La crisis en la CNA y en algunas universidades gestionadas torcidamente está ayudando a introducir mayor transparencia en el sistema e impulsando una renovación del régimen de acreditación, en torno a ideas regulatorias más rigurosas postuladas hace rato por algunos sectores académicos pero hasta ayer rechazadas abiertamente, o repudiadas implícitamente, en nombre de ideologías neoliberales, de libre elección sin restricciones, de los automatismos del mercado, la autarquía de las instituciones, etc. Los siguientes recortes de prensa dan cuenta de esta rápida mutación y muestran cómo se empiezan a ajustar las instituciones y sus directivos, y también dirigentes políticos, a las nuevas circunstancias.
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Piñera: “Heredamos un mal sistema de acreditación”
Terra cl, 20 de diciembre de 2012 • 11:21 • actualizado a las 13:09
El Presidente de la República, Sebastián Piñera, acompañado del ministro de Educación Harald Beyer, anunció esta mañana, en el Palacio de La Moneda, el envío del Proyecto de Ley que crea la nueva Agencia Nacional de Acreditación y termina con la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) tras el escándalo que tiene formalizado y detenido en prisión preventiva al ex director del organismo, Eugenio Díaz.
En la ocasión Piñera dijo que “nosotros heredamos un mal sistema de acreditación” y junto con ello, el Mandatario pidió al Congreso acelerar la tramitación de ésta y otras iniciativas que forman parte de la agenda educacional del gobierno. “No podemos seguir perdiendo el tiempo, pido una tramitación rápida y expedita de este nuevo proyecto de CNA y la superintendencia de educación”, manifestó.
El Mandatario explicó que esta nueva entidad “va a responder a un solo objetivo: garantizar la calidad de la educación y responderle así a nuestros jóvenes”. Asimismo, detalló que “va a tener cinco miembros. Cuatro de ellos seleccionados por la Alta Dirección Pública y propuestos por el ministro de Educación. El presidente de esa Agencia va a ser designado por el Presidente de la República”.
Agregó que quienes conformen la Agencia “van a tener una dedicación al compromiso de la calidad, de forma tal de que no tengan los conflictos de intereses que hoy día afectan a algunos miembros de la actual Comisión Nacional de Acreditación y, por otra parte, van a cumplir una labor mucho más profunda y eficaz en garantizar la calidad de la educación”.
En esa línea, el Jefe de Estado destacó que la acreditación será un proceso integral, “y no por pedazos como ocurre hoy día. Será un proceso dinámico, no solamente basta acreditarse, las instituciones van a tener que mantener las características y las condiciones de calidad que les permitieron la acreditación, porque la Agencia va a supervigilar el proceso en forma permanente”.
Por otra parte, el Presidente Piñera explicó que se otorgará acreditación por 6 años, “para darle un horizonte de tiempo a los jóvenes de saber que la institución a la cual están ingresando o en la cual están estudiando, tiene un horizonte de tiempo garantizado, compatible con lo que son los tiempos propios de la educación superior, no como hoy día, que se entregan acreditaciones a un año”.
Del mismo modo, aseguró que con este Proyecto de Ley “estamos dando un paso importante para que la educación superior en nuestro país, sea una educación de calidad”, de modo que, sólo las instituciones que estén acreditadas y que den pruebas de la calidad de la educación que imparten “van a tener acceso a los recursos públicos, préstamos a los estudiantes, becas u otros beneficios”.
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href=”http://diario.elmercurio.com/2012/12/23/reportajes/reportajes/noticias/090aa308-c48b-49f5-ad5d-c087be676b4f.htm”>Gonzalo Vargas Otte, rector de Inacap: “La calidad es mejor hoy día de lo que era antes de que existiera el sistema de acreditación”
El recién asumido presidente del Consejo de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica Acreditados se define ante la discusión sobre la acreditación, critica la histórica brecha entre la educación técnico profesional y universitaria, defiende el lucro en las instituciones a las que representa y declara como “obsoleto” el sistema de educación superior del país.
Bernardita Álvarez
Hace dos semanas, el rector de Inacap, Gonzalo Vargas Otte, fue nombrado presidente del Consejo de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica Acreditados, una asociación gremial que surgió hace casi dos años, conformada por diez instituciones del rubro con la idea de fortalecer la educación técnico profesional en Chile.
La entidad representa a 300 mil alumnos; una cifra no menor, pues equivale a casi el 30% del total de la matrícula de pregrado y a un número similar del total de estudiantes que agrupan las universidades del Consejo de Rectores.
