Mientras conversamos, unos 290.000 estudiantes en todo el país se cabecean con las alternativas de la PSU, ansiosos, si la suerte los acompaña, de iniciar en 2019 su anhelada educación superior. Un mundo que este abogado y magíster en filosofía de la ciencia —mención en lógica— conoce por dentro y bien, más desde hace 10 años cuando se hizo cargo de la Rectoría de la Universidad de Valparaíso, entonces agobiada por un déficit de $ 16 mil millones y una institucionalidad en jaque por diversas irregularidades.

“Con orden, austeridad y trabajo”, enumera cada uno, sus estados financieros “hoy dan satisfacción” —recalca Aldo Valle—, volvieron a zona “azul” y entre sus aportes no financieros está el “nuevo trato” que hoy gozan las estatales con la nueva ley aprobada en el gobierno de Bachelet. Valle la empujó incluso desde la calle, marchando con sus estudiantes el 2011, también se jugó por la gratuidad.

Con su hablar reflexivo, sentado en las oficinas que el CRUCh dispone en el 4° piso del ministerio de Educación, el rector admite que su implementación completa sigue desafiándolos, —un alivio tuvieron esta semana, gracias a la senadora Provoste dispondrán de sus fondos de crédito—, igual que buscar consensos, acuerdos, para articular mejor este paso del sistema escolar al superior, integrar al mundo técnico, rescatar los valores más profundos de la educación. “¿Para qué educamos?” dice, recordando al francés Jean-Claude Michéa, el conservador crítico que escribió “La escuela de la ignorancia”.

Valle cree que han dado pasos claves, “históricos”, pero también admite errores. “Tenemos que hacer una autocrítica” responde de la PSU que él ha defendido. “Es evidente que no hay una articulación suficientemente integradora, inteligente, entre el sistema escolar y la educación superior, el instrumento de admisión y selección no da respuesta y tiene efectos sobre el sistema escolar que tenemos que analizar”. En pocos días más, en enero, recibirán un nuevo informe externo con sugerencias de cambio para “la prueba” que partió hace 15 años.

—La consultora Pearson lo dijo hace 13 años… la PSU ha reprobado todos los exámenes independientes que ha rendido y no ha pasado nada, ¿qué tan dispuestos están ahora a los cambios?

—Hay que hacer cambios en el sistema de admisión. No culparía de todo a la PSU, pero sin duda que requerimos mirar y estar abiertos a hacer cambios que nos permitan rectificar los sesgos de exclusión. Es muy importante mirar los instrumentos de medición y preguntarnos: ¿es éste el sistema de selección que nos permite garantizar una educación superior de calidad? Las correlaciones de confianza en el instrumento son válidas para ciertos segmentos, no para todos. Es necesario hacerse cargo de esas asimetrías, hay un déficit en la educación técnico profesional que no podemos mantener, tenemos una responsabilidad moral.

—La PSU se enfocó más en contenidos que en habilidades como la PAA, viendo los déficits de la educación pública, ¿no subieron todavía más la vara a los alumnos más débiles?

—Debía haber un instrumento que midiera los resultados de formación del sistema escolar en la enseñanza media, algo así como un Simce de IV medio, hoy sabemos que eso es muy heterogéneo porque hay grandes asimetrías y hacen que esta prueba no sea válida para que estudiantes provenientes de la educación técnica profesional puedan acceder a la educación superior. La ley establece ahora un subsistema específico para la educación técnico profesional y es el momento de que nos hagamos cargo.

—Y qué le dice su intuición de experto, ¿por dónde van a ir esos cambios?

—Hay que ampliar los factores de selección y medición, no es sencillo, pero hay una oportunidad con el cambio en la administración del sistema de admisión que comienza el 2021. La Subsecretaría de Educación Superior administrará el sistema y habrá un comité técnico que apruebe los instrumentos. Queremos introducir algunos cambios en el proceso del 2020.

—Hablando de cambios, las universidades Diego Portales y Alberto Hurtado ingresaron al Consejo de Rectores, la U. de los Andes también quiere, ¿cómo queda la fisonomía del CRUCh con las privadas que, hasta ahora, estaban fuera?

—Es mucho mejor que el país cuente con una organización que represente la diversidad de instituciones, de tradiciones intelectuales y culturales, que frente a los gobiernos haya un interlocutor independiente que exprese pluralidad y diversidad.

—¿Es una forma también de legitimar este “club” que influye decisivamente en las políticas y finanzas de todo el sistema?

—La pluralidad siempre contribuye a la legitimidad, a la transparencia, enriquece la deliberación. Es una señal de que el país tiene instituciones muy sólidas que pueden convivir entre sí y Chile ha dado pasos sustantivos para consolidar una educación superior de calidad en América Latina.

“No se cumplió la gratuidad”

—Hace tres años convive con la gratuidad que tiene complicadas las finanzas de varias universidades, ¿qué ha significado para la UV?

—No han disminuido nuestros ingresos, porque nuestros aranceles no son de los más elevados, pero hay amenazas; una es que la glosa presupuestaria estableció un suplemento para la diferencia entre el arancel real y el regulado, pero no está en la legislación permanente. Otra es la limitación de aranceles a los estudiantes que pierden la gratuidad en 2019 al extender sus carreras, podría significar un menoscabo importante. En nuestro caso son 900 estudiantes y una cifra superior a los $ 1.000 millones anuales que se irían incrementando en los próximos años.

