Ministra de Educación, Adriana Delpiano, abordó la economía y la promesa del 70% de gratuidad al 2018:
“Cuando tienes la mitad de ingresos se aplana el logro del objetivo, se lentifica”
La secretaria de Estado explica que serán las condiciones económicas del país las que permitirán seguir avanzando en el financiamiento a la educación superior, y adelanta que el sello de la reforma, que ingresa esta semana al Congreso, estará centrado en la calidad de las instituciones.
María José Ahumada y Javiera Herrera , El Mercurio, 28.12.2015
“Feliz gratuidad”. El miércoles, en víspera de Navidad, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, llegaba a las dependencias de su cartera y era recibida por su equipo, quienes reemplazaron el habitual saludo navideño, jugando con la aprobación de la glosa de gratuidad para el 50% de los estudiantes más vulnerables del país.
A pesar de mostrar signos de cansancio y haber pasado las semanas más intensas de los seis meses que hoy cumple en el ministerio, Delpiano esboza una sonrisa, y luego agrega: “Duermo poco, pero no hemos perdido el buen humor. Cuando me vean de mala cara es que estamos sumamente mal”.
En esta entrevista con “El Mercurio”, la ministra se toma el tiempo para explicar las razones del Gobierno para partir por la gratuidad en el 2016 y adelanta los objetivos de la reforma a la educación superior que, asegura, será presentada esta semana al Parlamento. Además, realiza un balance de su paso por la cartera y reconoce que “nadie se hace famoso siendo ministro de educación. No necesito hacerme famosa tampoco. Al final del período solo veo un tejido y mis nietos como posibilidad”.
-Ministra, ¿existe una autocrítica ante el escenario que tuvo al sistema universitario, a los estudiantes, e incluso al Gobierno, estresados con el fallo del Tribunal Constitucional, que finalmente declaró discriminatoria la glosa presentada por el Ejecutivo para lograr la gratuidad el 2016?
-Uno se puede hacer muchas autocríticas y no quiero evitarlas, pero había diferentes visiones. El tema beca-gratuidad fue una tensión. Había gente que pensaba que, dado que era un solo año, con la beca bastaba. Pero el Gobierno no tenía esa mirada, no quería tener una señal de mejoramiento de becas, sino un giro de decir que esto se relaciona con la ley que vamos a enviar el día de mañana. Y aquí hay un tema que es de fondo: para un sector, el eje estaba puesto solo en el alumno, y para el Gobierno estaba puesto en el alumno vulnerable y en la calidad académica de la institución.
-¿Considera que faltó diálogo?
-Había posturas distintas. No sé si solo con un trabajo prelegislativo habríamos logrado ponernos de acuerdo. Hace unos años, hablar de gratuidad era prácticamente imposible, no había piso para eso. Creo que todo lo que ha pasado ha significado para el país dar un paso en una valoración de la educación superior, no como un lujo que se pueden dar algunos, sino como un derecho al cual se debe llegar por méritos académicos.
-¿Por qué deciden partir el 2016 y no el 2017, como estaba presupuestado en el programa de Gobierno?
-Chile es uno de los países que tiene mayor aporte privado para la educación superior. El tema de lo caro de la educación y la gratuidad fue una demanda que tomó también a los adultos y la Presidenta decidió avanzar en la gratuidad y la idea de ponerlo en una glosa era poder anticipar el tema con instituciones que tuviesen garantías de calidad. Porque la discusión de la ley (de reforma a la educación superior) va a tomar muchos meses, si es que no el año completo. Y en ese sentido se iba a ver muy postergado este compromiso de avance hacia la gratuidad. Por eso la Presidenta decidió hacerlo.
-Una de las alternativas que se trabajaron después del fallo del TC fue la posibilidad de que tres universidades estatales no accedieran a la gratuidad, ¿usted compartía esa visión o fue algo que planteó el Ministerio de Hacienda pensando en los recursos?
-No. Nunca se planteó sacar a las tres universidades estatales. Lo que se planteó fue encontrar una fórmula para el traspaso de los recursos distinta, y después eso fue desechado. Nunca estuvo, y quiero ser tajante, la posibilidad de sacar esas tres universidades, que siendo del Estado, solo este tiene la responsabilidad de mejorarlas si tienen menos acreditación.
-Sin embargo eso fue lo que se comentó en el Parlamento.
-Es que fue uno de los cuestionamientos que hizo la derecha, que se estaban pidiendo criterios distintos para las universidades privadas y para las del Estado: de cuatro años para algunas y había tres que tenían acreditación de tres años. El gran debate, y lo entendió la derecha, es que solo el Estado puede tener la responsabilidad de mejorar las universidades estatales. Lo que se estableció y consagró es que las universidades del Estado tienen un tratamiento especial y distinto.
-¿Se imaginaba todo el apoyo que despertó el rechazo a la supuesta exclusión de las universidades estatales? Porque el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, fue claro en decir “o todas, o ninguna”.
-Fue muy bueno, porque fue una señal muy potente al país de que efectivamente las universidades del Estado no son una más. El Estado les puede pedir determinadas cosas, pero también tiene que apoyarlas de una determinada manera.
