Tres iniciativas del Mineduc se encuentran en el Senado y cuatro en la Cámara de Diputados: Gobierno prioriza 4 de los 7 proyectos de ley de su agenda educacional

Ministro Cristián Larroulet dijo que las leyes más relevantes para el Ejecutivo son las de Superintendencia de Educación Superior, reforma a la acreditación, financiamiento estudiantil y subvención para la clase media. Sostiene que Carolina Schmidt está trabajando para conseguir los consensos y avanzar en los temas.  

Alejandra Muñoz y Rienzi Franco, El Mercurio, 11 de mayo de 2013

Una importante cantidad de tiempo deberá pasar en el Congreso la ministra de Educación, Carolina Schmidt, durante las próximas semanas. Ello, porque la intensa agenda legislativa de la cartera -que considera siete proyectos de ley, tres en el Senado y cuatro en la Cámara de Diputados- es una de las prioridades del Ejecutivo para lo que queda del período de gobierno.

Según el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, de las siete iniciativas legales, cuatro son centrales para La Moneda: “Hay una agenda priorizada, el Presidente se reunió con la ministra, se fijaron las prioridades y ella está conversando ya para acelerar ese tratamiento. Superintendencia, acreditación, financiamiento y subvención escolar para la clase media son cuatro proyectos prioritarios”.

Aprobarlos en el tiempo que queda no será fácil, ya que todas las iniciativas legales están recién en su primer trámite constitucional y la más avanzada, que es la que crea la Superintendencia de Educación Superior, comenzará a moverse recién a partir de la próxima semana, cuando se venza el plazo para presentar indicaciones e iniciar así el debate en particular. Además, hay importantes diferencias entre la Alianza y la Concertación en los temas.

El más retrasado, y que genera menos consenso, es el que crea las agencias locales de educación pública o desmunicipalización, que está prácticamente paralizado desde que ingresó a la Cámara en diciembre de 2011.

Jardines infantiles

La última propuesta que ingresó al Congreso el ex ministro de Educación Harald Beyer, a través de la Cámara de Diputados, fue la que establece que el Ministerio de Educación deberá autorizar el funcionamiento de los jardines infantiles. Para poder operar, estas instituciones deberán cumplir con estándares de calidad.

El proyecto considera también que la fiscalización de la Superintendencia de Educación se extienda a este tipo de recintos.

Aunque fue la última en ingresar, es la iniciativa que genera más consenso en la Cámara. “Estamos bastante avanzados en un acuerdo, ya la votamos en general y he dado un plazo hasta mayo para recibir las indicaciones y empezarlo a votar en particular a partir de junio”, explicó la presidenta de la Comisión de Educación, María José Hoffman (UDI).

Por su parte, el DC Gabriel Silber planteó que como Concertación tienen “toda la disposición para trabajar en la agenda en educación que, por cierto, tiene poco tiempo el Gobierno para sacar adelante”.

Esta iniciativa debería complementarse con una propuesta adicional sobre calidad de la enseñanza preescolar que había anunciado el ex ministro Beyer antes de su destitución.

Desmunicipalización

“En él hay poco acuerdo y no hay consenso transversal, no lo hay en la Alianza ni en la oposición, ni en la Asociación de Municipalidades”. Con estas palabras, la diputada UDI María José Hoffman resumió el estado en que se encuentra el proyecto que crea las agencias locales de educación pública o de desmunicipalización.

El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados en diciembre de 2011 y fue elaborado a partir de las propuestas de un grupo de expertos. Establece un nuevo sistema de administración de los establecimientos públicos, a través de agencias locales, pero permite que los municipios con buenos resultados sigan administrando sus colegios. La iniciativa no se debate hace meses.

“Sobre el proyecto de la desmunicipalización existen distintas miradas en torno al concepto de la educación pública y obviamente hay ciertos disensos en aspectos centrales respecto de la mirada que tiene el Gobierno frente al tema”, afirmó el parlamentario DC Gabriel Silber.

Carrera docente

Para algunos expertos en educación, el proyecto de carrera docente es uno de los que tendría más impacto a nivel escolar. La iniciativa se encuentra desde febrero de 2012 en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y no ha sido aprobada en general.

La propuesta establece un nuevo sistema de evaluación de los profesores y crea una prueba obligatoria que deben aprobar los egresados de Pedagogía que quieran trabajar en el sector municipal y particular subvencionado. Como se plantea una nueva escala de sueldos, el proyecto establece un incremento de 25% en la subvención escolar en 10 años.

