, 9 de noviembre de 2014

Requerimientos de información y un mínimo diagnóstico

“El Ministerio de Educación y la coalición gobernante deben hacerse cargo de la percepción de las familias y de la incertidumbre de sostenedores, directores y docentes”, advierten en este artículo cinco especialistas en Educación, quienes piden a la autoridad responder 36 preguntas básicas sobre la reforma”.  

1.- Conforme han señalado el Gobierno y el Ministerio de Educación, el proyecto que termina con el lucro, la selección y el copago es el primero de un conjunto que busca establecer un nuevo sistema educacional en el país. Se ha proclamado profusamente el objetivo que persigue esta transformación: una educación gratuita, inclusiva, y de calidad para todos y todas. Se ha sostenido además que se busca establecer un nuevo “paradigma” que concibe a la educación como un derecho social y no como un bien de consumo. Se han anunciado asimismo los proyectos que serán presentados próximamente: la desmunicipalización de la educación pública y una nueva carrera docente.

2.- El Gobierno y la Presidenta parecen sorprendidos de las críticas y el debate que han suscitado el proyecto sobre fin del lucro, el copago y la selección. Incluso han calificado de “campaña del terror” las movilizaciones llevadas a cabo por padres y apoderados, como también los anuncios de que, conforme a lo aprobado por la Cámara de Diputados, muchos colegios particulares subvencionados que hoy atienden a la mayoría de los estudiantes de Chile, cerrarían o se cambiarían a la modalidad de colegios privados pagados sin subvención estatal. La respuesta gubernamental ha sido: hay que trabajar más y explicar mejor, junto con calificar los anuncios como una mera justificación de intereses y a las reacciones adversas como un costo a pagar por esta reforma estructural. Creemos que es una respuesta equivocada. El Ministerio de Educación y la coalición gobernante deben hacerse cargo de la percepción de las familias y la incertidumbre de sostenedores, directores y docentes que trabajan en el sector privado subvencionado y tienen legítimos motivos para temer que este proyecto y los que vienen (de los cuales solo se conocen los titulares), les afectarán negativamente en sus vidas y expectativas. Chile no merece una polarización ni una paralización en el ámbito de la educación, que podría desembocar en un retroceso, en vez de un avance hacia las mejoras que los chilenos anhelamos.

3.- Muchas de las críticas e incertidumbres se fundan en el mal diseño de este proyecto inicial, en el desconocimiento de los proyectos que vienen, en la ausencia de un diagnóstico claro y transparente y en las contradictorias declaraciones de autoridades respecto de los objetivos de la reforma. No bastan las palabras de la Presidenta afirmando que nadie quiere o pretende terminar con la educación particular, pues no son las intenciones las que infunden o pueden descartar el temor, sino las consecuencias no previstas de las políticas. Lo más sorprendente es que el Ministerio no ha entregado datos confiables ni información relevante respecto de las situaciones que están produciendo un creciente rechazo de la reforma, y persiste en mantener una nebulosa respecto de los proyectos que vienen. Una política pública no puede construirse sobre intuiciones, prejuicios o ensoñaciones. El esfuerzo por entregar información respecto de las consecuencias no deseadas o anticipadas del proyecto de ley ha sido realizado por diversos analistas e instituciones independientes, que desean aportar al mejoramiento del mismo, pero el Gobierno parece no asumir sus evidentes debilidades. En este contexto resulta imperioso que el Ministerio de Educación entregue respuestas fundadas en información y diagnósticos sólidos sobre cuya base ha elaborado el conjunto de medidas propuestas por la reforma, elementos claves para conocer sus posibles efectos en colegios y estudiantes. En ese espíritu, planteamos a continuación una serie de preguntas que consideramos el Ministerio de Educación debe responder no solo para dar mayor tranquilidad al sector privado subvencionado sobre los efectos de la reforma, sino también para dimensionar adecuadamente los riesgos del proyecto y para ilustrar a los legisladores y a la opinión pública sobre sus consecuencias esperadas.