-¿En qué posición quedan las universidades que no adscriban a la gratuidad ahora?
-Los alumnos mantienen las becas y créditos con aval del Estado exactamente igual. En todo el período de transición ya veremos lo que dirá la ley, si van a existir instituciones que sean privadas con derecho a fijar el arancel que les parezca, pero sin necesariamente tener apoyos estudiantiles. Y habrá otras que adscriban y que podrán tener todos los apoyos estudiantiles.
Sello de calidad
-¿Cómo se relaciona la gratuidad 2016 con la reforma a la educación superior?
-La ley que viene tiene un foco muy fuerte en la garantía, en la regulación y en el financiamiento. Aquí hemos encontrado una modalidad de financiamiento, pero así como la glosa tuvo su debate y su sello de discusión en términos de cómo se avanza en gratuidad, en la ley larga el sello está puesto en otro lado, está puesto en cuál es la institucionalidad que el país se da para garantizar que no exista ninguna institución no acreditada. El sello va a estar en tener subsecretaría, superintendencia y agencia de acreditación de otro nivel del que tenemos hoy.
-¿Se ingresará el proyecto en diciembre?
-Ahora, a finales de diciembre.
-Pero varios parlamentarios, el senador Carlos Montes, por ejemplo, han pedido que se atrase. Usted también era de esa idea.
-Pero claramente la Presidenta tomó la decisión de cumplir con un compromiso que ella hizo. Cuando el proyecto de educación pública se atrasó un par de meses, los titulares eran terribles: “¡Una vez más se posterga!”, como si se cayera el mundo. Entonces, la Presidenta no quiere que se caiga el mundo, porque se hace un punto de incumplimiento en esta materia. La verdad es que el proyecto de educación superior está en revisión, pero nos habría gustado tener más tiempo para un trabajo prelegislativo, hemos dado la vuelta con todos los partidos políticos.
-Se ha dicho que podrían ser dos proyectos: uno enfocado a cambiar el marco regulatorio de la educación superior y otro que regule el nuevo financiamiento. ¿Será uno o dos proyectos finalmente?
-Se va a presentar un proyecto. Hay un tema que está pendiente, que no sabemos si va en la ley general o como ley específica, que tiene que ver con un conjunto de elementos pedidos por los parlamentarios y que para nosotros es una necesidad, que es alivianar las condiciones de funcionamiento de las universidades del Estado, que tienen un conjunto de restricciones que no tienen las privadas: las compras públicas, el paso por Contraloría, la necesidad de refuerzos para poder incentivar el retiro de sus académicos, etc. Eso no está definido.
-Siendo un proyecto tan grande, ¿estará listo el 2016 para que pueda aplicarse desde el 2017?
-Esperamos que sí, por supuesto, y nuestro mayor anhelo es que no tengamos que volver a una glosa. Aunque el tribunal no cuestionó en definitiva que una política se pusiera en la glosa. Pero no es lo deseable.
-¿No teme que la oposición vuelva a impugnar la reforma el próximo año? ¿Cómo van a manejar eso?
-Cada día tiene su afán. Lo que está puesto en la glosa también dialoga con lo que viene para adelante, entonces no debiera haber mayores dramas.
Situación económica
-Para muchos expertos, la gratuidad está en retirada y ellos apuntan a la necesidad de un sistema mixto, principalmente por la dependencia de la economía. ¿Cómo se explica que muchos países desarrollados vayan por un sistema mixto y Chile hacia la gratuidad?
-Eso tiene que ver con una condición del país. Este es un país profundamente desigual. Este tema tiene que ver con las condiciones en que está el país de inequidad. A todos nos ha subido el piso, pero estamos a distancias siderales en materia de ingreso y de lo que se gasta en educación superior.
-¿Incluso cuando la situación económica enfrenta un momento adverso?
-Creo que hemos hecho una cosa bastante responsable. Con los estudiantes lo hemos conversado muchas veces: ellos no están reclamando el séptimo decil (de gratuidad) para mañana, ni el décimo para pasado mañana. Se entiende que efectivamente esto es un camino, una cosa paulatina y que se irá avanzando en la medida que tengamos los recursos, que el país se afiance. Si tenemos un país con US$ 20 mil per cápita, es distinto a uno con US$ 25 mil o US$ 30 mil y relativamente bien repartidos. Porque hoy tenemos US$ 20 mil, pero cualquiera puede decir ¿dónde están los míos? Porque no los ve. Entonces, tenemos un país que tiene bajos ingresos porque tenemos mala distribución de los ingresos.
-¿Se va a cumplir con la promesa de la Presidenta de llegar a un 70% de gratuidad al final de su mandato?
-El ideal sería eso. La gran meta es haber partido con la gratuidad y las condiciones económicas del país van a permitir seguir avanzando. Cuando se hizo el programa de gobierno, con este planteamiento, teníamos el cobre a cuatro dólares la libra. Cuando tienes la mitad de ingresos se aplana el logro del objetivo, se lentifica, independientemente de la reforma tributaria. Entonces, más que decir fecha, cuándo y cómo, creo que es muy importante -y la ley lo va a señalar-, bajo qué criterios se va a medir.