Este es el principal punto de discordia, ya que el aumento será para los sostenedores municipales y particulares subvencionados, pero la nueva carrera docente solo se aplicará a los profesores del primer sector.

Para la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara, María José Hoffman (UDI), esta iniciativa “es la segunda prioridad legislativa que yo veo que se va a instalar en la Cámara”. Afirma que se están generando consensos.

Financiamiento estudiantil

La iniciativa que crea un sistema único de financiamiento estudiantil entró al Senado en junio de 2012. La Comisión de Educación la aprobó en general y ahora deberá ser analizada en la de Hacienda.

La propuesta establece que todos los créditos serán entregados por el Estado, con lo que los bancos salen del sistema, y que a los estudiantes de los tres primeros quintiles se les entregarán becas. Solo quedarán fuera del beneficio los estudiantes que pertenezcan al 10% más acomodado de la población.

A juicio del senador Alejandro Navarro, esta iniciativa no aborda la demanda de gratuidad, lo que califica como “una discordancia matriz” con el Ejecutivo. Su par Carlos Cantero, en cambio, confía en que la propuesta puede salir adelante. “Tenemos una agenda que está funcionando y va a despachar los tres proyectos que están en el Senado en una secuencia que intentaremos sea lo más ágil posible”, afirmó.

Superintendencia

El proyecto que crea la Superintendencia de Educación Superior entró al Congreso el 22 de noviembre de 2011 y es el que más ha avanzado en su tramitación legislativa. El 19 de marzo fue aprobado en general en la sala del Senado, y el próximo 20 de mayo vence el plazo para presentar indicaciones e iniciar su trámite en particular.

Además de crear la nueva entidad fiscalizadora, el proyecto regula las transacciones entre las universidades y sus empresas relacionadas, punto que genera las principales diferencias entre el Gobierno y la Concertación, que quiere prohibir dichos vínculos para impedir que haya lucro.

“Si el Gobierno insiste en no modificar ese ámbito e intenta avanzar en consolidar la actual institucionalidad, eso va a generar problemas”, afirmó el senador Alejandro Navarro (MAS), que integra la Comisión de Educación. Su par independiente Carlos Cantero, se mostró más optimista: “Luego que se someta a indicaciones se podrá mejorar y perfeccionar si así se vota, pero creo que es una buena idea”.

Subvención para clase media

El 30 de octubre del año pasado el Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de ley que crea una subvención especial para los colegios que atiendan a estudiantes de clase media. La iniciativa se enfoca especialmente en los escolares que pertenecen al tercer quintil de ingresos, ya que los estudiantes del 40% más pobre tienen el beneficio de la Subvención Escolar Preferencial (SEP).

El monto del subsidio -que recibirían los colegios donde están matriculados los niños- variaría entre $9.000 y $14 mil al mes adicionales a la subvención.

El principal punto de conflicto en el proyecto ha sido el que no se pongan condiciones a los sostenedores para recibir el monto, como sí lo plantea la SEP. Por ejemplo, los colegios podrán seguir cobrando financiamiento compartido a las familias aunque los niños reciban este aporte.

En este tema la votación se ha producido en bloque: en la Comisión de Educación la mayoría de la Alianza permitió aprobarlo en general, mientras que la oposición lo rechazó. Una situación similar se produjo en la Comisión de Hacienda, donde el diputado Carlos Montes (PS) aclaró que la oposición no visará la iniciativa.

Sistema de acreditación

La conmoción que se generó luego que se dieran a conocer las irregularidades en la Comisión Nacional de Acreditación, llevó al Ejecutivo a enviar al Senado, en enero, un proyecto de ley que crea la Agencia Nacional de Acreditación y que reforma el sistema de certificación de las instituciones.

La iniciativa hace obligatorio el proceso, establece estándares que las entidades deben cumplir y abre espacios para la acreditación internacional.

El proyecto está en pleno análisis en la Comisión de Educación de la Cámara Alta, que ha recibido las opiniones de dirigentes de diversas federaciones de estudiantes y de centros de investigación.

“Tenemos observaciones respecto de quién es el ente ordenador del proceso”, afirmó el senador Alejandro Navarro (MAS) sobre el tema, que está en tercer lugar en las prioridades de la comisión, tras los proyectos de Superintendencia y Financiamiento.