El pasado junio, cuando Isabel Celaá (Bilbao, 1949) tomó posesión de su cargo como ministra de Educación confiaba en que contaría con la mayoría parlamentaria necesaria para sacar adelante una nueva ley. Ocho meses después, esa mayoría parlamentaria ha forzado a su Gobierno a un adelanto electoral y ha abocado a Celaá a llevar hoy in extremis al Consejo de Ministros el proyecto de la nueva ley orgánica de Educación, el mismo día que el presidente Pedro Sánchez anunciará la fecha de las elecciones. “El esfuerzo no ha sido en vano”, asegura la ministra, que defiende que su departamento ha sido capaz de armar una nueva normativa en “tiempo récord” que, además, cuenta con el consenso de la comunidad educativa —han analizado más de 43.000 correos electrónicos de ciudadanos y un centenar de asociaciones educativas con propuestas sobre la nueva ley—.

Además, la oposición política a la Lomce llevó en 2013 a los grupos parlamentarios —a excepción de UPyD y los dos diputados de UPN y Foro Asturiano— a acordar por escrito el compromiso de derogar la Lomce en la siguiente legislatura.

Pregunta. Con la tesitura actual, está claro que esta ley tendrá que aprobarse en una nueva legislatura. El PP, con mayoría absoluta, tardó dos años en aprobar la Lomce. ¿Siente frustración después de tanto esfuerzo?

Respuesta. El trabajo no ha sido en vano. Sea cual sea el derrotero que socialmente tome el país, este proyecto de ley acabará tramitándose. A diferencia de lo que algunos afirman, nuestro sistema educativo tiene una gran estabilidad. Desde 1990, apenas ha experimentado cambios en estructuras, etapas o en el sistema de conciertos. Con la excepción de la Lomce de 2013; Ignacio Wert (exministro de Educación con el PP) interrumpió ese equilibrio y su normativa agravó el índice de abandono escolar temprano. Implantó los itinerarios para los alumnos de la ESO, lo que supuso dividir a los alumnos en función de sus resultados académicos a los 13 o los 14 años, una discriminación a una edad temprana en la que todavía no saben a qué se quieren dedicar. Para los repetidores sin visos de aprobar, crearon el programa de Formación Profesional Básica, que directamente los situaba en tierra de nadie. Buena parte de esa formación se convertía en abandono escolar. Nosotros hemos cambiado todo eso y este país necesita nuestra ley.

P. El PP defiende el modelo de los itinerarios que, en países como Alemania, lleva asociado una tasa de paro juvenil por debajo del 7% (frente al 36% de España). Conducir a todos los alumnos a la Universidad, ¿es una buena solución?

R. Muchos länder alemanes están evitando ese modelo, el de separar a los estudiantes a los 11 años. Todas las directrices internacionales, como es el caso de la OCDE o la Unesco, señalan que no se les separe hasta que son más mayores. La separación temprana no permite al alumno salir de sus condiciones de origen. Con 15 años, ya han tenido tiempo en la escuela para superar esas limitaciones.

P. El pacto educativo en este país, ¿se da por imposible?

R. Más allá del PP y Ciudadanos, que como se ha visto están con la preocupación de sacar al Gobierno de la Moncloa, hay un apoyo muy importante del resto de partidos de la oposición. Hemos contado con el respaldo del Consejo Escolar del Estado y las autonomías han hecho aportaciones y enriquecido el texto de la ley, salvo las cinco gobernadas por el PP. El pacto educativo se tiene que dar en la financiación, llegar progresivamente al 5% del PIB. Eso debe estar exento de turbulencias, tanto económicas como políticas.

P. ¿Tienen pensado crear una comisión para analizar qué aspectos de la ley se podrían rescatar y aprobar por real decreto?

R. Esta ley no es un sumatorio, configura un sistema. El mundo no se acaba, y nosotros (PSOE) seguiremos impulsado desde donde estemos este proyecto, que tiene el respaldo suficiente para salir adelante. La vida sigue y, una vez conocido el texto, será la comunidad educativa la que empuje el proyecto porque lo quiere.

P. La ley Celaá ha sido criticada por permitir a las comunidades, como Cataluña, escoger las horas lectivas que se imparten en catalán y en castellano.

R. El proyecto de ley, que la próxima semana estará en el Congreso para su tramitación, respeta el artículo 3 de la Constitución, que dice que el castellano es lengua oficial del Estado, pero las lenguas cooficiales lo son en sus respectivas comunidades. Las derechas tienen mucho interés en utilizar las lenguas desde la perspectiva política y electoral. Parece que no se reconoce la diversidad lingüística, pero luego Aznar cuando tuvo que pactar hablaba catalán en la intimidad. No enfrentemos a los ciudadanos por las lenguas.

P. Entre las novedades de su proyecto de ley, figura el desarrollo de una normativa para la etapa de cero a tres años. El problema es que no hay dinero.

R. En España, la esolarización de tres a seis años supera el 97%; lo mismo tenemos que conseguir en el cero a tres. Hay que elaborar un marco regulatorio con los requisitos mínimos de titulación de los maestros o de las infraestructuras. Las comunidades no podrán tener en un piso nido a cuatro bebés a cargo de un solo cuidador. Hay que darle una impronta a la educación infantil. Eso consume recursos y por eso la ley se tiene que implantar de forma progresiva. La universalización del cero a tres es posible, pero no se puede hacer por arte de magia.

P. La ONU concluyó en 2018 que España separa a los alumnos con discapacidad en escuelas especiales. Su proyecto pretende que en 10 años se incorporen los que lo deseen a las aulas ordinarias.

R. En 1985 se fijó la tarea de incorporar a esos alumnos en centros ordinarios para que tuviesen más contacto con otros estudiantes. Hace 15 años el proceso empezó a ralentizarse, hasta el punto de que solo se han incorporado a las aulas un 3% de esos niños. Nuestra intención no es que se cierren los centros de educación especial, que son un referente para aconsejar al resto de los colegios. Obviamente, habrá que hacer un esfuerzo presupuestario para dotar a los centros de los recursos necesarios.

P. Uno de los grandes problemas del país es la concentración del alumnado de perfil socioeconómico bajo en los mismos centros. ¿Esta ley intenta poner coto al sistema de admisión de la concertada?

R. Hemos trabajado bastante los criterios de admisión con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades y de acceso. La Lomce permite que los llamados centros especializados reciban un tratamiento distinto por parte de la Administración, tanto en sus recursos como en los criterios de admisión. Eso es intolerable y es otra de las cuestiones que hemos regulado en esta nueva normativa.