Rectores proyectan el nuevo rumbo de la reforma

Autor: Myriam Bustos, 27 de noviembre 2016

La discusión del presupuesto de educación superior podría marcar un inesperado efecto en el financiamiento del sistema. A partir de mañana, en el Congreso se retomará una negociación que terminará con más becas para las universidades privadas fuera del beneficio estatal, o con el gobierno defendiendo los criterios de la gratuidad ante el Tribunal Constitucional.

Rectores proyectan el nuevo rumbo de la reforma
Eduardo Silva, rector U. Alberto Hurtado: “El criterio debiese ser la calidad de las Ues; no pertenencia de ellas al Cruch”

El sacerdote valora que se privilegie la vulnerabilidad de los estudiantes como criterio para los beneficios estatales, pero no en planteles de calidad académica.

El fallo del año pasado del TC estableció que sólo se podía discriminar a los beneficiarios de la gratuidad por la calidad de los planteles (acreditación) y situación de vulnerabilidad del alumno. ¿Le parece razonable?

Es lamentable que el Tribunal Constitucional se haya transformado en el lugar donde se define la política educativa. En Chile, el lucro en universidades está prohibido por ley. Lo mismo puede ser garantizado para los IP y CFT que se acojan a la gratuidad. Verificado ese requisito es evidente que la calidad de la institución y la vulnerabilidad de los estudiantes deben ser criterios prioritarios al momento de asignar gratuidad, beneficios y apoyos estudiantiles. Pero no tiene ningún sentido transferir recursos a instituciones que lucran, ni financiar programas de baja calidad.
La oposición negocia con el gobierno un acuerdo para acercar los beneficios que el Estado entrega a los estudiantes y éste permitiría la extensión de becas, hoy sólo asignadas al Cruch, para Ues. privadas. ¿Considera que esta negociación reduce las discriminaciones en la educación superior?

Es difícil manifestarse respecto de propuestas que están en discusión y aún no han sido zanjadas. En materias de becas y beneficios que permitan el acceso de alumnos talentosos a la educación superior, el criterio fundamental debiera ser la calidad de la universidad con independencia de si pertenece o no al Cruch. Por ello, todo aquello que contribuya a facilitar el acceso a la educación superior de calidad de estudiantes pertenecientes a los deciles más bajos es bienvenido. También reduce la discriminación el que todas las privadas de calidad que cumplen con los requisitos de la gratuidad acojan esta política pública.
Hay rectores que han mostrado su molestia y preocupación, ya que sienten que el gobierno está cediendo ante presiones de la oposición, beneficiando a planteles privados que no cumplen las mismas reglas que los que están en gratuidad.

Lamentablemente, nos hemos vuelto partisanos y sectarios. El debate respecto de la reforma ha estado muy determinado por los intereses particulares y cada uno de los actores aparecemos defendiendo nuestra propia parcela. A ello se suman las caricaturas y las generalizaciones ideológicas, que no permiten reconocer la heterogeneidad de un sistema mixto, donde la calidad está distribuida. Mientras algunos defensores de un régimen público caricaturizan y denuestan a todas las privadas, los opositores a la reforma defienden todo lo privado y sospechan de lo estatal. Personalmente, creo que el trato preferencial que se debe dar a las universidades del Estado no debe perjudicar a las universidades privadas de calidad, estén o no el Cruch. El Estado debe velar por el conjunto del sistema; esa es su responsabilidad última.

De materializarse este acuerdo, ¿no estaríamos en presencia de dos gratuidades: una con restricciones, de matrícula y valor de aranceles, y otra en base a becas, sin fiscalización ni condiciones.

No es verdad que la entrega de becas sea sin condiciones ni fiscalizaciones. Es altamente probable que tengan un tratamiento muy similar a otros beneficios, sobre los que hay que rendir cuentas y disponer de altos estándares de transparencia. Lo que tenemos que hacer ahora es ser creativos para ver cómo la promesa de gratuidad universal se hace realidad a través de un conjunto de beneficios que aseguren que cualquier estudiante talentoso pueda acceder a una universidad de calidad. Como el título obtenido es también un beneficio personal, los aportes recibidos por gratuidad o becas pueden ser devueltos mediante impuestos a los graduados o créditos solidarios contingentes al ingreso. Es imposible pretender que el actual gasto privado sea enteramente reemplazado por gasto público.

