Un problema de dirección
José Joaquín Brunner: “Reducida a un apéndice de tercera importancia dentro del Mineduc, la institucionalidad que ordena la investigación científica y tecnológica ha acumulado un serio déficit de gobernabilidad…”
El Mercurio, 9 de junio de 2013
La propuesta presentada al Gobierno por una comisión abocada al estudio de una nueva institucionalidad para la investigación científica y tecnológica identificó correctamente la necesidad de crear un Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Ha terminado así por reconocerse que este sector -de creciente importancia estratégica- requiere dotarse de reales capacidades de conducción. Al momento más se asemeja a una embarcación sin timón; una nave sin sistema de navegación.
Reducido a un apéndice de tercera importancia dentro del Mineduc, el sector ha acumulado un serio déficit de gobernabilidad. No constituye una prioridad de las autoridades ministeriales excepto en momentos de crisis aguda. La división ministerial encargada de este nivel posee un personal reducido, escasos recursos propios, una estrecha plataforma de información y conocimiento, sus atribuciones son insuficientes y sus instrumentos de acción inadecuados para la envergadura de las tareas que debería ejecutar.
Estas deficiencias se han vuelto más visibles y tornado más inquietantes en la medida que el sector ha crecido explosivamente. Hoy es una organización masiva de oportunidades, beneficios y riesgos poblada por más de un millón de estudiantes y cerca de cien mil docentes. Comprende dos centenares de instituciones, las cuales ofrecen diez mil programas de enseñanza, gradúan ciento veinte mil técnicos y profesionales cada año y su operación de conjunto alcanza a alrededor de seis mil millones de dólares.
Pero hay más. El sector es la principal fuente de investigación y conocimiento del país en variadas disciplinas científicas y en las artes y humanidades; un espacio de progresiva profesionalización de múltiples actividades y de racionalización de la política pública; lugar de interacción entre sucesivas generaciones y con la memoria de los saberes constitutivos de la modernidad; centro neurálgico para la preparación y socialización de las elites y un dispositivo de selección meritocrática (aunque pesa asimismo la ventaja cultural heredada en el hogar).
La falta de conducción y timón de tan compleja y vital organización es responsable en parte del desarreglo intelectual y político en que se encuentra el sector. Caracterizan a este desarreglo: una legislación obsoleta; un débil proceso de formulación, adopción e implementación de políticas; una casi nula capacidad de seguimiento y evaluación de las políticas; regulaciones insuficientes y con mínima efectividad; una gestión engorrosa y desordenada de asuntos clave como créditos universitarios, becas de estudio en el extranjero, procedimientos de acreditación, auditorías financieras, controles de calidad, etc.
Así, a la falta de una agenda con prioridades bien establecidas y una carta de navegación, característica de la acción gubernamental en este sector, se agregan fallas estructurales de la institucionalidad directiva del mismo, expresándose como una crónica ausencia de dirección.
El paliativo anunciado por el Presidente el 21 de mayo pasado, en orden a crear una subsecretaría de educación superior dentro del Mineduc es, típicamente, lo que los anglosajones califican como too little, too late ; es decir, poco y tarde. Al desoír el consejo de su comisión asesora, el Presidente equivoca el diagnóstico del problema, atribuyéndole un significado meramente burocrático, y plantea una solución que no conviene ni es oportuna.
El desafío, en efecto, no es reforzar un mecanismo burocrático hace rato obsoleto, sino diseñar una institucionalidad de gobierno para el sector a la altura del siglo XXI. Esta debe partir por el órgano de conducción y timón -el Ministerio aquí sugerido- y enhebrarse enseguida con otras agencias y funciones como las de acreditación, superintendencia, licenciamiento de nuevas instituciones, información, protección de los derechos de los usuarios, administración de becas y créditos, fomento y financiamiento de las actividades de investigación y desarrollo, fondo de apoyo a las humanidades y la investigación educacional, etc.
Es de esperar que en los meses venideros, de intensa deliberación pública se supone, estos asuntos sean discutidos como parte de la futura organización del Estado en el sector de la educación superior.
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