Sin titubeos, Vargas opina sobre los temas que envuelven al sistema de educación superior por estos días, el que, según estima, aún hace diferencias con la educación técnico profesional. A propósito de la reforma al sistema de acreditación, propone medidas dirigidas a una certificación más rigurosa de los institutos profesionales y centros de formación técnica. Respecto del movimiento estudiantil, el ingeniero agrónomo defiende el lucro en la educación, siempre y cuando no vaya en desmedro de la calidad.
Crisis en la CNA
“A pesar de los defectos, el impacto que ha tenido el sistema de acreditación de educación superior es positivo para las instituciones y la sociedad, por mucho que hoy día esté en cuestionamiento. La calidad es mejor hoy día de lo que era antes de que existiera el sistema de acreditación. Ahora, este tema de corrupción, que tiene carácter de delito, obviamente que ningún sistema de certificación puede permitirlo”, afirma Vargas.
Como “muy lamentable” define la situación del ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Luis Eugenio Díaz, quien se encuentra en prisión preventiva y fue formalizado por los delitos de cohecho y lavado de activos, por asesorías que realizó a la Universidad del Mar y a otras cuatro casas de estudio.
“Aparte de sus conductas personales, esto ha puesto en jaque la credibilidad de todo el sistema”, sostiene.
Respecto del nombramiento de Matko Koljatic como nuevo presidente de la CNA, Vargas destaca el prestigio del profesional: “Sus antecedentes académicos lo muestran como un conocedor de los sistemas de acreditación y una persona ampliamente calificada. No me he reunido con él todavía, pero tengo intenciones de juntarme”.
Certificación de la educación técnico profesional
Sin embargo, el rector de Inacap enumera dos principales falencias que, según él, hacen que el avance en calidad sea más lento. Uno es que el actual modelo no establece criterios de acreditación específicos para la educación técnico profesional.
“No existen criterios de acreditación específicos para institutos profesionales y centros de formación técnica, los que se tendrían que haber definido tanto para la acreditación por institución como por carrera. Se conformó una comisión asesora de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) al respecto, pero nunca se establecieron esos criterios. Entonces, hoy día existe una serie de ambigüedades que dan espacio a la interpretación para distintos pares evaluadores, agencias e incluso los miembros de la Comisión Nacional de Acreditación”.
A su vez, Vargas denuncia que la CNA no tiene entre sus miembros a conocedores de la educación técnico profesional, sino que éstos vienen, en su mayoría, del mundo universitario.
“Si estuvieran claros los criterios, los miembros de la CNA no tendrían que ser especialistas en educación técnico profesional. Pero, en este caso, como no existen criterios y los expertos vienen del sistema tradicional, nos preguntan si tenemos profesores con doctorado, investigación, cuál es el puntaje corte de la PSU. Eso en institutos que no hacen investigación, por lo cual no necesitas profesores con doctorados, porque el doctorado te prepara para la investigación, y donde son instituciones que no utilizan la PSU, porque se llama Prueba de Selección Universitaria y nosotros no somos universidades. Entonces, se da un contrasentido bien grande”.
Reforma a la acreditación de educación superior
Sobre el proyecto de ley presentado esta semana por el Presidente Sebastián Piñera y el ministro de Educación Harald Beyer, que ingresará al Congreso a fines de la próxima semana sin urgencia legislativa, el rector explica que tuvo conocimiento sobre los pilares del proyecto en una reunión hace una semana con el jefe de la División de Educación Superior, Juan José Ugarte. Y adelanta que va a requerir de “mucha discusión” en la Cámara.
En ese sentido, Vargas cuestiona algunos puntos del proyecto, como que la acreditación se fije a seis años, se eliminen las agencias acreditadoras y se aúne en un sólo proceso la certificación institucional y de carreras.
“Este proyecto de ley elimina la acreditación de carreras y también las agencias como una institución del Estado, pero perfectamente nosotros como instituciones podríamos tener un sistema voluntario y autónomo de acreditación de carreras, como funciona en partes del mundo, donde esto es voluntario y el Estado no se mete. Nosotros estamos muy pendientes de lo que está proponiendo el Ejecutivo y lo que será el sistema obligatorio, y también tendremos que ver si acaso vamos a empujar de manera autónoma y privada otros mecanismos de aseguramiento de la calidad que la ley no contemple”.