Hay planteles que recibirán la beca que están o han sido investigados por lucro. Mientras que en el caso de los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales, algunos lucran, ya que se los permite la ley. ¿Se aleja de esta forma el espíritu de la reforma a la educación superior?

El lucro lesiona severamente la calidad académica y formativa de educación superior. Reitero que estas becas y beneficios deben darse a instituciones de educación superior sin fines de lucro. Los CFT e IP que se van a acoger al sistema van a firmar un compromiso de no lucrar. Pero el que una universidad haya sido o esté siendo investigada no es prueba de que lucre.
Aldo Valle, vicepresidente del Cruch: “Ya hace varios meses que se ha puesto en marcha la contrarreforma”

El rector de la U. de Valparaíso afirma que en 2017 se destinará una cifra histórica de recursos a las Ues. privadas, pero no habrá mejoras para los planteles estatales.

El fallo del año pasado del TC estableció que sólo se podía discriminar a los beneficiarios de la gratuidad por la calidad de los planteles (acreditación) y situación de vulnerabilidad del alumno. ¿Se ha cumplido eso?

Lo razonable es considerar también el estatuto jurídico y patrimonial de las instituciones que recibirán ese dinero público y las condiciones en que será administrado. No creo que esto último deba ser irrelevante, pues al margen de que los beneficios se otorguen para los estudiantes, el Estado tiene el deber de garantizar los fines públicos, entre los cuales no está que las instituciones puedan, por ejemplo, lucrar o hacer proselitismo alguno. Por lo mismo, no creo que alguien pueda dar una interpretación tan amplia y permisiva a ese fallo del Tribunal Constitucional. Poner requisitos a las instituciones en ese sentido no es discriminar respecto de los estudiantes. En todo caso, es un avance significativo en nuestra moralidad pública que hoy circulen en el debate político los conceptos de igualdad y no discriminación, que todos hablemos de ellos, especialmente si tenemos presente que vivimos en un sistema social tan segregado.

La oposición negocia con el gobierno un acuerdo para reducir las diferencia de los beneficios que el Estado entrega a los estudiantes y este permitiría la extensión de becas, hoy sólo asignadas al Cruch, para Ues. privadas. ¿Considera que esta negociación reduce las discriminaciones que existen hoy en el sistema de educación superior?

El acuerdo debería también reducir las diferencias en el estatuto jurídico y obligaciones de las instituciones que reciben fondos públicos. Hace muy poco tiempo, el señor contralor general señaló que las instituciones que recibían la mayor cantidad de dinero público en educación superior estaban al margen de toda fiscalización del órgano competente, según nuestro ordenamiento jurídico. Daba como ejemplo las transferencias por gratuidad, pero si se agrega lo que reciben por Crédito con Aval del Estado y otras becas, se trata de un cuantioso cheque en blanco. La discusión debe darse en estos términos y no en tanto si una institución pertenece o no al Cruch. Esta es una manera sesgada, pero también falaz, de poner esta discusión.

Este acuerdo que se discutirá mañana en el Congreso, ¿podría poner en duda el plan prometido por el gobierno para el fortalecimiento de las universidades estatales?

Hasta el día viernes había en el proyecto de ley de presupuesto, en el capítulo 9, un programa con el número 29 que lleva el nombre de “Fortalecimiento de la educación pública”, pero en realidad allí no hay ningún incremento presupuestario para las universidades estatales. Ese cambio fue iniciativa parlamentaria en 2015 y se incorporó para el año 2016. Esta es otra discusión engañosa, pues allí las universidades del Estado hasta hoy no han recibido beneficios o un trato mejor específico. Si alguien quiere hacer creer que allí hay un trato preferente o está muy equivocado o quiere justificar otras consecuencias respecto del dinero público. Lo que debe haber es una nueva relación del Estado con sus universidades que las considere como servicios públicos para efectos de su financiamiento y no solo para efectos de la fiscalización administrativa.

¿Cree que se está priorizando una negociación enfocada en lo económico y no en el resguardo de la calidad de las instituciones?

