Palabras leídas con ocasión del lanzamiento del libro “Mas Saber América Latina”

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La relación de las instituciones del saber con la cosa pública –la universidad en primer lugar—siempre ha sido conflictiva. En tiempos de dictadura, la ‘universidad vigilada’ como la llamó Jorge Millas, no podía ni debía hacerse cargo de cuestiones políticas. De hecho, durante esos años la reflexión autónoma, crítica, sobre políticas públicas estuvo entregada casi íntegramente a diversos think tanks (TT). Recuerdo el valioso trabajo intelectual –o político-intelectual—realizado en Chile por organismos como FLACSO que ahora dirige Ángel Flisfisch, CIEPLAN, PIIE, CIDE, SUR, CEP, CPU, Vector o el CED, centro este último que en los años 1980 presidió Edgardo Boeninger. Una parte importante de los technopols de los gobiernos de la Concertación provinieron de esos centros o de las redes que ellos crearon.

Ya antes, Medina Echavarría en un volumen dedicado a “filosofía, educación y desarrollo”, del año 1967, distinguía entre universidades enclaustradas –“torres de marfil”, situada de espalda a las cuestiones de la sociedad y el Estado– y su opuesto, “universidades militantes” las llama él, que “se dejan invadir sin tamiz alguno por los ruidos de la calle y reproducen en su seno, en exacto microcosmos, todos los conflictos y pasiones de su mundo. La tarea científica desaparece y solo quedan los gritos sustituyendo las razones”.

La “universidad partícipe” es la alternativa que favorece nuestro autor;  aquella que enfrenta los problemas del día aceptándolos como tema riguroso  de su consideración científica para afirmar únicamente lo que desde esa perspectiva se puede decir. Representa, dirá, “la serenidad frente al frenesí”. Y a continuación, citando a Jaspers, sugiere que esta universidad aspira a ser “la más clara conciencia de su época”.

Hoy, en cambio, el debate sobre el vínculo entre universidad  y sociedad se halla referido directamente al terreno  de la economía; se entiende que es creación de capital humano y, en el plano de la investigación, la triple hélice de Etzkowitz, conformada por universidades, empresas y gobierno con fines de innovación y competitividad, en primer lugar, y comercio de bienes y servicios de conocimiento en seguida, al punto que la educación superior es parte ahora del Acuerdo General de Comercio de Servicios (GATS). En este contexto surge, por ejemplo, el concepto y la práctica de la universidad emprendedora, expresión del capitalismo académico contemporáneo.

En paralelo, existe una preocupación creciente en torno a la responsabilidad social de las universidades y su vínculo con el medio; aquella que toca a su misión social, su participación en actividades de sociedad civil, su trato del medio ambiente, la extensión cultural, el fomento de la educación continua y el sentido comunitario del trabajo académico.

Solo al final de esta secuencia funcional –docencia, investigación y vinculación con el medio– aparece la participación de la universidad en la deliberación  pública, en particular su creciente involucramiento en el diseño, aprobación, implementación y evaluación de políticas públicas.

El libro que presentamos trata precisamente de esta función; particularmente la producción de conocimiento experto para la política pública, donde participan e interactúan universidades y TT.

Este es un campo de complejas articulaciones, según muestran los estudios nacionales y de nivel regional reunidos en este volumen. Surge allí una cuádruple hélice: (i) universidades y TT en el polo de producción y comunicación del conocimiento; (ii) gobierno/Estado y partidos, como principales agentes de políticas públicas; (iii) sociedad civil bajo la forma de partes interesadas que actúan en la esfera pública –movimientos sociales, gremios y sindicatos, grupos de interés, corporaciones profesionales, fuerzas locales y regionales, etc., y (iv) el campo de los medios de comunicación, redes sociales, intermediaciones simbólicas, flujos de información, encuestas y opinión pública en continua oscilación.

En cada país estos cuatro espacios interactúan de una manera que resulta típica para cada sistema nacional, en relación con su institucionalidad, partidos, tecnoburocracias, tradiciones intelectuales, organización de sus universidades y centros de pensamiento, articulación de la  sociedad civil, industria de medios, rol de las élites y con la dispar gravitación e influencia de múltiples actores y partes interesadas.

Hay varias maneras de continuar avanzando en la conversación que abre este volumen.

Una, la más próxima a la temática que allí se aborda, es profundizar el análisis y la reflexión en torno al polo de producción del conocimiento experto y el rol que cumplen las universidades y los TT. Esto puede abordarse en dos planos complementarios.

Un plano es el organizacional y funcional: cómo se conectan tan dispares instituciones, qué modos de producción de conocimiento utilizan, que división del trabajo establecen entre sí, en qué medida compiten y colaboran, cómo se vinculan con partidos y gobiernos, con los medios y las comunidades.

Otro plano, de especial interés, es el del conocimiento como el material con que trabajan tanto universidades como TT; medio fundamental para la elaboración y el diseño de políticas públicas. ¿Qué papel juega exactamente el conocimiento experto en esta actividad? ¿A través de qué canales y grupos? ¿Cual es la función en este plano de las burocracias y los asesores ministeriales, de los technopols y cuadros partidistas? ¿Quienes son los operadores de conocimiento en los laberintos del poder? ¿Qué conocimiento se impone en los procesos de decisión de políticas y por qué? En fin, ¿cual es el régimen de verdades que más acomoda a la política de las políticas públicas?

