Este mecanismo fue creado en 1993: Sin copago, colegios dejarían de recibir cerca de US$ 470 millones

Los cuatro candidatos de la Nueva Mayoría tienen entre sus planes terminar con el financiamiento compartido. Los de la Alianza, en cambio, proponen mantenerlo, pero aumentando la subvención por alumno.

Pablo Obregón Castro, El Mecurio, 16 de junio de 2013 

Lo prometió esta semana la candidata del PS-PPD, Michelle Bachelet: si es elegida Presidenta, una de las medidas que adoptará será eliminar gradualmente el financiamiento compartido en la educación particular subvencionada y compensará esos recursos con un aumento de la subvención escolar.

Lo mismo prometieron el candidato independiente Andrés Velasco, y el de la Democracia Cristiana, Claudio Orrego. El abanderado del Partido Radical, José Antonio Gómez, fue más allá: fin al cofinanciamiento y, en el mediano plazo, fin al pago de subvenciones a las escuelas particulares, redireccionando esos recursos hacia el sector estatal.

Los candidatos de la Alianza, Andrés Allamand (RN) y Pablo Longueira (UDI), en cambio, se declararon partidarios de aumentar la subvención por alumno, pero manteniendo los aportes que los padres puedan hacer a la educación de sus hijos.

Este mecanismo fue creado en 1993 por la Concertación y permite a los colegios particulares subvencionados hacer un cobro obligatorio a los estudiantes. En promedio, este copago asciende a $17 mil mensuales y, según sus defensores, apunta a inyectar recursos a un sistema cuyo gasto por alumno es bajo. Sus detractores, en cambio, señalan que este mecanismo, lejos de ayudar a mejorar la calidad de la enseñanza, lo que hace es aumentar la segregación.

Como sea, en tres décadas desde su creación, el financiamiento compartido se ha expandido con fuerza: si entre 1993 y 1998 el 16% de los alumnos que asistía al sector particular subvencionado realizaba copago, en la actualidad es el 80%, dice el economista de la Universidad Diego Portales Gregory Elacqua. Y mientras en 1993 una familia pagaba en torno a $5.400, hoy paga más de $17 mil; es decir, casi un 200% más en términos reales. Esto implica, precisa Elacqua, que los ingresos totales que aportan los padres y apoderados alcanzan los $240 mil millones anuales, equivalentes a US$ 470 millones. Considerando el sistema escolar completo (desde kínder hasta cuarto medio), el financiamiento compartido representaría el 8% de los recursos de este sector.

Cifras más abultadas son las que manejan en la Asociación de Colegios Particulares (Conacep). El presidente de este gremio, Hernán Herrera, cree que el aporte de los padres podría ascender incluso a los US$ 750 millones. “Si se elimina el cofinanciamiento, para mantener el mismo estándar de la educación particular subvencionada, esas platas tendrían que salir del erario nacional”, señala Herrera.

Sector municipal es minoritario

Actualmente, existen 5.512 escuelas municipales, donde estudian un millón 320 mil alumnos, equivalentes al 37,6% del total del sistema. El sector particular subvencionado, en tanto, tiene 5.886 establecimientos y una matrícula de un millón 880 mil niños; es decir, el 53,6% del sistema.

Para Hernán Herrera, estas cifras deberían hacer que el foco de la discusión estuviera en cómo mejorar la calidad de la educación municipal y frenar su deterioro, y no girar en torno a la plata que los padres deciden pagar a los colegios particulares subvencionados donde envían a sus hijos.

“Si se elimina el cofinanciamiento, no se está amenazando la retribución del sostenedor, sino que se está poniendo en peligro la continuidad de muchos proyectos educativos, cuyos sostenedores son, en la mayoría de los casos, profesores que tienen un solo colegio”, dice.

Una opinión diametralmente opuesta tiene Elacqua: “No existe evidencia de que el financiamiento compartido mejore la calidad de la educación. Los sostenedores no están utilizando los recursos adicionales para mejorar la enseñanza sino para otros fines (lucrativos y no lucrativos). Y segundo, existe mucha evidencia que fomenta la segregación. Además, vale la pena mencionar que Chile es el único país de la OCDE que permite un copago como mensualidad.

En Chile, la inversión pública anual por alumno bordea los US$ 2.852, cifra que es un tercio del promedio de la OCDE (ver nota relacionada).

Cifras del Instituto de Políticas Públicas de la UDP muestran que en las escuelas con financiamiento compartido el porcentaje de estudiantes vulnerables es de 21% y en los establecimientos gratuitos, 44%.

Para Herrera, efectivamente el financiamiento compartido es una barrera de entrada, pero a su juicio la mayor segregación se produce en el mundo municipalizado: “La segregación más evidente se da en el emblema de la educación pública, que es el Instituto Nacional, lo que se replica en los liceos Bicentenario”.

El proceso de selección de alumnos del Instituto Nacional para el año 2013, por ejemplo, consideró las notas de Lenguaje, Matemática, Historia, Geografía y Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, además de la aplicación de un test de admisión, ponderado en un 60%.

Para la investigadora de Libertad y Desarrollo, María Paz Arzola, es evidente que el hecho de que un colegio sea gratuito no implica que sea diverso.

Descuentos de subvenciones

No todo el copago se traduce en un ingreso adicional para el sostenedor que lo recibe. La ley determina que a los colegios que cobran financiamiento compartido se les debe aplicar un descuento progresivo en la subvención, el que varía entre 10% y 35% de la subvención total.

Por ejemplo, si un colegio cobra un copago de $70 mil, el Estado le descuenta el 35% de la subvención.

Cifras del Mineduc correspondientes al año 2011 muestran que, del total de colegios con copago, el 42% cobra menos de $9.550; el 22% entre $9.550 y $19.100; el 20% entre $19.100 y $38.200, y el 16% está en el tramo superior, de entre $70 mil y $76.400 mensuales.

¿Qué tipo de escuela tiene más recursos?

Datos elaborados por la investigadora de Libertad y Desarrollo María Paz Arzola indican que los colegios municipales disponen de más recursos por alumno en comparación con los particulares subvencionados, puesto que el sector público no solo recibe dineros vía subvenciones.

Si se consideran las subvenciones, los aportes directos del Mineduc, transferencias de la Subdere y de los municipios, el sistema público dispone de US$ 2.852 por alumno al año. El sector particular subvencionado, en cambio, dispone de US$ 2.016 por cada estudiante.