La urgencia por la gratuidad no fue acompañada proporcionalmente ni en forma simultánea por la urgencia para tener un nuevo marco regulatorio para la calidad y un nuevo régimen jurídico y patrimonial de las instituciones privadas. Todo se fue acomodando entre populismo y privatización, otro singular producto nacional. Este año, como nunca tendremos una millonaria transferencia de recursos públicos a la oferta privada, sin que haya más calidad en el sistema ni fortalecimiento de la educación pública.
Hay rectores que han mostrado su molestia y preocupación, ya que sienten que el gobierno está cediendo ante presiones de la oposición, beneficiando a planteles privados que no cumplen las mismas reglas que los que están en gratuidad.

Es lamentable que decisiones tan relevantes de la política pública terminen en negociaciones animadas por amenazas y temores, mucho más si el instrumento para ello es un recurso jurisdiccional. Todas las universidades del Consejo de Rectores prestan servicios sociales a sus estudiantes, no tienen controladores externos, se distribuyen a lo largo del país, y en promedio obtienen mejores resultados en investigación y vinculación con el medio. Estas razones no pueden ser indiferentes. A mi juicio, es más grave aún, se ha puesto en marcha la contrarreforma hace ya varios meses.

De materializarse este acuerdo, ¿no cree que estaríamos en presencia de dos gratuidades: una con restricciones, de matrícula y valor de aranceles, y otra en base a becas sin fiscalización ni condiciones.

No sólo habrá dos gratuidades, sino también una tercera, que es asumida por el Estado mediante la compra de carteras de crédito con aval del Estado de miles de estudiantes que por matricularse en instituciones que no dan garantías de fe pública desertan de las carreras, o llegan al mercado sin posibilidades de empleabilidad que les permitan cumplir con el pago de sus créditos, los que terminan siendo asumidos por el Estado. El proyecto de ley de presupuesto es un claro llamado a la expansión de la oferta privada sin restricciones , y, a la vez, me parece que establece el congelamiento de la oferta pública.
Ricardo Paredes, rector Duoc UC: “Parecería más conveniente tener becas sin condición a gratuidad con condición”

Si se llega a un acuerdo, ¿podría el Duoc UC optar por las becas y no por la gratuidad?

Efectivamente, el aumento de becas absolutas, no diferenciadas por arancel de referencia o por acreditación, permite que las instituciones que tienen menor acreditación y que menos cobran alcancen virtualmente la gratuidad para sus becarios. Ello no ocurre en el caso de las universidades del Cruch, donde la beca está vinculada con el arancel de referencia. No existen condiciones para las instituciones por el lado de las becas, respecto del crecimiento de la matrícula, y, en tal sentido, parecería más conveniente para una institución tener becas sin condición a gratuidad con condición. Creo que esto es producto de un diseño de un sistema de financiamiento que no es prolijo. Para los alumnos del Duoc UC, sí hace una diferencia notoria un sistema de gratuidad a uno de becas, incluso la Nueva Milenio, mejorada a $ 1,2 millones. Pero aunque las becas mejoraran sustancialmente, e incluso que para la institución fuera mejor no someterse a restricciones mayores, entendidas éstas en un límite razonable, creemos que es nuestro deber adscribirnos a la gratuidad. Ello, no sólo porque es beneficioso para nuestros alumnos, sino porque termina con una muy mala señal que hoy se da en la educación superior, y que surge de darles condiciones peores a los alumnos TP que a los universitarios.

¿Le parece que con este posible acuerdo habrá “dos tipos de gratuidad”? Una con restricciones y la otra libre.

No es propio de una política coherente de largo plazo, y que sólo la valoro en cuanto se muestra un avance para terminar con una discriminación hoy muy odiosa en contra de los alumnos TP.

¿Cómo ve la negociación que se está llevando a cabo para evitar el TC?

Veo el vaso medio lleno. Soy crítico de las improvisaciones, pero veo flexibilidad y trabajo serio de parte de los políticos por buscar una salida, aunque sea imperfecta, que permita que una porción importante de alumnos del sector TP, que son muy vulnerables, y que asisten a instituciones de elevadísima acreditación, puedan acceder a un beneficio equivalente al que acceden los estudiantes vulnerables universitarios.

Hay rectores del Cruch molestos por el cambio en las becas. Dicen que hay planteles que podrán optar por ellas y que no tienen límite de matrícula o arancel regulado. ¿Lo comparte?

Creo que, efectivamente, eso es un problema de diseño y que debe resolverse para el funcionamiento en régimen.