En relación a las multas que propone el proyecto a los rectores y miembros de la junta directiva de las casas de estudio que se vean involucrados en procesos fraudulentos de acreditación, Vargas es escéptico.
“Yo creo que si la multa tiene que ver con corrupción, es un delito y tiene que ser más que una multa. Lo que pasa es que el proyecto de ley tendría que tipificar las faltas que serían sujeto de la multa y ahí poder opinar si es correcto o no que sea una multa. Porque si se trata de corrupción, o de fraude o coima, una multa es claramente insuficiente”.
La brecha de la educación técnico profesional
Aunque el rector de Inacap reconoce que la brecha entre la educación técnico profesional y la universitaria “se ha ido nivelando”, es claro en mencionar que aún existe y que en un futuro será insostenible.
“Hasta mediados del año 2000 no existían beneficios estatales para los institutos profesionales y centros de formación técnica. Hoy está la beca Nuevo Milenio, que son $600 mil al año para quienes cursan carreras técnicas en instituciones acreditadas. Pero, al mismo tiempo, está la beca Bicentenario, que reciben alumnos de universidades tradicionales y que está fijada en razón del arancel de referencia. En promedio, este beneficio asciende a $1 millón 800 mil, tres veces más que la otra. Sumado a eso, las carreras de las tradicionales duran 5 a 6 años, mientras que las técnicas, 2 años. Entonces, el Estado invierte en un alumno de carrera tradicional 6 veces lo que invierte en un alumno de técnico profesional. Lo que se necesita hoy es equidad y movilidad social. Por lo que no se entiende la brecha. No planteamos que el monto deba ser el mismo, pero que tenga relación con el arancel de referencia”.
Lucro en la educación
“Muchos de los alumnos de los centros de formación técnica e institutos profesionales participaron en el movimiento estudiantil y se sienten representados por el tema de acceso y financiamiento, porque para las familias financiar la educación superior es una carga muy alta”, dice el rector.
“Sin embargo -agrega-, respecto del lucro haría la distinción de lo que la ley establece y no establece. Por ejemplo, la ley es muy clara en que las universidades tienen que ser sin fines de lucro. No obstante, establece que los centros de formación técnica e institutos profesionales pueden ser con fines de lucro. Entonces, nuestra mirada es más en torno a la calidad y que la existencia de lucro no signifique un perjuicio a la calidad”.
“El problema es cuando hay altas asimetrías en la información (que se entrega a los estudiantes), donde a lo mejor una parte sabe y la otra no”, aclara.
Desgaste en el sistema
Vargas critica que el sistema de educación superior se mantenga de acuerdo al modelo instaurado a principios de los 80, el que para él ya es arcaico:
“Hace 30 años podría haber sido muy innovador, pero hoy día está obsoleto. Las carreras están definidas por el número de horas; las carreras técnicas tienen que tener 1.600, las profesionales 3.200, y en el caso de internet, del e-learning , ¿quién dice que tiene que ser una hora? ¿Una hora de clases, de taller? Tenemos una estructura que es anacrónica y de eso no estamos discutiendo”.
Y asegura que “hoy, en la perspectiva internacional, por ejemplo, no hace ningún sentido el título internacional versus el grado académico de licenciatura. Eso no existe en otras partes del mundo. Con el Proceso de Bolonia, en Europa, (los títulos) se acabaron hace 15 años. Entonces, ya estamos con un rezago de 15 años respecto al mundo desarrollado y lamentablemente de esos temas no hay agenda”.
Evaluación del Mineduc
“Más que de la persona, es la agenda del Ministerio de Educación (la que evaluamos). Nosotros compartimos muchos de los proyectos que ha estado impulsando (el Ministro Harald Beyer), en el sentido que se necesita una agencia de educación superior que reforme el sistema de acreditación, por ejemplo. También, ha habido avances paulatinos en la asignación de recursos, lo que se manifestó en la Ley de Presupuestos”, explica el profesional.
Pero sostiene que en la agrupación que preside no están satisfechos con la gestión de Beyer, “porque falta para que sea un trato igualitario. También compartimos la mirada sobre el acortamiento de carreras. Nosotros ya tenemos carreras de dos años. Ahora hay muchas medidas que no han sido abordadas, como es que la arquitectura de la educación superior chilena nos asegure pertinencia, calidad, y eficiencia”.
430 mil
matriculados este año tiene la educación técnico profesional.
630 mil
matrículas 2012 tiene el sistema universitario.
