El primer semestre de este 2019 estará marcado por la discusión del proyecto de “Admisión Justa” – enviado al Parlamento por el Gobierno en el mes enero (su tramitación se iniciará en la Cámara de Diputados) –, que busca modificar significativamente el sistema de admisión escolar (SAE) creado con la Ley de Inclusión. No será un diálogo fácil, sobre todo porque la administración del presidente Piñera decidió enfrentar este proceso en una cancha inédita para el debate educacional de los últimos años, recurriendo a la “post verdad” (la ministra Cubillos ha dado una clase magistral de uso de información parcial para promover algunas ideas) y ninguneando la deliberación sobre este importante tema (al denostar cualquier opinión distinta a la de las familias supuestamente perjudicadas por el SAE).

Aún cuando esta estrategia ha lesionado la calidad del debate y el gobierno dilapidó la opción de sostener desde el comienzo una reflexión seria sobre cómo seguir mejorando el mecanismo de admisión a la educación general, el mes de marzo ofrece una nueva oportunidad para desterrar las caricaturas y poner en el centro lo importante: cuánto aporta “Admisión Justa” al objetivo – supuestamente compartido por todos – de construir un sistema escolar inclusivo y de calidad para todos. El gobierno además acaba de anunciar que se separará el proyecto en dos partes, lo que puede facilitar un debate con altura de miras al respecto.

Es importante entender, primero que nada, que “Admisión Justa” modifica radicalmente el sistema de admisión escolar que recién ha comenzado a implementarse en nuestro país(sin todavía incluir a la Región Metropolitana). No es una “mejora incremental” o un “ajuste” en el margen, sino una reforma sustancial a la legislación que acabamos de aprobar en Chile sobre cómo gestionar la admisión a los colegios. Si usted no conoce cómo funciona actualmente el sistema (que NO es una tómbola, sino una forma de organizar y asignar los cupos de los colegios de acuerdo a las preferencias de las familias), le aconsejo revisar la descripción oficial que el MINEDUC hace del mismo, en https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/, pues sólo así podrá entenderse el sentido de los cambios propuestos por el proyecto de ley.

¿Qué hace en concreto “Admisión Justa”? ¿A quiénes favorece verdaderamente? ¿Cuán cierto es que un proyecto como éste “devuelve” a las familias su posibilidad de elegir, como han planteado las autoridades? Revisemos ahora las propuestas centrales de este proyecto, abordando los 5 cambios que éste pretende realizar al sistema de admisión (y que no se modifican con el anuncio de separar el proyecto en dos):

