Iniciamos un nuevo curso escolar en un sistema educativo atribulado por la presencia de viejas y nuevas urgencias, así como por la aparición de nuevas incertidumbres y preocupantes incongruencias.

Sabemos que la educación es un bien público que nos concierne a todos, que nuestro futuro depende en buena medida de su calidad y que, precisamente por eso, no puede administrarse desde planteamientos políticos e ideológicos particulares, sino que debiera ser la sociedad en su conjunto, en su multiplicidad de tendencias ideológicas y culturales, quien se ocupara de él, evitando su modelación cíclica en función de los vaivenes electorales. Así pues, sabemos de la urgencia de alcanzar el pacto inteligente que precisa nuestro sistema educativo, a fin de abordar, cuanto antes, la mejora de algunos indicadores educativos esenciales en la sociedad del aprendizaje: la mejora del abandono educativo prematuro de nuestros jóvenes, elevar la tasa de graduación en secundaria postobligatoria de nuestra población activa…. Una urgencia tan encallada como la conformación del nuevo Gobierno.

Sabemos desde diciembre de 2013 que, “para obtener el título de graduado en la ESO será necesaria la superación de la evaluación final” (reválida). Sabemos también que “la evaluación final de ESO correspondiente a la convocatoria que se realice en el año 2017 no tendrá efectos académicos”, por tanto, no condicionará la titulación en la ESO. Sabemos que dicha exigencia es una excepción en los sistemas educativos europeos. Y sabemos también que el título de la ESO obtenido en el presente curso, tanto por la opción de Enseñanzas Académicas como por la de Enseñanzas Aplicadas, resultará válido para proseguir estudios en la Secundaria Postobligatoria en cualquiera de sus modalidades. Pues bien, si todo ello es así y la prueba final de la ESO de 2017 ni tiene ni validez académica, ni está previsto que sirva de pilotaje para convocatorias posteriores, al tiempo que tendrá un coste significativo (deberán ser profesores externos a cada centro quienes las corrijan), ¿para qué hacerla? Resulta incongruente, inconsistente e innecesaria. Así es que estará plenamente justificada la objeción de la misma, en tanto en cuanto se puede abordar la sustitución de la LOMCE por el nuevo marco normativo que precisa la educación española.

También sabemos desde diciembre de 2013 que, “para obtener el título de Bachiller será necesaria la superación de la evaluación final” (reválida). Igualmente sabemos que “la evaluación final de Bachillerato correspondiente a las dos convocatorias que se realicen en el año 2017 únicamente se tendrá en cuenta para el acceso a la Universidad, pero su superación no será necesaria para obtener el título de Bachiller”. Del mismo modo, sabemos que “el titular del Ministerio de Educación establecerá, antes del 30 de noviembre de 2016, las características, el diseño y los contenidos de la prueba final de Bachillerato”, cuya realización material corresponderá a las Administraciones educativas autonómicas. Asimismo, sabemos que esa prueba final de Bachillerato se referirá a cinco materias troncales generales (una de ellas vinculada a una modalidad de Bachillerato), dos materias troncales de opción elegidas por el alumno (según la modalidad de Bachillerato cursada), una materia específica también a elección del alumno y Lengua Valenciana y Literatura.

Pero nuestros estudiantes de 2º de Bachillerato, y sus profesores, han comenzado el curso desconociendo dichas características, así como la vinculación (y ponderación) de las modalidades de Bachillerato y de las diversas materias cursadas por aquellos con los diferentes Grados universitarios. Una evidencia de la incertidumbre en la que se halla sumido nuestro sistema educativo y de la irresponsabilidad de quienes la han generado. Una incertidumbre que ha de sumarse a la que afecta a los Técnicos Superiores de FP, de Artes Plásticas y Diseño y Enseñanzas Deportivas, desconocedores igualmente del procedimiento de admisión que hayan de superar para acceder a los estudios universitarios para el curso 2017-2018.

Tamaña incertidumbre exige la máxima urgencia en la clarificación de los procedimientos generales de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado que pudieran establecer las Universidades. Así pues, resulta imprescindible y de extraordinaria urgencia: a) hacer visible cuanto antes (por supuesto antes de Navidad) las características concretas de las pruebas de cada una de las materias; b) definir la adscripción de las materias troncales de cada modalidad de Bachillerato, y en su caso de las materias específicas que corresponda, a las ramas de conocimiento en las que figuran ordenadas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado (por cierto, una adscripción que debiera ser válida para todas las universidades públicas españolas, como ocurría con la PAU del 2008), y c) determinar la ponderación de las materias de Bachillerato para el procedimiento de admisión a la Universidad para el curso 2017-2018.

Estas dos últimas urgencias debieran clarificarse, incluso, para antes del 31 de octubre del presente año, al tiempo que se extiende dicha clarificación a los procedimientos de admisión de los citados titulados en FP, Artes Plásticas y Diseño y Enseñanzas Deportivas.

Una hoja de ruta y un calendario que no olvida la derogación de la LOMCE y su sustitución por una nueva ley de educación, aprobada a partir del pacto inteligente y responsable que la educación española necesita. Pero, mientras tanto, deberíamos entre todos (no es suficiente acuerdos parciales entre unas cuantas Universidades y/o comunidades autónomas  mirando hacia la anterior PAU) hacer frente a las incertidumbres, incongruencias y urgencias que he señalado. Para ello, nos vendría bien recordar aquellas palabras que Antonio Machado (y su Juan de Mairena): “Es más difícil estar a la altura de las circunstancias que au dessus de la mêlée”. Y las circunstancias de nuestros estudiantes de Bachillerato nos lo exigen.

Vicente Díaz es inspector de carrera y profesor de la Universidad de Alicante.