1. Para dimensionar el problema del lucro y sopesar si la solución se condice con el tamaño del problema.

¿Cuántos sostenedores retiran excedentes por concepto de lucro, cuáles son los promedios de retiros y cuál es el monto total que se retira del conjunto de establecimientos constituidos como sociedades comerciales?

¿Cuántos y cuáles son los establecimientos que tienen altos retiros y qué resultados tienen en calidad?

¿Cuántos y cuáles son los establecimientos que tienen bajos retiros y qué resultados obtienen?

2. Para tener una estimación del potencial cierre de colegios debido a la obligación de compra y la prohibición de arriendos a instituciones con fines de lucro y relacionadas.

¿Cuántos y cuáles colegios arriendan su infraestructura a terceros no relacionados?

¿Cuántos establecimientos y cuáles tienen arriendos con partes relacionadas?

¿Cuántos recursos se destinan hoy al arriendo de inmuebles?

¿Qué alternativas de regulación de los arriendos estudió y descartó el Gobierno y por qué?

3. Para conocer el efecto del valor máximo fijado para la venta del inmueble a las nuevas fundaciones o corporaciones sin fines de lucro, estimar el número de perjudicados y conocer el monto de recursos de la subvención que se destinará a adquirir infraestructura ya existente.

¿Cuál es el valor de mercado de los inmuebles y cuáles son sus tasaciones fiscales a junio de 2014? ¿De qué magnitud son las diferencias?

4. Para tener una estimación del monto que recibirá el sostenedor por la gestión escolar y el costo total que deberá descontarse de la subvención.

¿Qué entiende el Gobierno por “remuneración adecuada” cuando se trata de la remuneración a los sostenedores? ¿Con qué criterios se establecerá?

¿Dicha remuneración se fijará en relación con el número de alumnos, con la calidad del servicio que ofrecen lo colegios o será igual para todos? ¿De qué manera se determinarán los respectivos parámetros?

¿Cuál es el costo estimado de esta medida?

5. Para conocer si el requerimiento de no tener deuda ni hipotecas es factible de sostener.

¿Cuántos colegios tienen deudas y cuáles son los montos y los plazos de ellas?

6. Para dimensionar el efecto del cambio de la calidad del sostenedor, desde uno con libre capacidad de administrar los recursos hacia un “administrador de recursos públicos”, y donde se obliga a destinar recursos conforme a un listado preciso y taxativo.

¿Cuántos sostenedores emplean esquemas consolidados y en particular, de compensación de ingresos al interior de sus redes (financiamiento cruzado) y cuáles son sus resultados?

¿Qué colegios de esas redes serían inviables para esos sostenedores si es que se limitan las transferencias que hoy provienen de otros colegios?

7. Sobre las donaciones e impuestos a las mismas.

¿Cuál es el efecto perseguido con gravar las donaciones que podrían recibir las nuevas fundaciones o corporaciones con un impuesto del 40%?

¿Qué efecto tendrá esta medida en instituciones que actualmente reciben donaciones usadas para ampliar o mejorar infraestructura y equipamiento y se verán perjudicados con este impuesto?

8. Sobre el impacto de los convenios suscritos con el Ministerio respecto del aporte de capital para la Jornada Escolar Completa.

¿Cuántos colegios tienen vigentes convenios con el Ministerio? ¿Qué impacto tendrán dichos convenios sobre la judicialización que puede implicar el cambio de condiciones en contratos de largo plazo y en la venta de colegios a las nuevas corporaciones o fundaciones?

9. Sobre futuras inversiones y la mantención de las existentes.

Dado que el proyecto no establece la posibilidad, en el futuro, de una retribuición sobre las inversiones, ¿qué viabilidad real existe de que el sector de provisión privada pueda continuar desarrollando su función?

