“Este censo es el primero en su género en la historia de México”, ha dicho esta mañana Chuayffet. El ministro fue designado por el presidente Enrique Peña Nieto en diciembre de 2012 para llevar a buen puerto la reforma educativa y plantar cara a la poderosa organización gremial de cerca de millón y medio de afiliados liderada en ese entonces por Elba Esther Gordillo, que ejercía el control del sector. Un año después la fotografía es muy diferente. La sindicalista está en la cárcel acusada de desvío de fondos y el Gobierno intenta impulsar una serie de modificaciones que han encontrado una dura resistencia en los sectores más radicales del magisterio. El ministro ha aceptado, entre risas, que en un año al frente del ministerio “el Estado ha recobrado la rectoría de la educación… que ahora se decide y se resuelve en la Secretaría de Educación Pública”.

El censo, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se hizo en todo el país aunque en 15 entidades (Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas) no se logró encuestar al 100% de alumnos o maestros por motivos diversos, entre ellos la inseguridad o desastres naturales. En tres estados –Chiapas, Michoacán y Oaxaca– los maestros que se oponen a la reforma educativa y que han hecho decenas de movilizaciones a lo largo de este año impidieron que se desarrollara el censo. Las autoridades estiman que en Chiapas, uno de los estados más pobres del país, existen 959.838 alumnos y 57.293 maestros que no fueron censados. En Michoacán 40.754 maestros y 392.554 alumnos no fueron encuestados. Y en Oaxaca, el estado que más resistencia ha mostrado a los cambios, son 51.193 maestros y 555.264 alumnos los que no aparecen en el padrón. “Si algún maestro no viene en la nómina no recibirá pago. Es uno de los peligros que tiene no estar en el censo”, ha advertido Chuayffet.

Durante años, el sindicato rechazó el conteo de sus docentes para mantener su estructura en la opacidad. Existen maestros que cobran dos o más salarios o que ganan un sueldo de profesor pese a no trabajar en las aulas. De esta forma la dirigencia sindical controlaba los sueldos de los maestros, que desde 1992 provenían de los gobiernos estatales. La reforma educativa revierte eso y crea una nómina centralizada a partir del 1 de enero de 2015 que estará formada por los datos de este censo. Al revertir esta medida el Gobierno pretende restar poder a algunos movimientos magisteriales que continuamente presionaban a los gobernadores mediante bloqueos y plantones para exigir aumentos y pagos extraordinarios. “La medida es para dar transparencia al gasto corriente educativo”, señaló el ministro.

En marzo se entregarán los resultados definitivos del censo. Será entonces cuando se sepa cuántos maestros ocupan más de una plaza, cuántos cobran sin dar clases, qué materias imparten, las escuelas con edificios defectuosos y hasta cuántos casos y en dónde se ha registrado acoso escolar.