La Cámara Alta despachó a tercer trámite el texto legal. Durante la mañana los legisladores se abocaron a debatir el articulado transitorio de la norma.

Publicado el: 22/01/2015

Luego de tres días y más de 20 horas de debate, la Sala del Senado despachó pasadas las 12:30 horas de este jueves, el proyecto de ley, que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado.

De este modo, la iniciativa quedó en condiciones de cumplir su tercer trámite en la Cámara de Diputados.

La recta final de la tramitación en el Senado se inició con la votación de las materias que habían quedado pendientes de la sesión de la víspera y la totalidad de los artículos transitorios, los cuales se aprobaron por mayoría en una sola votación, tal como había previsto el acuerdo de los Comités. Al término de la sesión intervino el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre quien agradeció el trabajo de los senadores y realizó una reflexión sobre el impacto de esta reforma en las políticas públicas.

Al inicio de la jornada, la Sala aprobó la eliminación de un inciso referido a la facultad de los directores regionales de la Superintendencia de Educación podrán aplicar sanciones administrativas.

A su vez, se respaldó un texto consensuado esta mañana, el que establece que “la Superintendencia deberá mantener un registro de las cuentas bancarias de los ingresos que financian los establecimientos educacionales”.

En tanto, se permite que “esta entidad pueda requerir –por resolución fundada- los movimientos operacionales de dichas cuentas”. En el caso de que el titular de ésta, se niegue a entregar esta información, “la Superintendencia podrá solicitar al juez, la entrega de dichos antecedentes”.

Dicha redacción fue aprobada en forma unánime. Hasta ayer, esta facultad había sido cuestionada puesto que se argumentaba que revelar el detalle de una cuenta, contravenía el secreto bancario.

Con el objeto de ordenar el debate en la etapa final, los Comités acordaron separar la discusión en cuatro grandes temas: plazos, autocompra y arriendo, fin del financiamiento compartido y palabras de cierre.

Cabe recordar que la iniciativa entrará en vigencia el 1 de marzo de 2016 con la eliminación gradual del copago, que será reemplazando UF a UF con el aumento de la subvención estatal. Si bien no se establece una fecha de término, el Gobierno estima que en 2017, el 93% de la matrícula estudiará gratis.

El 2017, comenzará a aplicarse el fin de la selección en una región, en 2018 en otras cuatro y en 2019 en las diez restantes. En tanto, los liceos emblemáticos tienen cinco años para ir eliminando la selección de manera gradual, comenzando el año en que le corresponda a su región.

Los sostenedores también tienen plazo hasta fines de 2017 para convertirse en corporaciones sin fines de lucro. Luego de eso, en un periodo de transición, tendrán tres años para seguir arrendando su inmueble, tras lo cual deberán comprarlo, recibirlo en comodato o arrendarlo a un tercero no relacionado o sin fines de lucro.

En caso de que se opte por comprar el inmueble, esto será a su valor comercial, con cargo a la subvención, garantía de Corfo y en un plazo de 25 años; mientras que quienes arrienden deberán hacerlo al 11% del valor del avalúo fiscal. También se estableció una norma especial para los colegios que tienen menos de 400 alumnos, los cuales tendrán tres años más de plazo antes de tener que comprar el inmueble.

En lo que respecta a los plazos los senadores Ignacio Walker, Carlos Montes y Alejandro Navarro, plantearon que la gradualidad de esta reforma es tan importante como el proyecto en sí mismo, pues permitirá que no sólo los sostenedores se adecuen a los cambios –como por ejemplo, transformarse en personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro-, sino que también lo haga el Ministerio de Educación y la Superintendencia que tendrán nuevas funciones que cumplir.

Recordaron que está contemplado hasta el año 2023 para la aplicación gradual de normas. No obstante, el senador Montes planteó la necesidad de que exista un compromiso ministerial de iniciar desde ya la implementación para evitar retrasos al momento de la entrada en vigencia.

Por su parte, los senadores José García Ruminot, Juan Antonio Coloma y Hernán Larraín señalaron que aunque se diga que la gradualidad busca darle tranquilidad a los sostenedores, ello no es así pues sigue existiendo incertidumbre respecto de los efectos que tendrá este cambio. Agregaron que no puede haber tranquilidad cuando se obliga a un sostenedor a cambiar su condición jurídica y se establecen formas “intrincadas” de arriendo.

Asimismo, señalaron que existen diversas inequidades y barreras de entradas para los nuevos proyectos educativos, además de normas arbitrarias respecto de los colegios con  más y menos de 400 alumnos.

La senadora Lily Pérez San Martín, en tanto, manifestó que hay que dar la mayor flexibilidad posible a la transición, pues la reforma traerá grandes cambios y por lo mismo es importante la gradualidad para que se puedan ir haciendo los ajustes y correcciones necesarias.

Respecto de este tema, los senadores Andrés Zaldívar y Fulvio Rossi explicaron los alcances de las disposiciones señalando que en la práctica, generan un beneficio para los sostenedores pues les reconocen su inversión y se generan condiciones beneficiosas para el traspaso de los inmuebles, por lo que no existiría ninguna razón para que los sostenedores salgan del sistema.

En tanto, los senadores Juan Antonio Coloma y José García Ruminot señalaron que existe una pérdida patrimonial, sobre todo para los establecimientos que han hecho más inversiones en infraestructura. Asimismo, lamentaron que los recursos de la reforma tributaria se destinen a la “compra de fierros”, en lugar de destinarla a fortalecer la subvención escolar y mejorar la calidad.

En esta materia, los senadores Jaime Quintana y Carlos Montes, manifestaron que este es uno de los aspectos centrales, pues el financiamiento compartido es el mecanismo más perverso de segregación, pues cobrar a las familias reduce la capacidad de elección.

Una opinión distinta, manifestaron los senadores Ena Von Baer,  Alberto Espina y Jacqueline Van Rysselberghe, quienes consideran que terminar con el financiamiento compartido afecta directamente en la calidad de la educación que reciben los alumnos y va a mantener las diferencias entre los hijos de padres que puedan aportar a la educación y los que no. Señalaron que va a existir educación gratis, pero de mala calidad.

Al cerrar el debate, los senadores  Ignacio Walker, Fulvio Rossi y Alejandro Navarro manifestaron su satisfacción por la aprobación de esta iniciativa, pues a su juicio, permitirá terminar con el lucro y que las familias puedan elegir el colegio para sus hijos. Asimismo, señalaron que con este proyecto se terminar un sistema que segrega y no mejora la calidad.

Diametralmente opuesto opinaron los senadores Ena Von Baer y Andrés Allamand, quienes señalaron que esta iniciativa aumenta el control del Estado y terminará ahogando la diversidad de proyectos educativos. Agregaron que se va a afectar la libertad de enseñanza, la autonomía de los colegios y se terminará afectando a la clase media.