EL CONSEJO de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch) se resiste a ser lo que su nombre indica: una agrupación de todas las instituciones universitarias. Y el gobierno parece poco dispuesto a forzar ese paso mediante un cambio legal.

El Cruch mismo es una ambigua asamblea. Fundado hace casi 60 años, permanece unido por la inercia de su trayectoria; la defensa del statu quo (un subsidio entregado por el Estado a sus miembros y el poder de interlocución preferente con él) y la posibilidad de coordinar acciones comunes y, por esta vía, obtener ventajas competitivas.

La composición del organismo es arbitraria. En efecto, las universidades del Cruch son estatales y privadas con subsidio del Estado, aunque todas proclaman tener vocación pública. Reciben, a veces, el calificativo de universidades tradicionales; en realidad, sólo ocho fueron creadas antes de 1960. Las demás nacen con posterioridad a 1981, y las más recientes, a inicios de los 90. En su interior coexisten instituciones con diversas misiones: laicas y religiosas, con control propietario radicado en el país o el extranjero, de carácter más o menos empresarial, de alta y baja selectividad social, académicamente simples y complejas, con un gasto por alumno muy desigual, entre otras características.

En medio de este cuadro, los puntos fuertes del Cruch apenas logran percibirse. ¿Cuáles son? El liderazgo académico proyectado por las dos más sólidas instituciones de educación superior: la UCh y la PUC. Cada una, además, con un grado incipiente de internacionalización. Asimismo, el hecho de que ambas proporcionan los principales canales de entrada -por mérito o por adscripción- hacia las elites de la sociedad civil y el Estado. Adicionalmente, la mayor acumulación de capacidades de investigación y docencia de posgrado se produce en  siete de las 25 universidades del Cruch. Por último, se reúne allí un grupo de universidades con mayor potencial para contribuir al desarrollo de las regiones. Sin embargo, estas fortalezas no se manifiestan como atributos colectivos del Cruch ni desaparecerían si el consejo dejara de funcionar; son características de sus instituciones afiliadas. Por el contrario, el hecho de que el consejo agrupe a menos de la mitad de la matrícula universitaria y del número de universidades acreditadas, le resta representatividad nacional, peso político-cultural y profundidad en políticas públicas.

A lo dicho se agregan ambigüedad en el estatus y ejercicio de la presidencia del consejo, definición imprecisa de misión, progresivo deterioro de su rol ante el gobierno, insuficientes instancias profesionales de apoyo, inexistentes relaciones con otros componentes del sistema educativo y la sociedad civil, dificultades para gestionar asuntos complejos como la PSU, ausencia de una estrategia comunicacional y débiles vocerías, sitio web poco relevante, bajo reconocimiento de opinión pública y nula presencia internacional.

Es hora de abordar una drástica reforma del Cruch: o se convierte en un organismo auténticamente representativo del conjunto plural de las universidades y adquiere un papel protagónico en el gobierno del sistema, o terminará deslizándose hacia la irrelevancia, convertido en una estrecha plataforma de intereses corporativos.