La pelea educativa que no cesa

“La libertad de enseñanza, que reconozca el derecho de los padres y tutores legales a elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos, en el marco de los principios constitucionales”. El Grupo Popular ha propuesto que este sea uno de los principios que rijan el sistema escolar en la nueva ley educativa (la Lomce, que se está tramitando en el Congreso). Y en esa enmienda se encuentra la esencia del conflicto que ha dividido la educación española del último siglo sin que el paso de los años y de las leyes haya conseguido cerrarlo. Se trata de la discusión entre la escuela concebida como servicio público y común a cargo del Estado o como bien privado sujeto por encima de todo a la elección y las decisiones de los padres, una pelea que en España ha estado también ligada a la dicotomía entre escuela laica y católica, pues esta religión es la que ha controlado tradicionalmente la inmensa mayoría de los centros privados.

La discusión ha girado en torno a frases clave que dan respaldo legal a una u otra opción, por ejemplo: el “derecho a la educación” se refiere al deber del Estado para primar la escuela pública; y la “libertad de enseñanza y el derecho de los padres a elegir” se refiere a que la privada debe quedar en primer término si las familias lo desean y las Administraciones estarán obligadas a subvencionarla. El siguiente es un repaso histórico a una pelea que parece no tener fin.

1. La indefinición de partida. El catedrático de Educación Comparada de la Universidad de Salamanca Leoncio Vega sitúa la raíz del problema en la primera ley española de enseñanza, la conocida como Ley Moyano, de 1857: “En ella se hablaba de un sistema público, pero en el fondo siempre se tuvo que financiar con aportaciones de los padres u otros colectivos”, por ejemplo, la Iglesia católica. “La frontera entre enseñanza pública y privada en España siempre ha sido muy confusa”, añade.

2. La Segunda República. A partir de 1931, con la proclamación de la República, el Gobierno se decantó claramente “por la acción pública, pues se considera que la educación tiene una relación directa con la democracia”, explica Antonio Viñao, catedrático de la Universidad de Murcia. Así, comenzó una actividad frenética de construcción de colegios y, sobre todo, institutos, y se prohibió a las ordenes religiosas dar clases. Viñao asegura que ese veto nunca llegó a hacerse efectivo, pues muchos centros católicos pasaron la titularidad a los padres a través de la Sociedad Anónima de Enseñanza Libre (SADEL). La polémica, en todo caso, fue monumental, con protestas y discusiones continuas en los periódicos.

Protesta contra la LODE en 1983. / A. T.

Cuando el proyecto de ley llegó a las Cortes, varios representantes de asociaciones católicas, entre ellas, las de padres de familia, entregaron al presidente de la Cámara un escrito en el que explicaban sus razones, la segunda de la cuales era: “Que con el citado proyecto se niega a los padres el derecho de libre elección de los educadores de sus hijos”. “El debate ideológico sobre la educación partía de la dicotomía entre la responsabilidad del Estado en la enseñanza o la libertad de la familia y por su delegación la Iglesia. La Iglesia se erigía así en partidaria de la libertad de enseñanza, aunque solo en defensa de los centros católicos”, escribía en 2003 la profesora de la Universidad de Alicante Mónica Moreno.

3. La dictadura. Tras la Guerra Civil, el Estado quedó como subsidiario en el ámbito de la educación, coinciden Vega y Viñao. La ley de enseñanza primaria de 1945 dice: “Corresponde a la familia el derecho primordial e inalienable y el deber ineludible de educar a sus hijos y, consiguientemente, de elegir las personas o centros donde aquellos hayan de recibir educación primaria, subordinándola al orden sobrenatural y a lo que el bien común exija en las leyes del Estado”. Durante años, el Estado apoyó la extensión de centros privados, básicamente, católicos, se ñalan los expertos. Sin embargo, el catedrático de la Complutense Julio Carabaña insiste en que hubo también una fortísima extensión de escuelas e institutos públicos, sobre todo a partir de los años sesenta. En 1970, sin embargo, con la Ley General de Educación, convienen también los expertos, se retomó la idea de educación como servicio público responsabilidad del Estado.

Imagen de una escuela durante la Segunda República. / TVE

4. Transición y democracia. El artículo 27 de la Constitución de 1978, el que habla de la educación, fue uno de los más difíciles de pactar. De hecho, según expertos como Viñao, Vega y José Torreblanca (primer presidente del Consejo Escolar del Estado) no hubo pacto, sino una suma de frases que protegen unas a la pública (“Todos tienen el derecho a la educación”) y otras a la privada (“Se reconoce la libertad de enseñanza”). De tal manera que según gobierne una postura ideológica u otra, se pondría el acento en una u otra, señala Viñao.

En 1985, con la aprobación de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación (LODE), se ordenó el sistema actual de conciertos. Este consiste en que los colegios privados que deseen ofrecer enseñanzas gratuitas recibirán dinero del Estado, pero deben someterse a ciertas normas de funcionamiento semejantes a la pública. “Fue un error”, dice Viñao, “creyeron que entregando dinero podrían controlar a los centros”.

Desde entonces, donde ha gobernado la izquierda normalmente se ha primado a la pública y viceversa, y esas frases como la que propone el Grupo Popular para la Lomce respaldan legalmente la extensión de la concertada allí donde la Administración se pueda resistir. Mientras, las acusaciones a la concertada se centran en que no ofrece realmente un servicio público al seleccionar al alumnado, no solo por el carácter católico de la mayoría de ellos, sino por el cobro de cuotas voluntarias que dejan fuera a las clases más humildes. La concertada siempre ha negado esa selección, a la vez que defiende su derecho al carácter propio, que los padres aceptan cuando se matriculan.

“En España el debate ha estado siempre en la titularidad, pero eso no es así en otros países, donde público es lo que recibe subvención”, explica Vega. Y Viñao abunda en ello: “A mí no me preocupa tanto la titularidad como lo que enseña y cómo. El tema es la selección, ya sea por sexo, por clase social, por confesionalidad…”.