Hace 10 días el Presidente Sebastián Piñera firmó el proyecto de ley que tiene como objetivo eliminar el Crédito con Aval del Estado (CAE) y el Fondo Solidario y reemplazarlos por el nuevo Sistema de Financiamiento Solidario para la Educación Superior (SFS).

Pese a que en la ocasión se dieron a conocer algunos detalles de la futura ayuda estudiantil, como por ejemplo, que tendrá una tasa de 2% anual de impuesto, que se pagará en un máximo de 180 cuotas y que estas no superarán el 10% de la renta mensual del deudor, no se entregaron detalles del costo que le implicará al Estado retirar a la banca del financiamiento estudiantil.

La respuesta a esta duda la entregó en los últimos días la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, a través del informe financiero del proyecto y al que tuvo acceso La Tercera.

Según este documento, traspasar al nuevo crédito a los actuales deudores del CAE, entre quienes están al día y los morosos, además de un cálculo de 66.072 nuevos beneficiarios por año, significaría que el Estado tendría que desembolsar durante los primeros cuatro años de ejecución del nuevo modelo un total de US$ 7.915 millones. Se remarca ese período, porque se estima que sería el de mayor costo fiscal, debido a que financiaría sin considerar amortizaciones producto del pago de los primeros egresados.

Esta proyección implicaría un costo promedio anual para el Estado de casi US$ 2.000 millones, más del doble de los 946 millones de dólares que pagó por el CAE en 2017.

Si bien la primera fase de implementación arroja un mayor gasto para el Estado, desde el gobierno calculan que a partir de 2043, una vez que el sistema entre en régimen, el costo fiscal se reduciría a US$ 263 millones, es decir, menos de un tercio de lo que significó el último desembolso fiscal por el CAE.

Una mejor inversión

Daniel Rodríguez, director de Acción Educar, valora el cambio de modelo, aunque en principio represente mayores gastos para las arcas del país. “Si se comparan los montos, va a saltar a la vista que es mucha más plata, pero lo importante es que va a estar mucho mejor gastada, es mucho más justificable. ¿Por qué? Porque no se gasta en financiar la operación del crédito, sino que solo asume la liquidez; es decir, los dineros destinados a costear los estudios de los beneficiarios. Además, cuando los créditos se vuelven impagables o las personas dejan de pagar, el Estado les recompra a los bancos los créditos con un cargo, que en algunos casos puede llegar hasta un 30%. Eso dejaríamos de pagarlo, por eso en régimen es mucho más barato”.

Ariel Ramos, investigador de política educativa de Educación 2020, coincide en valorar el nuevo destino de los recursos. “Puede parecer una cifra grande, pero el CAE ha estado en la misma magnitud. Con la diferencia de que el CAE pagaba hartos intereses que iban directamente a la banca, mientras acá la administradora es una agencia estatal”.

Ramos agrega que la cantidad de créditos podrían ir disminuyendo en el tiempo, aunque el informe de Hacienda no considera el avance de la gratuidad. “Quizás hay que hacer ciertos ajustes, dado que la gratuidad debiese avanzar con los años y primar allí”.

Rodríguez apunta sus dudas, más bien, a la decisión del gobierno de establecer una cierta “fijación” de precios. “Es una herramienta bien diseñada y construida, equilibra bien la responsabilidad entre el estudiante, las instituciones y el Estado. El problema que tiene es la fijación de precios indirecta que se produce al restringir el cobro de lo que el proyecto llama el remanente, que es la diferencia entre lo que cubre el arancel regulado y el copago. Esa diferencia, para los quintiles del 1 al 6 no se le podrá cobrar. Tiene que hacer un crédito interno de la institución. Eso en la práctica, con la dificultad que tiene cobrar, es una fijación de precios en que se indexa el arancel con lo que te alcance, dependiendo del nivel socioeconómico del alumno, y lo que te alcanza a cubrir el crédito”, concluyó.