53%
del total de la matrícula es para centros de formación técnica e institutos profesionales.
80%
de los alumnos de la educación técnico profesional es de los tres primeros quintiles.
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Alejandro Pérez, presidente de la U. San Sebastián: “No hay lucro cuando los arriendos son a precio de mercado”
Por primera vez uno de los dueños de una universidad privada explica en detalle el funcionamiento del sistema. El ex hombre fuerte de los Angelini en Celulosa Arauco lo defiende.
por Ximena Pérez Villamil, El Mostrador, 18 de diciembre de 2012
No le da mayores vueltas: el lucro se da, a su juicio, cuando una sociedad inmobiliaria le arrienda a la universidad a precios por sobre los de mercado. O sea, si el arriendo que paga es el mismo que le cobraría un tercero ajeno a la universidad, el acto es absolutamente lícito.
Alejandro Pérez preside la Junta Directiva y es uno de los rostros que aparece en la publicidad impresa de la San Sebastián junto al ex fiscal de la zona oriente, Xavier Armendáriz y Pablo Valenzuela, Premio Nacional de Ciencias.
El año pasado él junto a los socios de la inmobiliaria —Luis Cordero, Andrés Navarro, las sucesiones de Luis Ernesto Videla, Marcelo Ruiz e Ignacio Fernández, además de los fundadores Pilar Zabala y Javier Pivcevic— le vendieron todos los inmuebles a la universidad. Y dejaron de percibir ingresos.
-¿Por qué el año pasado la universidad compró el 100 % de la inmobiliaria dueña de los edificios?
-El tema universitario está con una enorme sensibilidad política. El tema del lucro se ha instalado y muy probablemente llegó para quedarse. Como sostenedores de la universidad decidimos que la única manera de tener una cara absolutamente transparente frente al medio en general y, en particular, frente a nuestros alumnos y profesores, era no tener ningún tipo de transacción con partes relacionadas.
-Ustedes son los primeros en transparentar lo que hasta ahora se sabe pero no se reconoce: que hay inmobiliarias que le arriendan los inmuebles a la universidad y de esa forma los dueños retiran utilidades.
-En la medida que los precios del arriendo sean de mercado la corporación está pagando o comprando un servicio tal como cuando le paga a sus profesores, o cuando compra un pizarrón.
-O sea, no existiría lucro cuando los arriendos se hacen a precio de mercado.
-Las operaciones inmobiliarias no son necesariamente asociables a la obtención de lucro. ¿En qué condiciones no son asociables a lucro? Si una universidad arrienda un inmueble debiera pagar lo mismo a un tercero o a una sociedad inmobiliaria relacionada a los socios.
-¿Se puede acreditar que el precio al que arrendaba la inmobiliaria era de mercado?
-Nosotros estamos en condiciones de demostrar que, aun cuando los sostenedores de la universidad eran controladores de la sociedad inmobiliaria Inversiones Laguna Blanca, sus transacciones eran a valores de mercado.
-¿Cómo?
-En el sector inmobiliario hay una rentabilidad implícita en arriendos de oficinas y otros inmuebles. Por lo tanto, si se cuenta con la tasación del inmueble y con la rentabilidad esperada, es muy fácil obtener el valor de mercado del arriendo de un bien raíz.
-¿Quién tasó los inmuebles?
-Empresas de gran prestigio nacional e internacional, pero el análisis técnico debe ser hecho por expertos. De otra forma, es una discusión que no va a terminar nunca. Nosotros eliminamos las transacciones con partes relacionadas con el sólo espíritu de evitar que se siembre la duda sobre nuestro actuar.
-¿Cuánto influyeron la presión estudiantil y las críticas de la autoridad?
-Como nos dimos cuenta que era un tema tan cargado de emocionalidad e incluso político si no hacíamos esta operación íbamos a tener cuestionamiento de los alumnos, profesores, del medio, de todos. Como no queríamos que ello ocurriera, optamos por el mal menor: renunciar a una legítima rentabilidad inmobiliaria, por ser a precios de mercado, y eliminar en un 100 % las transacciones con partes relacionadas.
-La crítica apunta a la falta de transparencia. ¿Cómo pueden saber los alumnos si una inmobiliaria se queda con el 50 % o 70 % de las matrículas o si todo lo reinvierten?
-Soy partidario de la transparencia total. Así como las sociedades anónimas abiertas tienen la obligación de entregar toda su información relevante, las instituciones que trabajan con la fe pública debieran hacer lo mismo e informar con la misma transparencia de una sociedad que se transa en la bolsa.