Un tópico clave, que merece ser atendido aquí, es el de la política-basada-en-evidencia (evidence-based-policy). De acuerdo a una definición estilo wikipedia, la EBP consistiría en políticas públicas informadas por evidencia objetiva rigurosamente establecida, de preferencia a través de pruebas controladas aleatorias (randomized controlled trial). Sin duda, resulta sorprendente que una parte de la cultura anglosajona – académica y política– abrigue la esperanza, vana y amenazante me parece a mí, que la política de las políticas públicas pueda algún día llegar a prescindir de cualquier elementos no-científico; es decir, ideológico, tradicional, de creencias y opciones éticas, de folklore y conocimiento basado en experiencias, de intuiciones y pasiones, de competencia y transacción, y reducirse por ende a pura racionalidad tecno- instrumental con base en una computación de evidencias rigurosamente controladas.

En este contexto se plantean dos asuntos adicionales.

Primero, la necesidad de dirimir entre evidencias discrepantes, a veces contrapuestas. ¿Cómo se resuelven los conflictos al interior del conocimiento experto? ¿Cómo interviene el funcionario político, el technopol o el burócrata bien informado? Y en estas circunstancias: ¿Qué otros conocimientos entran en juego? ¿Qué papel juega el conocimiento tácito de los políticos? ¿O el saber acumulado en diferentes órganos ministeriales? ¿O, tratándose de temas locales, el conocimiento de los movimientos sociales y sus intelectuales de base?

Un segundo asunto es el surgimiento –en paralelo con el anterior—de algo que podemos llamar: producción de evidencia-basada-en-la-política (policy based evidence).  No se trata, claro está, de una burda fabricación de (pseudo)evidencias si no del sutil proceso intelectual de adaptación de los resultados de la investigación a las necesidades del Príncipe. Es la academia que produce y gestiona conocimiento comunicándolo  como un medio para justificar una determinada política. Son prácticas tan antiguas como el poder, pero que en democracia adquieren nuevas expresiones; por ejemplo, cuando la academia es invitada a, o contratada para, generar evidencias en función de una política definida ex ante.

Otra forma de avanzar –a partir del estado del arte establecido en este volumen– es explorar la noción de las redes de diseño de políticas (policy-design networks) , algo parecido a las ‘comunidades epistémicas’ de Peter Haas pero más amplias y con una integración más diversa. En efecto, las comunidades de Haas se hallan conformadas única o predominantemente por profesionales con una reconocida experticia y competencia en un dominio particular, dominio dentro del cual reclaman autoritativamente poseer un conocimiento relevante de políticas (Haas, 1992, 3).

En cambio, las redes de diseño de políticas son más transversales; incluyen núcleos epistémicos o cognitivos, círculos de funcionarios directivos del Estado, cuadros partidistas, parlamentarios y sus asesores, personal superior de los media, TT, vínculos con académicos en áreas afines, y a diversas partes interesadas, públicas y privadas, dentro de un área especializada, trátese de educación, defensa, medio ambiente, seguridad ciudadana, salud u otro.

Estas redes son más laxas y heterogéneas que las comunidades de Haas, por lo mismo. Se mueven indistintamente en campos de poder y de conocimiento; negocian creencias, sentidos, intereses e instrumentos; actúan estratégicamente desplegando su influencia en diversas instancias y niveles con el propósito de articular procesos de producción y adopción de políticas públicas en un área determinada. Hacia su interior reconocen estructuras formales e informales de poder y una división y organización del trabajo. Hay cliques y mandarines, coordinadores y competidores, incumbentes y contendientes dentro de estas redes. Hacia fuera su referente principal es el Estado; en particular, el gobierno y su correspondiente institucionalidad sectorial.

Los gobiernos nacionales son, efectivamente, un concentrador y distribuidor de recursos entre múltiples redes de diseño de políticas, las coordinan en función de su propia agenda y operan como brokers de conocimientos y decisiones dentro y entre estas diversas redes.

La manera en que universidades  y TT participan en estas diferentes redes haciéndose parte de los procesos de diseño e implementación de políticas públicas es precisamente el tópico de este libro. En el fondo, los estudios reunidos en él tienen que ver con la importancia de los conocimientos y las ideas para las políticas, sea bajo la forma de ‘grandes relatos’, narrativas de alcance medio  o micro dispositivos discursivos. Sea que sirvan como supuestos o paradigmas orientadores de las políticas públicas o bien como fuentes de justificación a través de datos estadísticos e indicadores.

¿En qué temporalidades distintas actúan las teorías o hipótesis generales aportadas por las universidades y las opiniones y soluciones propuestas por los TT? Qué vale más, ¿las ideas de un economista difunto operando tras cada hombre práctico, el político, como creía Keynes o la evidencia provista por pruebas aleatorias controladas, como soñaba Tony Blair, el Primer Ministro británico? ¿En qué consiste la importación de ideas, buenas prácticas y benchmarks provenientes del mundo desarrollado y cuál es su influencia en el diseño local de las políticas? Las redes de diseño de políticas, ¿son puramente locales o crecientemente globales? ¿Cómo se estructuran, compiten, imponen y sustituyen unas a otras? ¿Qué formas de organización adoptan en diferentes contextos nacionales y cómo inciden unas sobre otras en la región?

Hay mucho que aprender de los estudios reunidos en este libro y mucho por hacer aun para  entender qué paradigmas, ideas, conocimientos, narrativas y dispositivos de saber práctico están desplegándose hoy en la región latinoamericana y podrían aparecer mañana convertidos en políticas públicas.

Agradezco a Orazio Belletini y al Grupo Faro de Ecuador el habernos invitado a participar en este proceso colaborativo, proceso que en esta etapa culmina con el volumen que desde hoy está disponible en la Red. Asimismo, agradezco al IDRC de Canadá el patrocinio y apoyo que hizo posible la realización de este proyecto. Muchas gracias.