Columna publicada en La Segunda en relación a la acusación constitucional contra el ministro H. Beyer.

Paradójica acusación

Brunner, José Joaquín- La Segunda, Jueves 21 de Marzo de 2013

Justo en el momento en que el Congreso se encuentra abocado a discutir y aprobar dos iniciativas esenciales para mejorar la regulación de nuestro sistema de educación superior -una que establece una Superintendencia para el sector y la otra que busca refundar desde sus bases el esquema de aseguramiento de la calidad-, diputados opositores han decidido promover una acusación constitucional contra el ministro de Educación. Lo acusan, precisamente, de infringir la Constitución e incumplir las leyes en materia de fiscalización de la enseñanza.

Es una paradoja: al mismo tiempo que estas iniciativas legales destinadas a mejorar la supervisión y el control de calidad del sistema reconocen su ausencia o debilidad, por otro lado se juzga severamente al secretario de Estado que impulsa el fortalecimiento regulatorio.

Miradas las cosas con cierta perspectiva y sin exceso de partidismo, cabe más bien admitir que el actual ministro ha construido sobre bases heredadas -con sus virtudes y flaquezas- procurando fortalecer, no debilitar, las regulaciones del sector. ¡A cada cual lo que corresponde!

En realidad, los actuales opositores, que ayer desde el gobierno introdujeron una primera generación de controles en un sistema que se hallaba entregado íntegramente a las fuerzas del mercado, debieran felicitarse porque la autoridad está hoy dispuesta a dar un paso más.

A fin de cuentas, vale la pena recordarlo, nuestro sistema fue concebido en los años 80 bajo una inspiración neoliberal extrema, rayana en la ingenuidad, y muchos de sus patrocinadores de entonces luego se opusieron obcecadamente contra toda y cualquiera regulación. El mercado debía reinar sin contrapeso, sin controles, sin guía externa alguna, librado a su espontánea virtud autorregulatoria, llevado como por una mano invisible.

El hecho de que una parte de quienes ayer defendieron tan equivocadas posiciones ideológicas hoy esté dispuesta a apoyar a un ministro que entiende la necesidad de establecer un correcto balance entre libertades académicas y control de calidad, autorregulación y evaluación externa, autonomía institucional y supervisión/acreditación pública, es testimonio de una convergencia de opiniones que el actual clima confrontacional podría fácilmente destruir.

Por todo esto, además de constituir una paradoja, la idea de movilizar una acusación constitucional contra el ministro de Educación es un error. Sólo servirá para desviar el foco legislativo, dificultar un acuerdo sobre materias sustantivas, revivir querellas añejas sobre lo que hizo o no la Concertación mientras gobernó el país y renovar la discusión cuasi religiosa sobre el turpe lucrum , lucro inmoral e inaceptable.

Suponer que este cuadro completo -de acciones y reacciones, progresos legislativos incrementales y vacíos debidos a intereses ideológicos y materiales, de dificultades y posibilidades, con sus desaguisados y virtudes, este cuadro entero y su evolución y proyecciones futuras- pudiera achacarse a una sola persona, el ministro de Educación, haciéndolo aparecer como responsable del conjunto de factores históricos involucrados, resulta simplemente fuera de lugar.

Algunos dirán que esta acusación pretende ante todo transmitir una señal al gobernante, llamar la atención de la opinión pública hacia los problemas pendientes y dar apoyo al movimiento estudiantil. Ninguna relación pues con causales para una acusación constitucional. Otros querrán abrir causa contra los once ex ministros de Educación concertacionistas, incluso dentro de la oposición, en una rara exhibición pública de masoquismo. El ambiente político se volverá sobre sí mismo, autofagocitándose, como ocurre cada vez que los dirigentes abandonan su responsabilidad primordial para dedicarse a representar un drama.

En un escenario de mayor racionalidad política, el deseo de impugnar los actos del Gobierno en el sector o de rediscutir el pasado pudo dar lugar a un interesante debate público o, incluso, si se quería evaluar la actuación del ministro, a una interpelación parlamentaria. Esta busca precisamente citar a un ministro de Estado ante la Cámara de Diputados, a fin de formularle consultas específicas con el objeto de obtener la necesaria información para ejercer a cabalidad las funciones propias.

El ministro impugnado tendrá que mostrar ahora no sólo que posee sólidos argumentos y acciones para respaldar su posición sino, adicionalmente, recursos de poder y redes políticas para mantenerla.