Fuente: El Dínamo http://www.eldinamo.cl/2014/07/06/carlos-montes-critico-la-forma-en-que-se-esta-planteando-la-reforma-educacional/

Fin al lucro

Las opciones a los actuales sostenedores de colegios  subvencionados para reconvertirse a sociedades sin fines de lucro no generan condiciones fáciles para quedarse.

por Carlos Williamson – 07/07/2014 – 04:00

Dado que ahora se discute cómo avanzar en la transición hacia el nuevo modelo, es importante ponerse de acuerdo en ciertas ideas matrices. Desde luego, saber si por lucro entendemos lo mismo. El economista Daniel Hojman -en una entrevista a este diario hace algunos días, y de quien se dice participó en el proyecto que propone el fin del lucro-, ofrece su propia definición. El profesor Hojman sostiene que no puede haber un retorno al capital, que son los inmuebles de los colegios, porque eso es el lucro. Nos dice que “lucro es básicamente el excedente después de pagar los insumos operacionales; son los ingresos menos los gastos, pero esos gastos no incluyen el retorno que le estoy exigiendo al capital”.

Sorprendente y errónea definición. Con su postura se desploma la teoría de los costos de oportunidad, que enseña que los costos del uso del capital, su renta, se imputa como costo de la actividad con independencia de si el capital -en nuestro caso el inmueble- es de propiedad del sostenedor o bien se arrienda a un tercero. En ambos casos, la renta que se paga al capital es costo no excedente y, por lo tanto, no puede haber lucro si los costos del trabajo y del capital suman lo mismo que los ingresos.

¿Por qué es importante tener claridad en esta materia? Porque la propuesta del gobierno para que los colegios particulares se adapten al nuevo escenario sin fines de lucro adolece de un defecto básico: obliga a transferir la propiedad. En efecto, los inmuebles deben ser de propiedad de los sostenedores privados o del Estado y no hay opciones de arriendo. A partir de la propuesta de Hojman ahora se entiende por qué queda fuera esta opción. El arriendo a un relacionado no es costo, es lucro, y por tanto, sería ilegal en el nuevo esquema, lo que, como dijimos, es un error conceptual, porque el arriendo debe tratarse como costo atribuible a su uso. Incluso, si se quiere evitar simulaciones para extraer rentas anormales -es lo que se llama lucro encubierto-, el arriendo puede regularse para evitar el pago de sobreprecios.

Las opciones a los actuales sostenedores para reconvertirse a sociedades sin fines de lucro no generan condiciones fáciles para quedarse. Hay que abrirse a esquemas que flexibilicen la rígida postura que por ahora ha tenido el Ejecutivo en este proyecto. La posibilidad de que se pague un arriendo por el uso de los inmuebles a valor de mercado, costo inevitable para operar, debe estar dentro de las posibilidades.

El tiempo pasa y la incertidumbre crece. Las tasas de morosidad en los colegios con copago va en aumento y los bancos, por su parte, han comenzado a actuar con mayor cautela antes de conceder créditos. Todo ello apunta a la necesidad de despejar pronto las nubes que se han desplegado en el horizonte.

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De aprobarse gratuidad en la enseñanza terciaria: Chile sería el país OCDE que menos gastaría en enseñanza escolar respecto de la superior

Investigación de Sergio Urzúa advierte que si no se incrementan inversiones en los niveles escolares, la nación quedaría “desalineada” con las otras.  

Javiera Herrera , 7 de julio 2014

Para este semestre, el Gobierno comprometió proyectos para abordar una sus principales promesas: la gratuidad en la educación superior.

Según un estudio realizado por Sergio Urzúa y Ricardo Espinoza, de la U. de Maryland y el Clapes UC, llevar a cabo este plan tendría un costo anual de al menos US$ 2.500 millones, si es que se financiaran todos los aranceles y matrículas de todas las instituciones, y considerando los más de US$ 2 mil millones que ya destina el Estado.

Sin embargo, en el mismo estudio también abordan otra interrogante: ¿Todos los países (de la OCDE) han priorizado tanto el sistema de educación superior como Chile?

Actualmente, “por cada peso gastado en educación superior, Chile gasta solamente 1,4 pesos en educación básica y media”, sostiene el texto. En tanto, el promedio de la OCDE “sugiere que por cada peso invertido en educación superior, se invierten 2,4 pesos en los niveles básicos y medios”.

Rusia es el único país que presenta niveles de inversión inferiores a los de Chile. En tanto, Islandia destina más de 4 pesos a la educación primaria por cada peso que le da a la enseñanza superior.

El panorama chileno podría acentuarse si es que se concreta el proyecto de gratuidad. De ser así, por cada peso que se entregaría a la educación terciaria, se daría 0,7 pesos a la primaria y secundaria, según las estimaciones de Urzúa.

“Nos constituiríamos en la nación que menos gasta en educación primaria y secundaria por cada peso gastado en educación terciaria, quedando aún más desalineados respecto de la tendencia observada en países desarrollados”, dice el estudio.

Según el experto, esto genera desde ya ineficiencias. Y sentencia que “uno no puede apostar por adornar el último piso del edificio cuando este está chueco en sus cimientos”.

Ricardo Espinoza añade que se debería avanzar “hacia un nivel y estructura de gasto que permita remediar las inequidades que se dan a temprana edad”. Para lograr eso, “sería razonable moverse, en un plazo de 5 o 10 años, a un esquema en que la inversión en primaria y secundaria sea al menos el doble de la inversión en educación terciaria, tal como ocurre en la mayoría de los países de la OCDE”, propone Espinoza.

Urzúa complementa la idea e indica que hoy es necesario hacer inversiones en áreas como las remuneraciones para los profesores y avanzar en un sistema de incentivos para ellos. “Sin esfuerzos en materias salariales, difícilmente el sistema atraerá a personas con las condiciones y la vocación requeridas para ejercer la profesión, particularmente en aquellos establecimientos que atienden a la población más vulnerable”, dice.

Discusión

A pesar de estas consecuencias, Urzúa sostiene que el problema no está en discutir o no la gratuidad para las instituciones de educación superior. Siempre que “los recursos públicos fuesen utilizados en inversiones que tengan rentabilidades social y privada, altas y aseguradas”.

Sin embargo, hoy “esto no ocurriría. De hecho, la idea de gratuidad emerge como respuesta a la mala calidad de la educación superior chilena. En este sentido, creo que es una solución equivocada al problema de fondo, que es la calidad”.

En ese sentido, los investigadores indican que se tiene que avanzar a un sistema donde haya “racionalidad económica” en los costos que enfrentan los estudiantes y donde haya aseguramiento de la calidad.

2,4% del PIB
es el gasto en Chile en educación superior. El promedio OCDE es de 1,7% del PIB.

2.315 millones de dólares
era el presupuesto para educación terciaria en 2013.

1,4 pesos destina el país
a educación general, por cada peso que se da a educación superior.

2,4 pesos invierten
los integrantes de la OCDE en educación primaria y secundaria, por cada peso que se va a educación terciaria.