El actual académico de la Universidad Diego Portales (UDP) y ex ministro Secretario General de Gobierno (1994-1998), José Joaquín Brunner, ha sido uno de los expertos que desde hace años viene solicitando cambios importantes al actual sistema de educación superior. Un modelo que en menos de 10 años duplicó su matrícula y complejizó la relación entres sus instituciones y el Estado, haciendo urgente una reforma en la materia. Sin embargo, a juicio de Brunner la ley que ayer comenzó a regir no fue exactamente la solución que esperaba.

¿Qué aportes entregará la nueva Ley de educación Superior?
Me temo que sus aportes puedan ser negativos. No es una ley que asegure la autonomía de las universidades. Establece múltiples y engorrosos controles burocráticos. No crea una gobernanza ágil para el sistema. Trae consigo poca Innovación. No asegura condiciones estables para un desarrollo sustentable de la educación superior universitaria y técnico-profesional.

La Ley establece nuevas reglas para la gratuidad: límite de cobro de arancel para alumnos que no están en gratuidad, universidades deberán asumir parte del costo de aquellos alumnos en gratuidad que superen la duración formal de la carrera, etc. ¿Cómo va impactar esto en las instituciones que hoy están adscritas en esta política?

La gratuidad está mal concebida y desde ya ha perjudicado a varias instituciones. El mecanismo para la fijación de precios de los aranceles es un invento que provocará múltiples dificultades en el futuro. En fin, esta ley es producto de muchas improvisaciones y ahora dependerá del gobierno evitar que su implementación desestabilice a la educación superior del país.

La nueva ley da plazo de 60 días para que las instituciones que están adscritas a la gratuidad decidan si permanecen en esta, con las nuevas reglas que se establecen. Cree que habrá fuga de planteles?

No creo que vaya a existir un cambio significativo en el número de instituciones que están en el régimen de gratuidad. El plazo dado por la ley es tan breve que impide movimientos. Más bien, aumentará la presión para que se corrijan los defectos del actual diseño y los daños colaterales que provoca.

En materia de acreditación , es un aporte la obligatoriedad de la acreditación institucional y si esto va a cambiar mucho el mapa de planteles que hoy existe en el país?

La obligatoriedad de la acreditación institucional es de las pocas materias de le ley que tiene un respaldo bastante transversal. El sistema necesita un procedimiento ágil y serio y transparente de evaluación externa de las instituciones y que estas, todas ellas, en cuenta de su desempeño y uso de recursos. No creo que vaya a producir grandes cambios en el actual panorama institucional. Y si algunas instituciones pequeñas y precarias deben cerrar el el futuro, en buena hora, con tal que se haga ordenadamente y se asegure la continuidad de estudios de los alumnos que sean afectados.