-¿Cuáles son los desafíos que tiene la educación superior?
-Mejora de la calidad, mejorar la regulación del sistema y hacer avanzar la trayectoria del alumno: que alguien pueda entrar, salir, volver y seguir perfeccionándose.
-Cuando llegó al ministerio estaba en medio del paro de profesores que duró 60 días, y ahora la tramitación de la gratuidad duró casi 3 meses. Si tuviese que hacer una evaluación, ¿qué fue más difícil?
-Son distintos casos, las dos fueron dificultades muy grandes. En la primera, la responsabilidad era básicamente del ministerio. La segunda fue una responsabilidad compartida porque era parte de la Ley de Presupuestos, por lo tanto fue un trabajo arduo, pero mucho más compartido.
-En esta nueva etapa, ¿se compromete a un mayor diálogo con la oposición para no pasar por todo esto?
-El diálogo se va a dar donde se tiene que dar, en el Congreso, porque no hay más tiempo. Ellos tienen todas las posibilidades de invitar a toda la gente, escuchar a distintas personas. Buscaremos los mayores acuerdos posibles. Mi tendencia natural es a buscarlos, porque creo que en educación uno puede tener diferencias, hay factores ideológicos muy fuertes, pero la educación es una política bien de Estado. Yo soy una convencida de que una institución de educación superior es mucho más que la calidad académica de sus profesores, tú haces una vida ahí.
”Nunca se planteó sacar a las tres estatales. Lo que se planteó fue encontrar una fórmula para el traspaso de los recursos distinta”.
”No sé si solo con un trabajo prelegislativo habríamos logrado ponernos de acuerdo”.
”Esto es un camino, una cosa paulatina, y se irá avanzando en la medida que tengamos los recursos”.
”El proyecto de educación superior está en revisión, pero nos habría gustado tener más tiempo para un trabajo prelegislativo”.
“Cuando hay recursos públicos involucrados, hay responsabilidades, y las universidades van a tener que cumplir”
-¿Cree que el “sí” de la Universidad Católica a la gratuidad le dio piso a la ley corta?
-No me atrevería a decir eso, pero sin duda lo valoramos mucho. Valoré mucho el gesto del rector de venir a comunicarme antes de que la UC hubiese tomado esa decisión.
-¿El Gobierno estaba preparado para un “no” de la Universidad Católica?
-Habría sido lamentable, pero el adscribir es algo absolutamente voluntario. Esa posibilidad existía, al igual que la Universidad Diego Portales (UDP) no quisiese entrar. No estábamos en una angustia.
-¿Qué cree que pensó el rector de la UC, Ignacio Sánchez, que finalmente decidió entrar a la gratuidad?
-Creo que él siempre tuvo la duda, tuvo el temor de si nos íbamos a meter a regular cosas que son parte de la autonomía. Fue un gesto de confianza, y me imagino que también los propios universitarios pueden haber dialogado con él y manifestado su interés de que la universidad no se quedara fuera y entrara en gratuidad.
-Rectores como Sánchez y Carlos Peña, de la UDP, ven en riesgo la autonomía de sus instituciones por la reforma. ¿Cómo se enfrenta esa crítica?
-La autonomía universitaria es un bien que está establecido en el país, y se entiende en su sentido amplio y más estricto que tiene que ver con la autonomía de cátedra. Ahora, efectivamente cuando hay recursos públicos involucrados, hay responsabilidades, y las universidades van a tener que cumplir con los convenios que se establezcan con ellas. Y creo que son fantasmas que de pronto circulan en este tema. Las leyes se discuten democráticamente, pero creo que adelantarse a pensar algo que no está ni dicho ni escrito no corresponde.
“Nadie negará el papel que en muchos aspectos ha jugado Educación 2020”
-Usted viene de Educación 2020. ¿Qué aspectos de su experiencia ahí utilizó para el diseño de la reforma?
-Creo que la experiencia es que se puede incidir y participar en las políticas públicas no solo desde el Estado, sino que desde la sociedad civil. Nadie negará el papel que en muchos aspectos ha jugado Educación 2020 en dar señalamientos, en proponer, en abrir el debate. Eso es parte de una discusión política pública, pero con una mirada de la sociedad civil. Y lo otro que rescato son estilos de trabajo: a la administración pública a veces le cuesta más flexibilizar el estilo de trabajo, y, por ejemplo, las comunicaciones digitales que hoy tiene el Mineduc, en parte se la debemos a 2020.
-¿Y cómo responde usted a las críticas de la Nueva Mayoría que dicen que el Ministerio está tomado por 2020, por Revolución Democrática?
-Llegué a un ministerio en que prácticamente no he cambiado a nadie. Aquí efectivamente hay independientes que adhieren al programa de Gobierno. Tener una subsecretaria que es independiente creo que es una señal política importante, porque esta coalición representa a los partidos políticos que la sustentan y a un porcentaje muy importante de ciudadanía que adhiere al Gobierno, y eso estaba en el ministerio, y lo que he hecho es confirmarlo.
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