J. Herrera y S. Quevedo, 27 de julio de 2018

La mayoría de las universidades comenzará el lunes su segundo semestre académico. Sin embargo, todavía hay un grupo de planteles -como la UMCE- que no han podido terminar las clases, pues los estudiantes están en toma.

No es primera vez que ocurre esta situación, pero ahora el Consejo de Rectores (CRUCh) decidió conformar una comisión multidisciplinaria para abordar el hecho.

“Es un asunto de preocupación nacional. Tomas muy prolongadas afectan el capital y el prestigio de las instituciones”, afirma Álvaro Rojas, máxima autoridad de la U. de Talca.

De hecho, plantea que ven “como amenaza lo que le ocurrió al sistema (escolar) municipal”, que tras las manifestaciones de 2006 y de 2011 perdió drásticamente matrícula.

El presidente de los planteles regionales, Patricio Sanhueza, añade que el tema “es una tremenda preocupación, porque se producen perjuicios colaterales; quedan amenazados algunos beneficios y se produce deserción estudiantil.

Ante ese escenario, Aldo Valle, vicepresidente del CRUCh, precisa que la idea es que en la comisión participen abogados y sociólogos, entre otros. Y tendrán la misión de “evaluar los distintos factores que, a nuestro juicio, determinan el carácter, los tiempos y las demoras que generan las movilizaciones estudiantiles en el proceso formativo, de modo de poder hacer propuestas que contribuyan a crear climas de convivencia distintos”.

Estas propuestas serían para todos sus planteles. El también rector de la U. de Valparaíso dice que se buscará “impedir que pequeños grupos puedan tomar decisiones que afectan a mayorías muy numerosas de estudiantes y a las comunidades”.

En esa línea, un tema que ronda entre las universidades es que previo a cualquier manifestación haya votaciones generales. “Ya no se puede resolver el tema, porque uno llega a un acuerdo y (los estudiantes) se toman otra unidad; entonces se transforma en un desastre. Desde ese punto de vista, una propuesta interesante sería tener una votación universal”, comenta el rector de la U. de Santiago, Juan Manuel Zolezzi.

Denuncias a la justicia

“Las tomas no tienen el efecto que se espera, de presión para convencernos de algo. Nos convencemos con fundamentos”, puntualiza Sanhueza.

Y el vicepresidente del CRUCh añade que “siempre hemos dicho que las tomas son actos de violencia”. Pero precisa que, “ciertamente, no queremos estudiantes pasivos, queremos que se formen en un pensamiento crítico. Creemos que es posible la deliberación, la manifestación, la discrepancia, pero no puede seguir siendo al costo que tiene para las instituciones y los alumnos”.

Por lo mismo, uno de los puntos que verá la comisión son las atribuciones legales que tienen las universidades ante una ocupación, según comentaron autoridades. “Algunos rectores piden que se consideren las tomas como un delito para que puedan ser denunciadas directamente a la justicia, y se pueda actuar a través de Carabineros”, acota Zolezzi.

”En ningún caso estamos por deslegitimar la protesta (…), pero creemos que es compatible con que las universidades puedan cumplir sus propósitos”. ALDO VALLE Vicepresidente Consejo de Rectores

”Algunos piden que las tomas se consideren como un delito, para que puedan ser denunciadas a la justicia”. JUAN MANUEL ZOLEZZI Rector U. de Santiago

”Lo que vemos es la amenaza de lo que le ocurrió al sistema municipal”. ÁLVARO ROJAS Rector U. de Talca

 A cuatro días del plazo: Instituciones como la Universidad Finis Terrae continuarán en gratuidadEl lunes 30 de julio se cumple el plazo para que los 46 planteles de educación superior que están en gratuidad confirmen si continúan con dicha política.

Una de las universidades que ha sido crítica con el beneficio, y con los efectos colaterales que ha traído para su financiamiento, es la U. Finis Terrae. Sin embargo, confirmó que seguirán en gratuidad, mediante un comunicado que envió a toda la comunidad educativa.

En el escrito añade que para zanjar el tema hizo una consulta a la comunidad. Con todo, critica las falencias del financiamiento.

“Tengo la esperanza de que esta normativa sea perfeccionada, sobre todo en lo que se refiere a los aranceles regulados y estrategias de desarrollo, y que prontamente la educación superior chilena retome los grandes desafíos”, dijo el rector Cristián Nazer.

La U. Diego Portales también ha criticado el beneficio, pero ayer su rector, Carlos Peña, anunció que “la decisión de la universidad -así fue comunicada al Consejo Académico- es mantenerse por ahora en la gratuidad. Por ahora, porque la nueva ley de crédito (SIFS) podría alterar la economía política del sistema, en cuyo caso habrá que ver qué escenario es el más favorable para el desarrollo de la universidad y la calidad que debemos a nuestros alumnos”.

La mayoría de los planteles tradicionales, junto con la U. Autónoma, también seguirían en la política, según han comentado sus rectores en los últimos días.