Publicado 08.10.2014

La esperanza de que algunas incógnitas y confusiones de la reforma educacional podían aclararse con el proyecto de presupuesto resultó vana. Las preguntas se acumulan y multiplican. Por ejemplo, luego de conocerse el presupuesto sigue en duda la real prioridad otorgada a la educación, si acaso los recursos provenientes de mayores tributos favorecerán efectivamente el gasto por estudiante, y cuándo se logrará la gratuidad de la enseñanza de pre-kinder a cuarto medio junto con un mejoramiento sustancial de la misma.

Nuevamente, el tema de la calidad apenas aparece resaltado. Todavía no hay elemento alguno relativo a docentes y su carrera, organización de su jornada de trabajo, apoyo para quienes se desempeñan en escuelas de alta vulnerabilidad o al número de alumnos por sala de clase.

En cuanto al sector municipal, no hay avances. Amenazado desde abajo por la preferencia de los padres y desde arriba por una progresiva pérdida de prestigio cultural de los liceos emblemáticos, el Gobierno -aunque parezca absurdo- parece empeñado en golpearlo precisamente en esos dos puntos. En la parte baja le impone competir ahora con proveedores privados que ya no cobrarán una cuota a los padres. Y, en la cúspide, arriesga hundir los liceos buques insignia de la flota, debilitando su rol formador de élites seleccionadas meritocráticamente.

Al mismo tiempo, el Gobierno desperdicia la oportunidad de iniciar un cambio verdadero para superar la inequidad educacional. En efecto, tras los debates sobre arriendo o venta de colegios, esperábamos que la Presidenta Bachelet repusiera como idea-eje la creación de una red pública de jardines infantiles de primerísima calidad en cada una de las regiones del país. Tal red serviría como el más potente medio para compensar tempranamente las desigualdades de la cuna. Por el contrario, la meta gubernamental es más modesta: invertir en infraestructura para aumentar el número de estos centros.

En el otro extremo del sistema, el de la educación superior, se mantiene la confusión. ¿Dónde quedó la promesa de un fuerte apoyo para las ciencias, en particular, la investigación educacional? ¿Por qué vuelve a optarse por un financiamiento diferenciado según la naturaleza jurídica de las instituciones y no según la calidad y pertinencia de sus proyectos? ¿Por qué no se renueva el sistema nacional de aseguramiento de calidad y casi no se menciona ya la creación de una superintendencia para el sector?

A su turno, el Gobierno ha reiterado que para 2016 los jóvenes gozarán de educación superior gratuita. ¿Quiénes, cuántos, cómo? ¿Sólo aquellos que asistan a ciertas universidades y no los demás? ¿O también quienes concurren a Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, incluyendo aquellos constituidos como sociedades comerciales? ¿Habrá gratuidad para los más pobres y los más ricos por igual? ¿Inscritos en cualquier programa acreditado o sólo en aquellos señalados por la autoridad? ¿La gratuidad será a la nórdica, o se devolverá el coste de los estudios mediante un impuesto especial a los graduados o un crédito contingente al ingreso?

En adición, hay dos vacíos llamativos.

El primero tiene que ver con el apoyo para el mejoramiento de los colegios de menor rendimiento. Con este propósito, gobiernos anteriores vincularon la subvención escolar preferencial (SEP) a la elaboración de planes de mejoramiento, los cuales una vez aprobados podían implementarse con la ayuda de agencias especializadas (ATE: Asistencia Técnica Educativa). Al forzarse a desaparecer a un buen número de estas agencias bajo el pretexto de que no pueden actuar con fines lucrativos, ¿quién ocupará su lugar? ¿La Agencia de Calidad de la Educación? ¿El Mineduc? ¿Las universidades del Estado? ¿Un organismo de voluntarios? ¿ONGs? No hay respuesta ni el proyecto de presupuesto entrega señal alguna.

El segundo vacío es autoimpuesto. ¿Cómo así? Hace rato, el Ministerio de Educación viene reclamando, y echándose encima variadas responsabilidades de intervención, supervisión, regulación, control, seguimiento, registro, fiscalización y disciplinamiento de las escuelas del país. Se proclama un Estado más proactivo, proveedor, decisivo, determinante, conductor, arbitrador y sancionador. Sin embargo, las capacidades e instrumentos del ministerio se mantienen en el mismo, consabido, nivel de precariedad de siempre. Según ha podido constatar el ministro a su cargo, tal orfandad de medios y personal especializado obliga a improvisar y a llevar adelante tareas a medio preparar y con escaso afinamiento y solidez. Frecuentemente, las labores de supervisión no pasan de ser un rito burocrático sin consecuencias.

En fin, me embarga una doble frustración. Por un lado, aparecer incómodamente junto a críticos de la reforma que esgrimen palabras llenas de “ruido y furia”: estatismo, asalto a las libertades, distorsión de los mercados, nivelar hacia abajo, una nueva ENU, etc. Por otro lado, tener que insistir frente al Gobierno que contribuí a elegir que su desempeño en el sector educacional es hasta ahora francamente equivocado, que sus proyectos no conducen a una educación de mayor calidad para todos y que arriesga provocar una regresión del sistema.

José Joaquín Brunner, Foro Líbero.