Tribuna

El Mercurio, Viernes 20 de febrero de 2015

Se ha dicho que 2015 será el año de una reforma profunda al sistema de financiamiento público a la educación superior. Hay consenso de que el Estado puede contribuir a una mayor equidad social en el acceso de estudiantes vulnerables y en el apoyo a universidades que generan nuevo conocimiento científico-tecnológico y que cultivan las humanidades y las artes, contribuyendo al crecimiento del acervo cultural y económico de nuestra sociedad.

¿Qué tan lejos estamos de un modelo óptimo de financiamiento? ¿Qué tan profunda debe ser la reforma? Lo primero es claridad en el diagnóstico, para no caer en los vicios de la reciente reforma escolar que pecó de improvisada y erró en el objetivo: focalizada en la inclusión, olvidó que el verdadero problema es la calidad. En el caso de la educación terciaria, hay baja cobertura en los quintiles pobres, porque tenemos un sistema de admisión precario que no identifica bien el talento y áreas con poco apoyo financiero, como la educación técnico-profesional. Y la baja calidad de algunas instituciones agrava el problema: frustración de los estudiantes y desperdicio de los recursos del Estado.

Como principio rector, los aportes públicos deben llegar a los estudiantes y a las instituciones por medio de canales separados, cuyo caudal lo definen -en el caso de los estudiantes- el mérito y la condición de pobreza y, en las instituciones, su capacidad para generar bienes públicos. En Chile, pese al aumento de los recursos fiscales en becas y créditos, que representarán este año US$ 1.640 millones, el quintil más pobre tiene brechas de financiamiento tres veces su ingreso per cápita familiar, que debe cubrir con recursos propios, limitando sus posibilidades de acceso.

Un segundo problema es que una misma fuente provee de recursos públicos para dos fines: los aranceles de referencia, que definen el monto del subsidio estatal, en parte financian los estudios, y en el caso de las universidades, también proveen financiamiento a la investigación. Ello se presta para buscar alzas en carreras “rentables”, que no obedecen a mayores costos de la educación, pero son necesarias para cruzar subsidios y financiar bienes públicos en otras disciplinas. De paso, los estudiantes con crédito fiscal pagan en muchos casos aranceles “inflados” por esta distorsión; dicho de otro modo, un estudiante de filosofía puede terminar pagando parte del costo de un laboratorio de biología. En consecuencia, es conveniente una revisión rigurosa del modelo de costos que define la cuantía de los subsidios estatales. Esta depuración debe tener como correlato un aumento de los aportes basales, no solo para compensar el potencial efecto de aranceles corregidos, sino también porque Chile se aleja cada día más de los estándares internacionales sobre financiamiento público a la investigación.

Avanzar en las líneas antes descritas supone corregir y fortalecer el modelo actual, pero no refundar y partir de cero, como es la propuesta de gratuidad universal. Bajo gratuidad sin límites, el financiamiento de la provisión del servicio educacional lo hace íntegramente el Estado, con cargo a rentas generales. Este esquema es caro, injusto y se presta para rigideces. Si la educación es un derecho, es de toda lógica que los sectores vulnerables que no pueden pagar y temen endeudarse reciban una beca, y otros con menor aversión al riesgo o mejor preparados accedan a alguna combinación de becas y crédito, cuyo pago futuro sea un impuesto al graduado o contingente al ingreso laboral. Pero los que nacen con las ventajas de una mayor riqueza familiar pueden y deben pagar hoy o en el futuro, porque no es justo que reciban el beneficio de la gratuidad sin asumir nunca su costo.

La gratuidad universal a los aranceles actuales tiene un costo incremental del orden de los US$ 2.500 millones anuales, sería muy regresiva y el país no estaría en condiciones de financiarla sin perjudicar otros proyectos socialmente más urgentes. Y si para reducir esa cifra se fijara un techo máximo por carrera, muchas instituciones de alto prestigio deberían bajar la calidad o marginarse del esquema público, lo que conllevaría la renuncia a los subsidios para sus alumnos pobres, originando la paradoja de que una reforma supuestamente “inclusiva” termina segregando por capacidad de pago.

Cabe esperar, entonces, que la propuesta del Gobierno tenga coherencia y fundamentos conceptuales sólidos, además de claridad sobre su costo para el erario público. Que no suceda que el Congreso apruebe una reforma de gratuidad solo para dar en el gusto a la dirigencia estudiantil más ideologizada y que, aunque avance a paso lento, cree el espejismo de que es viable, sin advertir que se hipoteca gasto fiscal y se priva a futuros gobiernos de hacer un mejor uso de los recursos públicos para reducir la desigualdad y combatir la pobreza.

Carlos Williamson B.
Profesor Universidad Católica de Chile
Investigador Clapes UC