Al interior del Mineduc hay quienes recibieron la idea como un balde de agua fría. La posibilidad de que el Gobierno gestione una ley corta que modifique la glosa de gratuidad, dejando fuera a tres universidades estatales, fue visto como un paso más dentro del errático camino que ha seguido el Ejecutivo en una de sus promesas estrella.

Pero el balde cayó congelado también en La Moneda. Según fuentes que conocen el tema, Michelle Bachelet montó en cólera y lo hizo saber al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, porque la Presidenta quiere que se solucione el conflicto de la gratuidad, pero sin sacrificar a las universidades estatales.

No es secreto al interior del Gobierno que el protagonismo lo tiene el titular de Hacienda; un comentario que en La Moneda recorre los pasillos. Según esas mismas fuentes, el objetivo es la UDI: que cualquier paso tocante a la gratuidad evite que el gremialismo vaya otra vez al Tribunal Constitucional y se anote una victoria.

Junto con Valdés –quien ha tenido este proceso en sus manos–, es el ex ministro de Educación y actual Segpres, Nicolás Eyzaguirre, quien lleva las riendas de esta materia y que, en su definición, tiene incluso más protagonismo que la propia ministra de Educación, Adriana Delpiano, aunque fuentes de La Moneda insisten en que todas las alternativas que se barajan para avanzar en gratuidad postportazo del TC, han sido discutidas por los ministros del Comité Político junto a la titular de Educación.

Según fuentes gubernamentales, la alternativa que llevan adelante Valdés y Eyzaguirre, de marginar a universidades estatales, efectivamente existe –junto a otras–, pero figura dentro de las más importantes y las tres universidades que quedan fuera recibirían como compensación recursos por otra vía. Sin embargo, despierta fuertes críticas al interior del propio oficialismo, porque la lectura es clara: sería una gran derrota para la reforma, que en sus bases distingue entre universidades estatales y privadas.

Incendio en el Cruch

Así como algunos sectores al interior del Gobierno tuvieron un amargo desayuno con la noticia, la escena se replicó para los distintos actores de la educación. Entre los rectores, la información estuvo marcada por el desconcierto. Desde el lunes la única seguridad que había tras la resolución del TC, era que si había un grupo de universidades aseguradas eran las del CRUCh, incluyendo a todas las estatales, información que había sido entregada por el Mineduc y ratificada por distintos personeros de la Nueva Mayoría en los medios de comunicación.

La molestia fue tal, que a primera hora el rector de la Universidad de Chile y presidente del CUECH –que asocia a las universidades estatales–, Ennio Vivaldi, convocó a una conferencia de prensa antes de reunirse con el resto de los rectores. Allí aseguró que “de ser correcta esta interpretación que se aplica ahora, estaríamos ante una situación que realmente sobrepasa el realismo mágico (…). Por eso que prefiero pensar que esto es un trascendido que no tiene ninguna base”.

“Es un insulto gratuito a las tres universidades estatales que queden fuera del sistema de gratuidad. No solamente por el tema de esas tres universidades, sino por el tema de fondo: si aparecemos aquí aceptando que el Estado no es ni siquiera capaz de dar educación gratuita a sus propias universidades”, agregó.

Según fuentes cercanas a los rectores, la información siembra un manto de dudas sobre la posibilidad de maniobra que tiene el Mineduc ante el proceso de gratuidad para el 2016; esto, debido al rol protagónico que han tenido otros ministros de Gobierno, como Valdés y Eyzaguirre. Recalcan el hecho de que cuando se da a conocer esta alternativa por medio de la prensa, la ministra Adriana Delpiano se encontraba en Valparaíso.

Esta línea es apoyada desde el movimiento estudiantil. La presidenta de la FECH, Camila Rojas, señaló que la propuesta u opción que se está barajando al interior de la Nueva Mayoría “nos deja en una situación bastante compleja en la medida que aquellos que tienen mayor voz siguen siendo Hacienda y la Segpres, por lo tanto, es una situación en donde el Mineduc no tiene ninguna fuerza y esto nos preocupa sobremanera, en la medida que todas las políticas impulsadas tienen como eje rector el Presupuesto y no la educación misma”.

Otra de sus preocupaciones son el carácter de las tres universidades que quedarían fuera. Según la dirigenta, son “instituciones que son polos de desarrollo regional, como la Universidad Arturo Prat y la Universidad de Los Lagos, que no tienen beneficio alguno. Por otro lado, la UTEM, en el caso de Santiago, que tiene un 95% de estudiantes vulnerables, tampoco recibirá beneficios. El Estado ha condenado durante todo este año a esas universidades y ahora se les da el golpe fatal de no incluirlas en el beneficio de la gratuidad”, agregó.

Las reacciones ante el trascendido llevaron a la ministra Delpiano y al ministro Valdés a intentar poner paños fríos a la situación. “Ninguna universidad estatal debería quedar fuera de la gratuidad”, indicó la titular del Mineduc, mientras que el ministro de Hacienda manifestó en una reunión con los parlamentarios de la Democracia Cristiana –cuyo objetivo era analizar el proceso de gratuidad 2016– que existía el compromiso desde el Gobierno de que serían incluidas todas las universidades del Estado en la gratuidad.

La piedra de tope es la argumentación del Tribunal Constitucional, la que sería dada a conocer luego de la reunión que sostendrán los integrantes de dicha entidad durante el día de hoy. Sobre la base de dicha resolución, es posible que se pueda incluir a todas las universidades estatales en una Ley Corta; si no, los recursos se darían por medio de aportes basales a las instituciones, una atribución que hoy tiene el Ejecutivo.

En tanto, esta mañana sesionará el Consorcio de Universidades del Estado (CUECH) y es posible que cuente con la participación de los tres rectores de las universidades estatales que quedarían fuera. Posteriormente, durante la tarde, se reunirán con la Mesa Ejecutiva de la Confech. Uno de los puntos centrales de los encuentros, además de la posibilidad de marginación de instituciones del Estado de la gratuidad, tendrá que ver con las características de dichas instituciones: dos de ellas regionales y con un alto porcentaje de estudiantes precarizados.

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