Este lunes, el proyecto de ley que busca reformar el sistema de educación superior experimentó un nuevo retraso, según la calendarización propuesta originalmente por el Gobierno.

Y es que la molestia del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), así como de los estudiantes y otros sectores de la educación, terminaron por convencer a la Mandataria de aplazar el envío de la iniciativa al Congreso, contraviniendo una vez más el anuncio de la ministra de Educación, Adriana Delpiano, quien había anticipado el ingreso del proyecto para esta semana.

“Esperamos poder contribuir y ser escuchados por quienes finalmente tendrán la decisión de dar el contenido final al proyecto que ingrese al Parlamento”, plantea el rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, vicepresidente ejecutivo del (CRUCH), quien en conversación con Radio Universidad de Chile se refirió a esta postergación.

“Tampoco somos partidarios de darle una prórroga indefinida a su ingreso, aunque queremos que todos tengamos la oportunidad de hacer ver nuestras opiniones antes de que se inicie su discusión legislativa. Además, porque, por lo que hemos podido saber hasta ahora, el proyecto tiene omisiones y deficiencias que queremos hacer saber al Gobierno, desde luego que con un sentido propositivo y constructivo”.

En ese contexto, reconoce que esto no se ha podido concretar en este último tiempo por lo que considera motivos justificables, como la discusión de la gratuidad y la Ley de Presupuestos, así como el requerimiento al Tribunal Constitucional y su posterior fallo.

“Antecedentes suficientes para entender por qué en estos meses no pudimos realizar ese trabajo previo. Mismos antecedentes que son útiles para entender que necesitamos darnos un tiempo adicional”.

En cuanto a los aspectos que considera necesario perfeccionar, destaca la propuesta de un diseño para una nueva institucionalidad pública que refuerce el rol del Estado en educación superior. “Pero creemos que aún hay insuficiencias graves en materia de marco regulatorio, de sistema de admisión, de principios y conceptos que están en la base de cómo imaginamos el nuevo sistema de educación superior para el país”.

Un sistema, exige el rector Aldo Valle, cuya solidez permita asegurar una proyección por los próximo 30 o 40 años. “Por eso nuestro interés de que el proyecto no ingresara al Congreso aún, tal como está”.

Asimismo, se refiere a las críticas que han surgido sobre la poca participación de los estudiantes en el proceso de construcción legislativa de los proyectos de educación.

“No solo respecto de los estudiantes. También los rectores reclamamos la necesidad de un diálogo más fluido y sistemático, lo que hasta ahora no ha sido posible. Pero también debemos hacer un esfuerzo para que los otros actores, y desde luego las organizaciones estudiantiles, sean escuchados, si hablamos de un proyecto nacional para el desarrollo de la educación superior en el país”.

Sin embargo, advierte que esto no significa que necesariamente se deba acoger todo lo que propongan los diversos sectores. “Con esto tampoco se le está diciendo al Gobierno que no deba tomar las decisiones finales. Pero, desde luego, hay que hacer el esfuerzo por escuchar y generar acuerdos más transversales”.

En suma, una reforma que sea el resultado de la convicción no solo de un gobierno, sino también de una comunidad universitaria y académica, “que me parece es un apoyo que estructuralmente va a necesitar el proyecto de reforma a la educación superior, porque también hay mucha gente que está en contra”.

Oposición a los cambios y estrategias del Ejecutivo

Precisamente a propósito de las oposiciones y resistencias que supone toda reforma estructural, y que inevitablemente afecta distintos intereses, el rector se centra en la relación entre el Ejecutivo y aquellos actores que podrían ser el soporte social para apoyar estos cambios.

“El Gobierno presenta un déficit político, porque ha atendido más a las críticas de quienes finalmente tienden a defender el statu quo en materia de sistema educacional en el país, y no me refiero solo a educación superior, y no a atender a aquellos que pueden ser coadyuvantes. Es decir, fuerzas que con independencia y con autonomía van a apoyar los proyectos de la reforma, sin que tengan alguna voluntad comprometida con el Gobierno, o con determinados intereses corporativos”.

Por ello, considera fundamental generar ese cambio, considerando que las reformas sustantivas y estructurales no pueden quedar reducidas al ámbito del espacio del sistema político. “Deben ser capaces de producir transformaciones, con el apoyo de las distintas fuerzas sociales que finalmente se van a encontrar en la definición de estas reformas, porque no solo afectan determinados ámbitos de la vida nacional, sino que cruzan transversalmente definiciones estructurales sobre la sociedad que queremos construir”.

Una discusión que para el vicepresidente ejecutivo del CRUCH es necesario dar y enfrentar, a pesar de las dificultades que puedan surgir. “Es mucho mejor eso a que actores sociales relevantes digan que no han sido parte ni se sienten parte de esta reforma. En ese mismo momento el conflicto se reduce a unos actores que tampoco dan cuenta de la diversidad de la sociedad chilena”.

También se detiene en las críticas al Gobierno por su falta de claridad y capacidad para mostrar el horizonte hacia el que se dirigen los procesos, así como las dudas sobre si se trata de un error de diseño o la falta de sentido y comprensión de lo que significa el fortalecimiento de la educación pública.

“Existe una diversidad de factores en estas ambigüedades. Uno no solo aprecia falta de convicción, sino también de claridad, en términos de cuál es el sistema de educación superior que queremos que resulte después de hacer esta reforma”.

En ese sentido, comprende que en un Gobierno no todos piensan igual. “Incluso, en las sociedades democráticas es bueno que dentro de los gobiernos tengan opiniones distintas. Pero no pude ser que esa diversidad lleve finalmente a la poca claridad, a la falta de carácter y a que el Gobierno termine omitiéndose en algunos temas. Creemos que es muy importante que tenga discusiones internas, pero que en algún momento aparezca con claridad un sentido y un horizonte”.

Por ello, destaca la situación que afectó a tres universidades estatales por quedar excluidas, en algún momento, de la gratuidad, como consecuencia del proyecto de ley corta. “Eso muestra la falta de claridad y convicción, pero más que eso todavía, dispersión e inconsistencia, lo que desde luego no es bueno para un Gobierno. Eso finalmente daña las capacidades que debe tener y que podemos exigir”.

En consecuencia, asegura que deben abordarse ciertos temas, por muy difíciles y discutibles que sean. “De otra manera podemos terminar simplemente con un gatopardismo en educación superior que no le hará bien al país. Yo no creo que esa sea la voluntad del Gobierno, pero a veces trata de evitarse conflictos mayores, lo que ocurre en un ambiente, reconozcámoslo, de enemistades contra la Reforma, tanto declaradas como no declaradas”.

Enemistades abiertas y ocultas, las que según el rector Valle, también se distribuyen en los distintos sectores políticos. “No de una manera homogénea o proporcional, pero son temas que legítimamente generan diferencias intelectualmente muy atendibles y explicables. Lo importante es que los gobiernos sean capaces de señalar el horizonte”.

En ese sentido, destaca la visita del lunes de los rectores del CRUCH a La Moneda. “Ha habido una acogida muy pertinente de parte de la Presidenta de la República, lo que nos permite detener un poco la marcha y revisar y analizar este proyecto, escuchando, porque lo hacemos precisamente en favor y no en contra de la reforma”.

Finalmente, no duda a aseverar que el plazo no debe pasar de marzo. “Por lo mismo debemos trabajar intensamente en enero y ojalá en febrero, no necesariamente todo el mes. La reflexión también requiere de cierto retiro. Y volver en marzo con discusiones bastante más configuradas que las que tenemos hasta hoy. Me parece que es un plazo prudente y razonable”.