1. En primer término, “Admisión Justa” propone que el sistema de admisión otorgue prioridad para acceder a los establecimientos de su preferencia a quienes no son hermanos consanguíneamente, pero viven bajo el mismo techo de los estudiantes que ya están en ese centro educacional. Se trata de una propuesta completamente razonable, que debiera ser incorporada al algoritmo del sistema.
2. En segundo lugar, el proyecto de ley propone que un grupo amplio de liceos (potencialmente más de 400) puedan seleccionar académicamente, a través de sus propios criterios e instrumentos, al 100% de sus estudiantes. Esto es lo que ha sido presentado por el gobierno como un intento por “recuperar el mérito” en la admisión, al introducir la competencia entre estudiantes y el rendimiento previo de los mismos como un factor que le dé a algunos de ellos más derecho a acceder a estos establecimientos. A pesar de que la derecha propuso en su campaña reponer la selección académica en el grupo reducido de liceos públicos denominados “emblemáticos” (que la ley de inclusión ya reconoce a través de un mecanismo especial de admisión), “Admisión Justa” desperdicia inexplicablemente la oportunidad de revisar el mecanismo que se creó para esos establecimientos (diversos actores ya se habían abierto a esa revisión), apostando por la creación de un gran subsistema de colegios (públicos y privados) que concentre a estudiantes aventajados. Esta medida, además de segregadora e ineficiente, es completamente contraria al discurso del propio gobierno, pues con ella la gran mayoría de las familias NO PODRÁ ELEGIR establecimientos de buen desempeño académico.
3. En tercer término, a pesar de que la Ley de Inclusión es explícita en otorgar a las familias el derecho a solicitar entrevistas y todo tipo de información antes de realizar su postulación a los colegios (la ministra ha sido particularmente imprecisa en su manera de informar sobre este tema), “Admisión Justa” propone ampliar las posibilidades de comunicación durante el proceso de admisión entre las familias postulantes y los colegios. Se trata de una buena idea, aunque pésimamente ejecutada. Primero, porque el proyecto supuestamente eliminaría “el muro que la ley puso entre las familias y los colegios” – ocupando los mismos términos de la máxima autoridad educacional – pero reponiendo la posibilidad de que sean los sostenedores los que pidan estas entrevistas, cuando sabemos hace años que es justamente en ese espacio de diálogo “voluntario” donde se producen las principales discriminaciones y las amables invitaciones del tipo “este colegio no es para usted”. Y segundo, porque el proyecto de ley establece la posibilidad de que esas entrevistas se realicen después de que las familias sean aceptadas, pero sin hacerse cargo de las consecuencias que esa etapa de “conocimiento” podría tener (por ejemplo, que la familia decidiera retractarse y buscar otra opción). Por lo anterior, esta medida suena mucho más a una respuesta a la demanda de los sostenedores por volver a seleccionar que de las familias por recuperar su derecho a elegir (como incansablemente se ha dicho).
4. En la misma línea que la medida anterior, en cuarto lugar y aunque suene increíble, el proyecto propone que cualquier liceo o escuela pueda seleccionar hasta el 30% de su matrícula, de acuerdo con su proyecto educativo (la excusa que existió durante muchos años en nuestro país para discriminar estudiantes y familias). Aquí sí que no hay “admisión justa” por ninguna parte (me imagino que por eso este cambio no fue parte prioritaria del discurso de la ministra en su gira sobre el proyecto de ley), sino más bien un intento explícito por entregar a los colegios el poder de seleccionar una parte de sus estudiantes, creando en la práctica una inédita “cuota de selección para el sostenedor”. Se trata de una medida que puede derivar en múltiples discriminaciones, pero que sobre todo es contradictoria con los principios de la Ley General de Educación y, nuevamente, con el propio discurso del gobierno (que con esta medida se olvida completamente del derecho a elegir de las familias).
5. Finalmente, “Admisión Justa” propone que las escuelas que tienen buenos resultados en las pruebas estandarizadas puedan decidir recibir hasta un 100% de alumnos prioritarios o de nivel socioeconómico bajo (mientras que al resto de los colegios se les exigiría solamente un 15% como piso). Chile sigue siendo uno de los sistemas educativos más segregados del mundo socioeconómicamente hablando, lo que impide que se creen ambientes heterogéneos y obstaculiza el desarrollo de habilidades y capacidades que solamente pueden generarse en contextos de diversidad. Cualquier medida que apunte a concentrar alumnos vulnerables (¡o no vulnerables!) sería un retroceso frente a este objetivo que como país debemos seguir abordando con decisión.

Como se desprende de este análisis, “Admisión Justa” es un proyecto que, con la gran mayoría de sus medidas, hace retroceder el derecho de elegir de las familias y colisiona con el principio de contar con un sistema escolar inclusivo, donde todos y todas tengan el mismo derecho de ingresar a las escuelas y liceos con financiamiento público. Al mismo tiempo, y a pesar de que la evidencia demuestra contundentemente (como reconoció en su minuto el olvidado exministro Varela) que éste es el mejor sistema que podemos darnos para asignar eficientemente y sin discriminación los cupos de los colegios de acuerdo con las preferencias de las familias, es indudable que el SAE requiere ajustes que no tienen por qué esperar un ciclo completo de implementación. En este escenario, lo lógico sería que el Congreso rechazara este proyecto (aún cuando se separe en dos), reemplazándolo(s) por una ley corta – para lo cual tanto gobierno como oposición debieran estar disponibles –  que efectivamente mejore el sistema de admisión escolar en el más breve tiempo posible(como vimos, la propuesta del ejecutivo finalmente no lo hace), y que sobre todo permita dar vuelta la página en este tema, para que podamos concentrarnos en lo que se suponía sería el centro de este período gubernamental y de lo cual muy poco hemos escuchado en el último año: la calidad de los aprendizajes en todo el sistema escolar