JUSTO al momento que el Senado aprueba un primero pero significativo paso para establecer una superintendencia de la educación superior, diputados opositores promueven una acusación constitucional contra el Ministro:
“En particular, acusamos al señor Ministro de haberse abstenido notoriamente de disponer, con especial énfasis en la aplicación del principio de oportunidad, todas las gestiones correspondientes a dar curso a procesos administrativos y/o judiciales referidos a las denuncias presentadas ante él, tanto por particulares como por autoridades administrativas dejando con ello sin cumplir lo mandatado por el artículo 61 letra k) de la Ley 18.834 correspondiente al Estatuto Administrativo que establece que: “Serán obligaciones de cada funcionario:
k) Denunciar ante el Ministerio Público o ante la policía si no hubiere fiscalía en el lugar en que el funcionario presta servicios, con la debida prontitud, los crímenes o simples delitos y a la autoridad competente los hechos de carácter irregular, especialmente de aquellos que contravienen el principio de probidad administrativa regulado por la ley No 18.575”
Es una situación paradojal, pues al mismo tiempo que con la creación del organismo supervisor se reconoce su ausencia y necesidad por otro lado se juzga severamente al secretario de Estado que impulsa la creación del organismos de supervigilancia.
Miradas las cosas con perspectiva, cabe reconocer que el actual Ministro ha construido sobre las bases heredadas –con sus virtudes y flaquezas– procurando fortalecer, no debilitar, las regulaciones del sector. Por eso además de una paradoja, la acusación es un error.
El deseo de impugnar los actos del gobierno en este sector debió dar lugar, en un escenario de mayor racionalidad política, a lo más a una interpelación parlamentaria.
Una vez elegido el camino de la confrontación, la oposición corre el riesgo de perder, más que una arbitraria acusación en el Parlamento, en credibilidad política.
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VER LA ACUSACION (borrador) AQUI <PDF>
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SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR: SENADO APRUEBA IDEA DE LEGISLAR
Ministro Harald Beyer resaltó que el proyecto entrega facultades de fiscalizar adecuadamente el lucro, de las que ahora carece el Estado.
La Nación, Martes 19 de marzo de 2013| por UPI – foto: UPI
Por 26 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones, la Sala del Senado aprobó la idea de legislar del proyecto que crea la Superintendencia de Educación Superior. El ministro del ramo Harald Beyer, dijo durante el debate que la nueva institución le da al Estado la posibilidad de “fiscalizar adecuadamente el lucro”. La autoridad sostuvo que el proyecto considera una serie de disposiciones que permiten velar por el derecho de los estudiantes, un control más activo de las instituciones, “para que situaciones como las que hemos vivido hoy día, nosotros creemos que con este proyecto podrían ser perfectamente evitables y esta es una solución de largo plazo y permanente”. Agregó que el proyecto le da al Estado atribuciones que hoy día no tiene, “y le da además posibilidad de sancionar y de ir previniendo eventuales irregularidades en el caso de las distintas instituciones de educación superior y además permite resolver los problemas que hoy día hay respecto de la imposibilidad que tiene el Estado de fiscalizar adecuadamente el lucro. Esta es la solución de largo plazo”, afirmó. Sobre el problema de la Universidad del Mar, situación planteada por senadores de oposición durante la discusión del proyecto, Beyer insistió en que “la transición iba ser dolorosa”, que se concretaría durante el primer semestre y confió en que el proyecto de Superintendencia va a evitar que se llegue a esas “condiciones terminales”. Los senadores acordaron fijar hasta el 8 de abril el plazo para la presentación de indicaciones a este proyecto de ley. ————————————————————————–
Los fundamentos con que la Oposición acusará constitucionalmente al ministro Beyer
LAS ACUSACIONES PUNTUALES
Uno de los puntos particulares que trata el informe tiene que ver con las declaraciones públicas que ha hecho el ministro en las que ha señalado que su cartera no tiene las facultades para hacer de órgano fiscalizador, aunque, según asegura el documento, en paralelo se dio curso a una auditoría a la U. del Mar con ocasión de la denuncia presentada por el ex rector, Raúl Urrutia. Además, se cuestiona su ejecución en el proceso de cierre de la U. del Mar, sus ausencias reiteradas a las citaciones que le ha hecho la Comisión de Educación de la Cámara para abordar el tema, y se aduce un retraso en la promulgación de reglamentos vinculados a la regulación de la educación superior. Otro aspectos en el que se centrará la acusación tiene que ver con una supuesta omisión de parte de Beyer del cumplimiento de sus obligaciones ministeriales. En este sentido se sostendrán como argumentos el informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre el lucro en la educación superior, las denuncias hechas por particulares como los abogados de la U. de Chile -Carola Canelo, Miguel González y Joaquín Polit- en septiembre de 2011, investigaciones periodísticas, etc. Por último, se cuestionará la capacidad del Ministerio de fiscalizar y supervisar otros órganos que dependen de éste, tales como la División de Educación Superior, el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior y el Servicio de Información de Educación Superior (SIES), con las que, según la acusación, han ocurrido situaciones cuestionables tales como la omisión de la existencia de lucro en algunas universidades. El documento que inicialmente (aunque podría estar sujeto a cambios) se presentará este miércoles, puede ser leído a continuación:
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Ministro Beyer dice que acusación constitucional sólo tiene “un uso político”
“He sido súper claro en transmitir que es totalmente infundado y que no tiene ninguna justificación”, dijo el ministro de Educación. Agregó que “si no tienen ningún fundamento, hay un uso político”.
————————————————————————— Respaldo DC sella ingreso de acusación constitucional contra Beyer
por Hernán López, La Tercera, 20 marzo de 2013
La mañana de ayer, el jefe de bancada DC, Ricardo Rincón, les recordó a sus pares que debían asistir al almuerzo de coordinación, que horas más tarde, en Valparaíso, sellaría el futuro de la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Harald Beyer. El texto de más de 80 páginas -visado por los jefes de partido y elaborado por un grupo transversal de abogados, a petición de los diputados opositores de la Comisión de Educación- fue distribuido durante la semana pasada, para su revisión. Durante el almuerzo de ayer, la mayoría de la bancada DC entregó su apoyo al documento, pese a que hasta el lunes mantenían cautela frente a la ofensiva. Uno de los legisladores que hizo alcances fue Jorge Burgos, quien argumentó que el libelo podía abrir una ruta de investigación no tan sólo a la gestión de Beyer, sino también a las gestiones de la Concertación. El principal argumento de la acusación apunta al incumplimiento de Beyer de la ley de regulación y fiscalización del lucro en la educación superior. Más tarde y con el respaldo DC confirmado, Rincón se reunió con los jefes de bancada de oposición, para confirmar su apoyo y delinear los siguientes pasos. Hoy, cerca del mediodía, será ingresada y mañana serán sorteados los diputados que integrarán la comisión acusadora (ver recuadro). En el gobierno fustigaron la arremetida contra Beyer, pero aseguraron tener los votos para rechazar el libelo en la Cámara. En el oficialismo creen que pueden contar con el diputado René Alinco y apuestan por descolgados de la Concertación. Por su parte, el propio Beyer dijo que la acusación, “no tiene ninguna justificación. Creo que he sido el primer ministro que realmente ha fiscalizado las instituciones de educación superior. Si no tiene fundamento, hay un uso político”. En tanto, Cristina Girardi (PPD), una de las impulsoras de la acusación, dijo que “si hay diputados que no quieren apoyarla, van a faltar a su mandato: fiscalizar las actuaciones del gobierno y de los ministros”.
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