialmente la violencia lumpen —con su mezcla de elementos delictivos, narcos, de facciones anárquicas y pulsiones antisistema— presentándola como un producto de la sociedad que hemos construido (con sus desigualdades, abusos, agobios, injusticias, miserias, opresiones, etc.). En consecuencia, esa sociedad, con su ‘violencia estructural’ inherente, sería responsable de que sus ‘hijos’ (que son nuestros también) busquen prenderle fuego y corregir con violencia la violencia que ella les impone. 

Al mismo tiempo, esta violencia (supuestamente entendible y parcialmente justificada) no podría combatirse in situ, en sus manifestaciones y por sus efectos, pues sus causas están en otro lugar; son ‘estructurales’ y, por ende, su erradicación supone cambios en la economía, la sociedad y las políticas, no represión por parte de los “destacamentos ‘especiales’ de hombres armados” del Estado. Según sugerían ingenuamente algunos en los primeros momentos después del 18-O, la violencia debía combatirse atendiendo a las demandas sociales de la protesta (pacífica); no mediante la fuerza legítima del Estado. De esta manera la protesta se convertía en justificación de la violencia que ocurría a su sombra. Y terminó secuestrada por ella.

De hecho, en ciertos medios políticos y comunicacionales uno encuentra mayor comprensión —e incluso relativa tolerancia y justificación— frente a la violencia callejera dirigida contra el Estado y el orden democrático, que frente a las actuaciones represivas de Carabineros buscando garantizar la seguridad y el orden público. Es una más de las ironías surgidas de la crisis de gobernabilidad que vivimos desde el 18-O.

¿Hacia un trágico desenlace?

Impresiona ver cómo las fuerzas políticas democráticas —oficialistas y de oposición, en toda su gama— reaccionan tardía o desaprensivamente frente al trágico curso de los hechos, parecido a lo ocurrido en nuestra sociedad en los dos años previos al quiebre democrático del 11-S de 1973. Es evidente que el contexto global (guerra fría) y nacional (situación pre revolucionaria) de entonces no tiene comparación alguna con el actual; por lo mismo, la similitud se refiere únicamente a la claudicación de las fuerzas políticas democráticas frente a los partidarios de la violencia y frente al trágico destino hacia al cual la historia parece empujarnos.

En vez de dar su apoyo decidido al gobierno y a las instituciones del Estado, incluidos los “destacamentos ‘especiales’ de hombres armados”, frente a la grave amenaza de la violencia que está demoliendo el orden institucional democrático, la clase política dirigente  se dedica a su negocio propio: ‘politics as usual’. Mira impasiblemente las ciudades que se encienden cada noche iluminando el espectáculo de unas fuerzas policiales desbordadas y de un Estado que falla en su misión esencial; mantener el orden público y la seguridad ciudadana. O bien, cuando reaccionan, lo hacen con debilidad y confusión.

Parece haberse declarado satisfecha con el frágil pre-acuerdo constituyente alcanzado, cuando en la práctica presenciamos el avance de las fuerzas ‘destituyentes’. Según señala un observador comprometido con dicho proceso: “El ‘momento destituyente’ no es más que el estallido de imaginación popular que ocupa las diferentes calles, pero que no calza jamás con su espacio ni con su tiempo: no tiene lugar en los mapas vigentes (el pueblo como potencia no aparece consignado por la Constitución), ni tampoco habita la época en la que acontece, porque promete una enteramente nueva. En este sentido, no puede más que arremeter enteramente intempestivo”.

Puede ser, entonces, que el incipiente ‘momento constituyente’ no alcance a coronarse y se vea descarrilado por el partido de la violencia y la debilidad de los partidos que se supone forma la primera línea de defensa del orden democrático. En particular los partidos de la antigua Concertación, coalición que nació para refundar la democracia chilena y condujo la transición desde la dictadura a un Estado democrático de derecho, deberían convertirse ahora en un factor decisivo de unidad frente a la desestabilización del régimen político y el intento de destruirla por medios violentos.

Pertenezco a ese mundo político y cultural de la Concertación pero no logro explicarme la conducta errática —de escasa visión estratégica y nula efectividad frente a la violencia— que siguen sus partido y dirigentes. Percibo, en general, a una izquierda democrática confundida, calculando los réditos que podría obtener mañana al invertir hoy su capital en acciones contra el gobierno, debilitándolo mientras continúa la violencia. Es una estrategia de alto riesgo, sin embargo. Beneficia exclusivamente a los sectores radicalizados del PC y el FA, los cuales favorecen una ruptura democrática para apurar el advenimiento imaginado de una época “enteramente nueva” o subestiman los costos de dicha ruptura.

Por esta vía, unos y otros, cegados por el equivocado cálculo de que la violencia puede servir a sus designios, prefieren prolongar la crisis de gobernabilidad antes que unirse a las fuerzas políticas del oficialismo y al gobierno para superarla e impedir que arrastre al país a una solución autoritaria.

Más bien, correspondería a las fuerzas políticas, especialmente a aquellas con mayor compromiso con el orden democrático, abandonar el modo de funcionamiento normal y entrar en un modo de crisis y emergencia. Esto debería llevarlas, por ejemplo, a abandonar el dispositivo retórico de equivalencia de las violencias, a no continuar relativizando el peligro inminente de las acciones violentas de grupos anarquizantes y a no justificarlas como resultado de condiciones ‘estructurales’ únicamente. En cambio, podría conducirlas a adoptar una actitud de mayor colaboración con las iniciativas del gobierno encaminadas a superar la crisis de gobernabilidad; en particular, a prevenir los estallidos de violencia, a cuidar infraestructuras críticas de las ciudades,  a mejorar las capacidades de inteligencia de la fuerza policial y a prestar apoyo a éstas para elevar la efectividad de sus actuaciones en las calles asi como su ireestructo enmarcamiento legal.

Por último, el conjunto de la sociedad civil, y todos sus miembros más conscientes —que reconocen los riesgos que corre nuestra convivencia democrática— necesitamos actuar, antes que sea tarde, para desactivar las polarizaciones que van instalándose a nuestro alrededor: extremismos de ultraderecha y ultraizquierda, antagonismos ideológicos, quiebres generacionales, linchamientos digitales, ataques a figuras y símbolos, lenguajes clasistas y racistas, fanatismo y funas, etc. Quienes hemos vivido suficiente tiempo, sabemos que un clima de extrema polarización lleva inevitablemente a un trágico desenlace.