Cuando el gobierno anterior nos mostró la fórmula para la gratuidad, siempre fue sobre la base de que no recibiríamos menos ingresos.

—¿Entonces el gobierno de Bachelet no cumplió con que la gratuidad no terminara perjudicando a las universidades que la suscribieron?

—No se cumplió la gratuidad, de las primeras aseveraciones fue que no habría disminución de recursos y hoy estamos expuestos a que todas las universidades tengan menos recursos en 2019. Nuestra propuesta de que se autorice a las universidades a reasignar los excedentes de sus fondos de crédito contribuye a reducir el problema con recursos que están en el sistema y sin presionar por más recursos fiscales.

—¿Respiró aliviado con la indicación que la senadora Yasna Provoste introdujo en el presupuesto 2019 y que les permite hacerlo?, ¿se lo pidieron ustedes?

—No es una solución definitiva ni satisface plenamente la necesidad que tienen las universidades por efecto de un nuevo sistema de financiamiento a los estudiantes. La propuesta permite mejorar la gestión de recursos que tienen las propias universidades sin que sea necesario aumentar su presupuesto. En ese sentido, es un apoyo compatible con la restricción fiscal existente.

—¿No es injusto, como dice el Mineduc, para los alumnos con gratuidad en universidades que no son del CRUCh y tienen fondos solidarios muy pequeños?

—Lo injusto no es esta modificación legislativa, lo grave es que la política pública que es responsabilidad del sistema político no haya considerado una solución general. De aquí no se sigue que esta modificación legal sea discriminatoria. Los fondos de crédito de las universidades del Consejo de Rectores tienen recursos aportados por ellas mismas y ahora necesitan administrarlos sin esa restricción legal y de modo más eficiente.

—Es solo un “parche” para 2019, ¿no es mejor analizar el sistema de financiamiento en su conjunto, incluido el nuevo crédito propuesto por el Gobierno?

—La solución debe venir de instrumentos de crédito que no sean el CAE (Crédito con Aval del Estado) y permitan integrar un sistema de financiamiento más complementario, con solidaridad y subsidiariedad. Tenemos algunas observaciones críticas (al proyecto del gobierno), no estamos de acuerdo que haga tantas diferencias con la gratuidad, que financie un arancel mucho más caro que el regulado. Tal como está, genera un gran desincentivo para la gratuidad y las instituciones que están haciendo un mayor compromiso con la política pública se verían menoscabadas. Debe haber un límite a la gratuidad, el CRUCh siempre habló del período formal de la carrera más un año, y un instrumento de crédito puede ser la solución de largo plazo para la diversidad de situaciones que les ocurren a los estudiantes.

—Todo significa más desembolso para el fisco y en la fila está financiar pensiones, salud, la infancia, ¿por qué siguen pidiendo las universidades, que ya han recibido tanto dinero?

—Es una buena política pública apoyar la educación superior en aquellos niveles socioeconómicos que carecen de recursos para autofinanciarse, contribuye a la integración, a la inclusión. La actual limitación termina golpeando a aquellos estudiantes más débiles en su formación previa o su situación personal. Cuando hablamos del decil sexto es un grupo familiar cuyo ingreso total no supera los $ 700.000.

—¿Se podría seguir avanzando más allá del sexto decil, ir a gratuidad universal como era el plan original?

—Debiera ser sobre la base de una recaudación fiscal distinta del país, en la actualidad no es posible avanzar en gratuidad, pero todavía hay sectores que necesitan de la mano solidaria del estado.

—Todas estas condiciones estaban claras cuando las universidades decidieron entrar a la gratuidad, ¿cree que les faltó análisis?

—Lo hicimos por contribuir a un fin de la política pública, para que ojalá un mayor número de estudiantes talentosos, meritorios, no tengan un límite infranqueable en su capacidad de pago. Un sector muy importante de la sociedad en Chile no está en condiciones de pagar educación superior y nadie puede plantearse absolutos, por décadas futuras el Estado debe seguir haciendo un esfuerzo para que aquellas familias que se han esforzado al tener su hijo en la educación superior, entienda que es una satisfacción y no un problema cuando se les matricula el segundo hijo. Eso llegó a ser groseramente injusto, tuvo una reacción social y fue recogido en un programa de gobierno que tuvo una expresión legislativa y es responsabilidad del estado. El gobierno podrá tener razón en que no participó del diseño (de la gratuidad), pero la realidad dice que la política pública del Estado de Chile requiere de una corrección y lo legítimo es que se haga.

—¿Cómo se lleva con la ministra Cubillos?, ¿qué les ha dicho de estas nuevas demandas por más recursos?

—Hasta ahora hemos tenido una relación más bien formal, pero hemos hablado con el jefe de la División de Educación Superior, con el subsecretario y hay disposición a mantener un diálogo fluido, directo, también se nos ha hecho ver que educación superior no puede centralizar la atención de la política pública. Pensamos parecido, los países no pueden estar haciendo reformas a cada rato, todos necesitamos una tregua y generar acuerdos en las materias que requieren urgencia.