¿Cuál será la fuente de financiamiento para la mantención y desarrollo de infraestructura que tendrá el proyecto, en caso de aprobarse, y su efecto sobre la mantención, ampliación, mejoramiento y creación de infraestructura bajo la administración de las nuevas corporaciones o fundaciones sin fines de lucro?

10. Sobre Subvención Preferente.

¿Cuántos estudiantes recibirán la subvención de clase media y cuántos se estima quedarán fuera por estar en colegios que mantienen financiamiento compartido?

11. Sobre Selección.

¿Cuál es la información empírica respecto de los efectos negativos de la selección académica, basada en el esfuerzo personal y cómo ha sido ponderada esta información respecto de los estudios que sí hallan efectos positivos?

¿Cuál es el porcentaje de establecimientos educacionales que seleccionan hasta 6º básico estando ésta prohibida? ¿Por qué razones el Ministerio no ha podido hacer cumplir la ley?

¿Cuál es el porcentaje de estudiantes que participan en procesos de selección al ingreso a un establecimiento a partir de 7º Básico, más allá de que se les pidan certificados o se les requiera rendir pruebas, que pueden ser de diagnóstico?

De ponerse fin a la selección académica, ¿qué medidas están contempladas para apoyar a los establecimientos que deberían hacerse cargo de la educación de grupos más heterogéneos? ¿Existen los recursos necesarios para este fin y en cuántos se estiman durante los próximos cinco años?

¿Qué porcentaje de estudiantes se halla matriculado en colegios de enseñanza media en países OCDE donde regularmente se hace uso de antecedentes académicos y/o de informes del colegio de origen sobre el rendimiento académico de los alumnos?

12. Sobre Financiamiento Compartido.

¿Qué efectos tendrá el congelamiento del financiamiento compartido en UF y no en USE?

¿En cuánto tiempo piensa el Gobierno terminar con el financiamiento compartido?

¿Existe un tope en el aporte estatal? ¿Cuáles son los criterios para establecer la subvención que recibirá cada establecimiento?

13. Sobre efectos de interacción con otras reformas del sistema.

La reforma inicialmente propuesta se refiere al sector privado: ¿Qué efectos estima el Ministerio producirá en el sector municipal la gratuidad de los colegios de gestión privada al eliminarse el copago y no haberse abordado la crisis de la educación municipal? ¿Cuántos alumnos podrían emigrar al sector privado? ¿Qué impacto tendría esto en el financiamiento de los colegios de gestión municipal?

A su turno, ¿qué impacto se espera tenga la futura reforma de la educación pública sobre el sistema privado? La desmunicipalización, ¿contempla financiamiento diferenciado entre la educación pública y la privada subvencionada? ¿Es un objetivo del Gobierno reducir progresivamente la matrícula privada subvencionada?

Se ha anunciado vagamente la creación de una subsecretaría para la educación pública. ¿Qué institucionalidad ministerial se contempla para el trabajo con el sector privado?

A veces la autoridad ha dado a entender que se procedería a una implementación gradual del nuevo sistema. ¿Con qué criterios se establecerá tal gradualidad, será diferente para distintas medidas y cuándo y cómo se llevará a cabo en cada caso?

¿Por qué el Ministerio no ha realizado un piloto con las medidas propuestas, de manera de poder modificar los proyectos de ley de acuerdo a los resultados y evitar así errores difíciles de enmendar?

¿Posee el Ministerio una carta de navegación que muestra, hasta el año 2018, cuáles son las metas a alcanzar, los medios para ello, los plazos previstos, los riesgos principales y la organización del Ministerio para poder conducir e implementar el proceso de cambios?

14. Sobre costos.

¿Cuál es el costo desglosado previsto para la implementación de arriendos y ventas de inmuebles?

En general, ¿cuál es el análisis financiero de la reforma propuesta, para el conjunto de las medidas, considerando los variados cambios introducidos al proyecto original por propia iniciativa del Gobierno?