Como señaló alguna vez Andrés Bello, primer rector de la Universidad de Chile, las universidades deben “tener como norte las necesidades de Chile y de su pueblo”, estableciendo que éstas debían ser un foro permanentemente abierto a la confrontación crítica de todas las ideas. Empero, durante la última década, cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas se han manifestado en contra de un Sistema de Educación Superior inmerso en las lógicas del mercado, al cual pueden acceder quienes tienen las condiciones económicas para hacerlo, o bien, los que asumen endeudarse a través con cifras millonarias.

Por tal motivo, el Proyecto de Reforma a la Educación Superior (PRESUP) reviste importancia no solo para regular un modelo que ha funcionado de manera descontrolada, y para fortalecer las Universidades del Estado, sino que, también, para asegurar un derecho social que hasta la fecha no ha sido más que una mercancía que se puede comprar. Sin embargo, debido a diversas disputas, el proyecto hoy se encuentra en un punto de inflexión. El gobierno ha decidido dividir la propuesta original esperando que ello facilite su aprobación en el Congreso.

Las Indicaciones Sustitutivas tienen por objetivo regular la calidad y el desorden en que se ve inmerso el sistema, mientras que se plantea un proyecto especial para el fortalecimiento de las Universidades Estatales. Compartiendo todas las críticas que ya se han hecho por parte del Movimiento Estudiantil durante este nuevo escenario, es necesario poner sobre la mesa un tema al que no se le ha brindado especial relevancia -por no decir que se ha omitido-, que tiene que ver con el Gobierno Universitario. Esta cuestión es de importancia trascendental, ya que define cómo se organizan en su jerarquía las universidades del país y, también, porque pone en evidencia lo que entendemos por democracia y cómo ésta se pone en práctica, ya bien entrados en el siglo XXI.

Por un lado, en las nuevas indicaciones hay leves referencias al respecto, lo que pone en evidencia que la derogación del famoso DFL-2, el cual impedía la participación de estudiantes y funcionarios en el gobierno universitario, si bien acogió una exigencia histórica del movimiento estudiantil, no buscó fortalecer de lleno la democracia en las instituciones de educación superior. Por otro lado, de lo que se sabe del proyecto particular de las universidades estatales, se establece un modelo de gobierno que configura a estas instituciones de la siguiente manera: (i) Consejo Superior; (ii) Rector; (iii) Consejo Académico y (iv) Contraloría Universitaria. Este Consejo Superior pasa a ser el máximo órgano colegiado de las Universidades, abarcando la mayoría de las funciones universitarias y quedando compuesto por ocho integrantes, tres de los cuales serán nombrados por el Presidente de la República.

Por otro lado, el Consejo Académico sería el órgano de representación de la comunidad universitaria, con funciones que no van más allá de brindar asesoría al rector. En base a este proyecto de reforma, los problemas que identificamos con la propuesta son los siguientes:

En primer lugar, que existan diferencias en el entendido democrático entre las Universidades Estatales y las Privadas es preocupante, pues la democracia y participación de la comunidad no pasa por lo que entiende cada proyecto en particular, sino que se corresponde con una visión global que deberíamos tener como país. Permitir que las universidades privadas generen el sistema de gobierno que estimen conveniente no solo tiene implicancia en desconocer lo que como país hemos venido construyendo los últimos años, sino que mantiene abierta la posibilidad de que un dueño o controlador defina cuál es el proyecto educativo de una institución en desmedro de su propia comunidad universitaria.

En segundo lugar, que cada institución del Estado deba tener tres representantes del gobierno en el órgano de toma de decisiones es preocupante en términos de la proporción que éstos representarían, y también en el sentido más profundo de cómo se concibe la Autonomía Universitaria.

Dejar a las Universidades del Estado al arbitrio de las definiciones de un gobierno particular puede poner en riesgo los proyectos educativos que llevan años desarrollándose en base a estrategias de largo plazo, al mismo tiempo que ubica a las universidades como un punto de disputa político que puede desencadenar en un escenario indeseable para la Educación Superior. Que el Estado debe cumplir un rol fundamental con sus instituciones, y su relación con éstas debe ser estrecha, no está en discusión, pues éste es el encargado de asegurar la viabilidad, ejecución y calidad de los distintos proyectos de educación, a través de una interacción cooperativa y con el objetivo de afrontar diversas problemáticas del país.

