El Ministerio de Educación quiere introducir la evaluación del profesorado en la escuela
Isabel Celaá pretende que la prueba sea voluntaria y que sirva para incentivar a los docentes a participar en proyectos de innovación
ANA TORRES MENÁRGUEZ, 5 NOV 2018 – 16:54 CET
La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha decidido lanzar una reforma “integral” de la profesión docente, un paquete de medidas que pretende consensuar a partir de hoy con la comunidad educativa, con la mirada puesta en países como Canadá. La prioridad es volcarse en el profesorado, uno de los menos supervisados de la OCDE, y conseguir que se mejore su formación inicial y permanente, así como introducir la evaluación voluntaria para “seguir el mismo modelo de la Universidad”. “En la Universidad la evaluación es voluntaria y así debe ser en la escuela”, expuso la ministra, que adelantó que, a diferencia de lo que sucede en la educación superior, en el caso de la escuela no estará ligada a la antigüedad.
Los profesores españoles de secundaria son los docentes que pasan menos controles externos, junto con los italianos, según el último informe Talis (2013) de la OCDE —el próximo se publicará en 2019—. Un 36% nunca ha sido sometido a una evaluación docente formal y externa de su labor, según constatan los directores de los institutos, mientras que la media de los países de la organización es del 9%. Ese mismo informe urgía a España a poner en marcha un “auténtico sistema de evaluación formal del profesorado”, que no existe, y a conseguir que sientan que su desarrollo profesional es más atractivo y relevante.
“Hasta ahora los diferentes Gobiernos no se han atrevido a tocar la evaluación del profesorado; son más de 600.000 en toda España y hay que incorporarlo de manera gradual, si no habría mucha oposición”, explica el profesor de la Universidad Complutense y exsecretario de Estado de Educación, Álvaro Marchesi, que expondrá su modelo de evaluación docente en el foro convocado por Educación para escuchar las propuestas de los expertos, de la comunidad educativa, de los sindicatos y responsables de políticas educativas de las autonomías.
El proyecto de Marchesi contempla ligar la evaluación a incentivos económicos y al reconocimiento profesional, como sucede en la Universidad. “La educación en España necesita dar un salto cualitativo. Hasta ahora se ha intentado con nuevas leyes o modificaciones en el programa académico, pero no funciona. La clave está en el profesorado. Menos normas y más autonomía para los centros”, añade.
La ley educativa de 2006, la LOE, ya reconoció en su artículo 106 que las Administraciones podrían desarrollar programas de evaluación del profesorado con carácter voluntario, un punto que no se modificó en la LOMCE (ley educativa de 2013). Sin embargo, “ese mandato de la LOE apenas se ha desarrollado en las diferentes comunidades autónomas, salvo en Asturias”, asegura Marchesi. La novedad es que el Gobierno se compromete a impulsar conjuntamente con las comunidades ese sistema de evaluación para asegurar su puesta en marcha.
“La evaluación es necesaria para ver en qué punto está el profesorado”, señaló Celaá, que cree que, aunque “no puede ser obligatoria”, servirá para incentivar a los docentes a involucrarse en proyectos de innovación. Su ministerio prevé tener para diciembre un borrador del proyecto que tendrá en cuenta las aportaciones que se realicen hoy en el encuentro en el que participan ponentes como el filósofo José Antonio Marina o el propio Marchesi. “Las propuestas de esos expertos nunca han sido asumidas institucionalmente. El trabajo del ministerio es escuchar y elaborar una propuesta integrada”, indicó Celaá.
La ministra lamentó que el futuro de la profesión docente haya estado “aparcado” en los últimos años y criticó la reducción del gasto público destinado a formación permanente del profesorado. Otro de los puntos prioritarios para el ministerio será el análisis de la pertinencia de un sistema de prácticas más prolongado y la tutorización de los docentes en el aula durante su formación. “Igual que los médicos aprenden de la mano de un veterano, habrá que plantearse cómo aplicar ese modelo en la educación”, explicó Celaá.
Preguntada sobre el sistema de oposiciones para acceder a la docencia, la ministra adelantó que su equipo estudiará un cambio en el contenido de los temarios, otro de los “grandes problemas”, ya que “están anclados en el pasado”, lamentó. En ese sentido, argumentó que una de las críticas reincidentes a España en los informes PISA es que el sistema educativo se fundamenta en contenidos memorísticos. “Hay que empezar a medir las competencias, los contenidos prácticos. Menos extensión y más profundización”, precisó Celaá.
A diferencia de otras iniciativas, como la reforma de la LOMCE, que requiere una mayoría parlamentaria, la ministra aseguró que la reforma de la carrera docente es una prioridad compartida por los diferentes grupos parlamentarios y señaló que una de las primeras peticiones que recibió del PP fue modernizar la profesión docente. “Creemos que saldrá adelante”, añadió. Para involucrar a la comunidad educativa, han puesto en marcha el hashtag #YoSoyProfe, para que los docentes participen y expongan sus preocupaciones. Además, se habilitará un correo electrónico en la web del ministerio para recoger sugerencias.
LOS MODELOS QUE LE “GUSTAN” A CELAÁ: CANADÁ Y FINLANDIA
Preguntada por los periodistas sobre cuáles son los sistemas educativos de referencia para el ministerio, Celaá contestó que los que más le “gustan” son Canadá y Finlandia —ambos entre los 10 países del mundo mejor posicionados en el informe PISA—. Uno de los signos distintivos del primero es la autonomía de los centros educativos. En algunas provincias de Canadá, como Ontario, a los profesores se les contrata en función de las necesidades del colegio. No hay oposiciones, son los directores de los centros los que determinan cuántos docentes necesitan cada curso y para qué asignaturas. Si después de dar una clase ante un comité de expertos y de pasar una entrevista personal son elegidos, se les contrata y pasan a ser funcionarios. Durante los dos primeros años, el director del colegio revisará su trabajo y, si se ajusta a los estándares, volverá a enfrentarse a ese control cada cinco años.
A los 54 años, ese profesor podrá jubilarse y su pensión será una de las más altas del cuerpo de funcionarios de Ontario, unos 48.000 dólares canadienses al año (31.600 euros). El salario medio de un profesor en esa provincia, cuya capital es Toronto, es de 80.000 dólares al año (52.750 euros). Otra de las peculiaridades es que cuando los estudiantes cumplen 14 años pueden elegir las asignaturas que más les interesan y crear su propio itinerario, así como elegir entre tres niveles de dificultad para cada una de esas materias.
Por su parte, en Finlandia los niños inician la educación formal a los siete años, tienen jornadas escolares más cortas y no hacen exámenes ni prácticamente deberes. En 2016, introdujeron el llamado método phenomenon learning, mediante el que las materias tradicionales son desplazadas por proyectos temáticos y los alumnos lideran su proceso de aprendizaje.
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