La reforma legal que impulsa el Ministerio de Educación ha salido trasquilada del proceso de consulta a las autonomías —durante el que las comunidades del PP no han dejado de plantear dudas y quejas— y en los próximos meses le espera un Congreso de los Diputados en el que la mayoría de los grupos se muestra ya absolutamente hostil. En la mente de todos está la anterior ley escolar aprobada con un Gobierno popular, la LOCE, de 2002.

Esa norma solo la apoyaron en el Parlamento el PP y Coalición Canaria y no llegó a entrar en vigor salvo en algunas cosas porque el PSOE la retiró cuando llegó al Gobierno en 2004. El Ejecutivo de Zapatero hizo otra ley (LOE, 2006) que se aprobó en el Congreso con la única oposición del PP (CiU, BNG y CHA se abstuvieron), y que es la que el actual Gobierno del PP va a cambiar. Una posible moraleja para el reformador sería: intentar hacerlo con el mayor consenso posible. Otra: hacerlo cuanto antes, para que llegue a entrar completamente en vigor.

En el caso del actual intento, con una mayoría absoluta similar a la de 2002, las declaraciones públicas señalaban a la primera moraleja, pero los hechos apuntaban más bien a la segunda. Sin embargo, el trámite sufrió un brusco parón con el proceso de consulta autonómica, durante el cual, al rechazo de las comunidades que no están gobernadas por el PP, se le sumó un inesperado conato de rebelión de las autonomías que sí están dirigidas por los populares. Lo que muchos pensaban que sería un mero trámite resuelto a final de octubre de 2012 se prolongó, en realidad, hasta la semana pasada, con una última reunión entre el ministerio y las comunidades.

En ese tiempo, el texto cambió sustancialmente hacia posiciones más ideológicas y, sin embargo, no ha terminado de dejar contentos a los consejeros del PP, pues ahora no les salen las cuentas de la reforma: el ministerio calcula 408 millones de euros en costes directos a financiar por el Estado en tres años y hasta 927 millones que asumirían las comunidades. Esa memoria económica de la ley también ha sufrido importantísimos cambios en muy poco tiempo: en una primera versión calcularon que hacía falta cinco veces menos dinero y algunas autonomías aún creen que la última versión se queda corta.

El ministro Wert ha dicho que creará una comisión para ajustar los cálculos, pero que el texto se queda como está, así que los posibles acuerdos de cambio (en la memoria y en el articulado de la ley) tendrían que esperar ya al debate parlamentario.

A él se remitió la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, al tratar de enfriar, el pasado diciembre, la polémica que suscitó el nuevo borrador, que trajo más apoyo a la escuela concertada, una asignatura alternativa a la de Religión y la desaparición de la de Ciudadanía y, sobre todo, una cláusula que obliga a la Generalitat de Cataluña a ofrecer clases fundamentalmente en castellano a los padres que lo deseen, si es necesario, pagándoles un colegio privado. Así, después de que el nuevo texto encendiera más los ánimos de los partidos de izquierda, de los padres, de sindicatos y de alumnos defensores de la escuela pública (movilizados ya contra los recortes) y a los nacionalistas, la vicepresidenta insistió en que habrá largos periodos que permitan negociaciones y enmiendas, y que, probablemente, no se aprobaría la ley hasta principios de 2014.

Ahora, tras la consulta autonómica y al Consejo Escolar del Estado, el trámite pasa por el informe del Consejo de Estado, que se puede demorar en torno a dos meses; y, después, el Consejo de Ministros deberá aprobar el texto que pase definitivamente al Congreso. Desde el Ministerio de Educación no quieren hacer cálculos de cuándo ocurrirá esto. Sáenz de Santamaría dijo que sería a mediados de año. Pero en el PSOE creen que podría ser antes, en abril, y temen que los cálculos dilatorios de la vicepresidenta puedan ser una táctica para desmovilizar las protestas, dice Mario Bedera, portavoz de Educación del Grupo Socialista en el Congreso.

Llegue cuando llegue, lo que está claro es que el actual proyecto de ley no cuenta apenas con apoyos más allá del Grupo Popular. Desde los grupos vasco y, sobre todo, catalán, pelearán todo aquello que consideran que se entromete en sus competencias (sobre todo por el tema de la lengua cooficial). Martí Barberá, del Grupo Catalán, asegura que su partido estaba dispuesto a cooperar para mejorar la educación, pero que se opondrán con todas sus fuerzas a la actual propuesta “por ideológica, retrógrada y centralista”, y para defender su modelo de inmersión lingüística, con el que la única lengua vehicular de la escuela es el catalán.

Por su parte, PSOE e IU han acusado a la reforma de segregadora e injusta, y rechazan las concesiones a la escuela privada y a los obispos. Bedera, del PSOE, anuncia que pedirá un buen número de comparecencias de los sectores educativos durante el trámite parlamentario para suplir la falta de debate que, asegura, ha habido hasta ahora. Para UPyD tampoco vale la reforma, en este caso, “porque se queda corta”: “presenta casi el mismo modelo” que no ha funcionado, se queja su portavoz de Educación en el Congreso, Carlos Martínez Gorriarán.

En todo caso, hay que recordar que el PP tiene mayoría absoluta, lo que le permitiría aprobar la ley sin apoyos. Si esto ocurre en 2014, como previó la vicepresidenta, la ley no empezaría a aplicarse hasta septiembre de 2015, casi al final de la presente legislatura.

 Las claves de la propuesta de reforma