TRIBUNA

Vuelve a la actualidad la reforma de la universidad en España. Si hay una institución a la que cabe demandar una permanente tensión de mejora, de avance, esa institución es la universidad. Solo desde una permanente apertura al progreso se puede estar en la vanguardia de la investigación y la docencia, como corresponde a las instituciones de educación superior. Pero, además, la reforma universitaria es también un mandato electoral.

La organización de los estudios universitarios ha sido objeto reciente de una disposición que flexibiliza la duración de los estudios de grado y de máster. La aprobación en estos días de un decreto que capacita a cada universidad, siempre en uso de su autonomía, a ofrecer determinados estudios en forma de titulaciones de grado, impartidas a lo largo de tres años, aporta esa norma flexibilizadora. Considero que hay un avance fundamental en esta decisión, que ni se impone ni se plantea con pretensiones de instantaneidad en su aplicación. Muy al contrario, supone dotar a la universidad de un instrumento más avanzado para el ejercicio de su autonomía. Como es bien conocido, hay grados que conllevan capacitaciones profesionales muy concretas que tienen su propia normativa, incluso desde el punto de vista de la duración. Para nada afecta, ni puede afectar, la nueva normativa a esos estudios.

La autonomía universitaria no puede entenderse como autogestión dirigida a satisfacer los intereses internos. Más bien debe representar una capacidad para organizar y estructurar su propio ámbito académico, en el que la excelencia en el desempeño de la actividad docente e investigadora constituya el objetivo fundamental. Naturalmente, todo ello basado en una rendición de cuentas por parte de los responsables de la gobernanza.

En el prolongado y burocrático proceso de adaptación de nuestro sistema universitario al espacio europeo (Bolonia) se cometieron diversos errores. El mayor fue concebirlo como un sistema absolutamente homogéneo, que no dejó otra opción para la mayor parte de las enseñanzas que la de ofrecerse en grados impartidos a lo largo de cuatro años. De ahí que la mayor parte de los títulos posgraduados de máster se plantearan para su impartición en solo un año.

Sin embargo, son muchas las ventajas que se pueden derivar de la posibilidad de ofertar grados de tres años. La primera es la mayor facilidad para homologar y establecer equivalencias con las enseñanzas de muchas universidades europeas, la mayor parte de las cuales ofrecen grados de tres años. La segunda es igualmente de dimensión internacional. Con esta opción —que en ningún caso excluye enseñanzas de mayor duración— se puede atraer con más facilidad a estudiantes extranjeros. Como profesor con muchos años de desempeño en la universidad española estoy convencido de que hay muchos sectores de nuestras universidades públicas que pueden aspirar a ser parte de esa movilidad internacional de estudiantes de todo el mundo. Podemos y debemos tener más estudiantes extranjeros, pues nuestras cifras en este aspecto son mucho más modestas de lo que podrían ser. La tercera ventaja, no menor en importancia, es que muchas universidades podrían ofrecer titulaciones claramente destinadas a la empleabilidad adaptadas a los referidos tres años, garantizando la calidad de los contenidos y, por qué no, el ahorro en tiempo y dinero. Esa posible innovación en los títulos sin duda no estaría al alcance de todas las universidades, ni tampoco de todas ellas de la misma manera. Lo que sucede es que aquí aparecería la palabra “competencia”, un concepto fundamental, pues las universidades son diferentes y no se debe temer a esa oferta diferenciada.

Expertos diversos aseguran que muchas de las profesiones (regladas) que se necesitarán en un futuro no muy lejano aún no se están enseñando de manera sistemática. La opción de estructurar grados de más corta duración que los actuales debe facilitar esa creatividad universitaria que tanto necesitamos. La universidad es el territorio natural para abrir la formación en nuevos caminos que el progreso científico y el avance tecnológico han de convertir en tareas habituales, en nuevos servicios altamente demandados. La conexión con la formación profesional es, en este aspecto, fundamental. No podemos permanecer por completo anclados a unas enseñanzas regladas en las que no cabe tocar la duración.

Opiniones como las que preceden son compartidas por muchos universitarios y ciertamente también —así me consta— por muchos de los que desempeñan responsabilidades a nivel rectoral. También es cierto que otros abogan por un sistema más uniformador, en el que no quepa margen para una oferta que también diferencia un poco la duración de los estudios que merezcan llamarse grado universitario. ¿Por qué, entonces, se transmite la idea de que los responsables de las universidades rechazan esa flexibilidad, se oponen frontalmente a la aplicación de grados de tres años?

En reunión reciente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) se aprobó —no de manera unánime— el proponer una moratoria de curso y medio para ofrecer grados de tres años. Es de señalar que se trata de una propuesta, la CRUE no tiene la capacidad de obligar ni de imponer. Personalmente creo que adaptar alguno de los grados que ahora se imparten en cuatro años a una duración de tres requiere un tiempo similar al de la moratoria propuesta. Algunas universidades manifestaron que tenían planes para someter a verificación determinados grados que se impartirían con esa duración de un trienio. La decisión final fue pedirles que informen a las demás cuando pongan ese proceso en marcha. Creo sin duda que esto significa que habrá pronto grados de tres años.

Por último, creo oportuno señalar que solo se reforma lo que puede y debe mejorar. Frente al pesimismo fatalista de algunos, que piensan que nuestra universidad no tiene remedio, y en contra de quienes quieren continuamente aplazar esas reformas alegando necesidad de mayor reflexión, muchos confiamos en la posibilidad de alcanzar mayores cotas de calidad en nuestro quehacer universitario. Es la sociedad española la que lo demanda y tiene derecho a esperar una respuesta positiva de nuestro ámbito académico. En la formación graduada, por obvio que parezca, es necesario insistir en que lo fundamental es el contenido y la calidad. La duración debe ser la necesaria para lograr lo anterior, no la norma absoluta.

César Nombela es rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.