Sin embargo, ello no debe superar sus propias atribuciones, donde debe evitar caer en un intervencionismo sesgado al respecto, pues los lineamientos académicos, económicos, administrativos y la gestión de los mismos debe ser potestad de la propia comunidad universitaria. La relación es compleja pero no imposible de configurar.

En tercer y último lugar, crear un órgano que cuente con representación de todos los estamentos no genera ningún aporte real a la democracia en las instituciones si éste no cuenta con atribuciones que le permitan ser un actor relevante en el devenir de un proyecto educativo. Vale decir, la creación del Consejo Académico pasa a ser un símbolo del progresismo vacío -lo cual ha caracterizado a la política transicional hasta la fecha- pero que, en la realidad, no es más que una estrategia para apaciguar los ánimos de cambios mientras todo se mantiene estructuralmente de la misma forma. La participación efectiva de la comunidad no solo es deseable, sino también necesaria para el correcto desarrollo de un proyecto educativo enfocado en la búsqueda de soluciones y transformaciones de nuestra sociedad.

En este sentido, apreciar la experiencia de la Universidad de Chile es fundamental para entender las implicancias que esta reforma puede tener sobre las Universidades del Estado. Siendo la única universidad del Estado que ha cambiado sus estatutos desde la vuelta a la democracia, ha generado un órgano representativo de su comunidad denominado Senado Universitario, el cual ya cuenta con 10 años de experiencia.

El Senado es una forma de construir y vivir la democracia, pues reconoce en su comunidad y en el debate de estudiantes, académicos y funcionarios, la búsqueda de soluciones a diversos asuntos universitarios y la tarea de pensar y decidir el camino que la debe guiar, en base a un horizonte estratégico definido por el Proyecto de Desarrollo Institucional.

La expresión de la diversidad de miradas, la voluntad colectiva del proyecto universitario y el debate de sus miembros, representa la mejor concreción de los valores democráticos de nuestra sociedad, al mismo tiempo que se compromete con la formación de ciudadanos en el ejercicio mismo de la práctica democrática, cuestión que debiera ser una tarea de carácter obligatorio para todas las instituciones de educación superior.

Es paradigmático pensar que, en el corazón de la construcción y administración universitaria que promueve la Reforma a la Educación Superior, se vea el debate de la comunidad como algo meramente simbólico cuando, en nuestra experiencia, éste ha sido precisamente el punto fundamental que ha permitido a la Universidad de Chile ser pionera en la construcción de diversas políticas universitarias en los ámbitos de la Sustentabilidad, la Equidad e Inclusión y el enfrentamiento del Acoso Sexual; al mismo tiempo que ha generado tres documentos estratégicos respecto al futuro de la Educación Superior, e incluso ha presentado indicaciones al mismo Proyecto de Reforma, ejecutando así la complejidad de una institución decididamente preocupada del futuro del país, a través de la participación de todos sus integrantes.

Es por ello, entonces, que el gobierno no puede actuar en el gobierno universitario de la manera en como lo harían los accionistas o stakeholders sobre el directorio de una empresa, generando una cierta dependencia o necesidad de supervigilar el desarrollo académico, sino, por el contrario, éste debe estar pensado como un actor relevante para asegurar la ejecución del proyecto universitario. Las universidades cuentan con una misión que debe desarrollarse de manera independiente al gobierno de turno pero relacionada a las necesidades del país, de tal forma que la docencia, investigación y extensión tengan relación directa con la construcción de la Educación Pública y el modelo de desarrollo estratégico de la nación.

Por otra parte, debemos entender que la Autonomía Universitaria, representada en la toma de decisiones por parte de su comunidad, es fundamental para el desarrollo de una nueva sociedad, donde prime el diálogo, la discusión, reflexión y tolerancia. Así, creemos que éste es un punto central que se debe considerar en el contexto de los cambios que propone esta reforma, lo que junto con el fortalecimiento de universidades estatales, el fin al lucro en todas las instituciones de educación superior, poner fin al endeudamiento y la gratuidad universal, siguen siendo promesas por cumplir.

“otro deber, altamente significativo, compete a la universidad: el de tomar como suyos los problemas de nuestro pueblo y proponer para ellos soluciones trascendentes. La universidad (…)debe estar al margen de la política partidista, de las disensiones ideológicas y confesionales; pero (…) no puede estar al margen de los imperativos de justicia que impulsan el progreso social” (Eugenio González Rojas).