A pocos meses de las próximas elecciones presidenciales, en noviembre de 2017 y que, en marzo, deje el gobierno la administración de Michelle Bachelet, los profesores del país, una vez más, están en estado de alerta en contra del Ministerio de Educación (Mineduc), por la seguidilla de negligencias, actos de inoperancia, falta de respaldo y respuestas, sumado a la insistencia de sacar adelante el proyecto de educación pública que, ahora, está tramitándose en el Senado.

Lo cierto es que al interior del Magisterio hay, a estas alturas, hastío por la actitud que ha manifestado la Ministra de la cartera Adriana Delpiano (PPD), desde que asumió en el cargo el 27 de junio de 2015, designada por su amiga, Bachelet. Al interior del Colegio de Profesores hay preocupación y malestar por la deuda que varias municipalidades del país mantienen con cerca del 80% de los docentes, suma que superaría los $150 mil millones y que a modo de ejemplo se está dando en San Fernando (los docentes llevan tres semanas en paro), Santiago (en Cerro Navia) y Copiapó.

También mantiene en alerta a los docentes el proyecto de educación pública, con el cual el Ejecutivo pretende que los establecimientos tengan, en la práctica, que competir por captar clientes, clientes que son, nada menos, que los alumnos y mantener la asistencia para poder financiarse y funcionar. Los profesores, a diferencia de lo que busca el gobierno, piden que haya un financiamiento basal para la educación pública, lo que significa un presupuesto concreto y que no se tenga que depender ni de la asistencia y tampoco de la matrícula.

En entrevista con el Muro, Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores afirma que “la Asamblea Nacional Extraordinaria (del 30 de junio pasado) resolvió estar en estado de alerta y de creciente movilización. Es grave el endeudamiento que se mantiene, de parte de los municipios con los docentes y que, hasta ahora, no tiene solución y tampoco acción del Estado para ponerle fin al tema. Estamos en presencia de una grave ilegalidad”.

El dirigente del Magisterio plantea que “mantenemos la disconformidad con el proyecto de nueva educación pública y también, porque en las comisiones de trabajo que se han realizado con el Mineduc, prácticamente, no ha habido solución a casi ninguno de los temas planteados y, por lo tanto, hay mucho malestar en el trato que nos ha dado el Ministerio de Educación, el gobierno y el Estado. Ya ni siquiera estamos hablando de nuevas conquistas para el gremio, estamos hablando de que se cumpla la ley, como es el caso del pago de los salarios y de las previsiones, lo que no está ocurriendo con regularidad en muchas comunas del país”.

Agrega que “ese caso demuestra la inoperancia absoluta del Estado de Chile para hacer cumplir la ley, aquí está en cuestión el estado de derecho, incluso. Muchas veces, el gobierno y la clase política se vanaglorian de que en este país las instituciones funciones, yo le digo con total responsabilidad, que para el profesorado, hoy, las instituciones no están funcionando, porque no se están resolviendo estos abusos y estos graves incumplimientos legales”.

La educación pública de mercado

El presidente del Colegio de Profesores sostiene que en el caso del proyecto de nueva educación pública que “establece recursos para que se paguen una serie de deudas de los municipios antes que sean traspasados, no contempla, las deudas salariales entre los ítemes que debieran quedar resueltos, o sea, para el proyecto de ley es más importante resolver el pago de un proveedor que le vende papel higiénico al departamento de educación municipal y está asegurado que esa deuda quede saldada, pero no está asegurado que quede saldada la deuda salarial de los profesores y, eso, sería el origen de una deuda histórica dos, lo que es muy grave e inaceptable”.

Mario Aguilar afirma que entre los puntos de reparo de los docentes frente al proyecto de nueva educación pública está “el hecho de que se trate de un proyecto que mantiene la misma institucionalidad, el mismo sistema de financiamiento, mantiene a la educación pública bajo la lógica de mercado. Además, mantiene un currículo y una concepción educacional de tipo economicista que nosotros cuestionamos como gremio”.

En timonel del Magisterio comenta que “este proyecto que podría ser una gran oportunidad, no sólo no hace cambios, sino que profundiza la educación pública de mercado, porque sigue estableciendo los estándares, las certificaciones y las lógicas que corresponden más bien al campo empresarial productivo que al campo pedagógico. Es un proyecto que no modifica lo sustantivo del actual sistema municipal, sólo saca a los alcaldes de la gestión, pero no cambia el modelo de gestión, por lo tanto, no es solución a la grave crisis que tiene la educación pública hoy”.

-¿Cuál debiera ser el modelo de gestión que ustedes esperan?

Debiera cambiar el sistema de financiamiento, la subvención por asistencia es uno de los pilares del modelo neoliberal en educación, eso no se modifica, se mantiene exactamente igual y nosotros hemos dicho siempre que esperamos un financiamiento basal por presupuesto que le otorgara a las escuelas un financiamiento estable. Tendría que eliminarse la figura de sostenedor para la escuela pública, no nos parece que el sistema público tenga que ser regido por la condición de sostenedor que en el fondo es una lavada de mano del Estado que delega su responsabilidad en un tercer ente y, además, esa figura jurídica iguala a la educación pública con la particular, cosa que es un garrafal error. En cualquier país del mundo que tiene buena educación, la educación pública tiene una finalidad especial y tiene un tratamiento especial.

Daisy Castillo Triviños/EL MURO

Foto: Agencia Uno