“Años con pérdidas y años con utilidades”
Durante 15 años fue gerente general de Celco y se convirtió en el ejecutivo más cercano a Anacleto Angelini, pero debió renunciar ante la presión pública, incluyendo la de Ricardo Lagos desde La Moneda, por la muerte de los cisnes en el Río Cruces, donde desembocaban los residuos de la planta de celulosa de Valdivia.
Aunque, finalmente, un estudio de la U. de Chile concluyó que la empresa no era responsable, pues el alimento de los cisnes había desaparecido río arriba de la fábrica, la imagen se instaló y sigue siendo considerada culpable hasta el día de hoy.
-¿Los socios de la corporación son Luis Cordero, Andrés Navarro, las sucesiones de los fallecidos Marcelo Ruiz, Ignacio Fernández, Luis Ernesto Videla y usted?
-Y los fundadores Pilar Zabala y Javier Pivcevic, y Pablo Valenzuela (Premio Nacional de Ciencias y miembro de la Junta Directiva).
-¿En la sociedad inmobiliaria estaban los mismos?
-En Inversiones Laguna Blanca Dos S.A, que era dueña de Laguna Blanca S.A, estaban todos más Cecilia Salvatierra (vinculada a un fundador de la universidad).
-¿Los dineros que obtenían de los arriendos se retiraban parcial o totalmente?
-Usemos las palabras exactas: en las sociedades anónimas existen dividendos. ¿Si se distribuyeron dividendos? Sí, porque es lo que corresponde.
-En las sociedades que se transan en bolsa, hay un mínimo obligatorio de 30 % que puede llegar hasta un 100 %. ¿Se repartía el 30 %, 50 % o 100 %?
-La sociedad anónima, que es la inmobiliaria, tiene la actividad propia de una inmobiliaria y tiene ingresos provenientes de los arriendos, gastos provenientes de los sueldos de los ingenieros, constructores, arquitectos, gastos correspondientes a lo que se le paga a los bancos como financiamiento y finalmente tiene una utilidad o una pérdida
-Desde 2007 a 2011, ¿hubo pérdidas o utilidades?
-Hubo años con pérdidas y años con utilidades.
-Para que la gente entienda: ¿de cuánto estamos hablando cuando fueron pérdidas y de cuánto cuando hubo utilidades?
-En general, lo que en el sector inmobiliario, ya sea oficina, departamento u otro inmueble, los arriendos tienen una rentabilidad en torno al 10 %. A veces, es menor que eso y en otras sociedades, mayor.
-¿Hubo años con ganancias importantes de US$ 10 o 20 millones?
-Para nada. Piensa que la utilidad de una inmobiliaria es una pequeña parte del valor de los arriendos. Hay que descontar los gastos de la operación, los gastos financieros y los impuestos.
Precio de venta: US$ 22 millones
-¿Por qué en los balances de las universidades privadas que ahora son auditados por empresas especializadas no aparece el ítem arriendos?
-En los gastos operacionales se incluyen los arriendos, los sueldos, la publicidad.
-Pero ahí se mete todo en el mismo saco. Lo importante que se conozcan los arriendos para la transparencia del sistema.
-De acuerdo a las normas contables los gastos se agrupan de determinada manera.
Para mayor transparencia se podría poner todo, pero para los criterios de los auditores esta agrupación es correcta. Eso no significa que no tengan el desglose completo.
-¿El Ministerio de Educación puede pedir esa información y determinar si existe lucro o no?
-Lo que dice la autoridad es que legalmente hoy no tiene esas atribuciones. Pero sería ideal que así fuera.
-En el balance de 2011 aparece la operación de venta a la corporación. Es importante chequear si el precio es real para que no queden dudas.
-Lo que aparece es real. El precio de la transacción alcanzó a $ 10.845 millones (US$ 22 millones) tal como figura en el balance.
-Cuando ustedes entran a la universidad estaban pensando en un modelo de negocios X que ahora pasa a ser Z. Uno puede pensar que el precio de venta que se convino entre la corporación y la inmobiliaria incluyó los retiros de los dividendos que se dejaron de percibir. ¿Fueron considerados en el precio?
-El precio se determinó simplemente sobre la base de las tasaciones de los inmuebles. No hay, por lo tanto, implícito nada más.
-La inmobiliaria contrajo mucha deuda con bancos, porque se hicieron inversiones de casi US$ 100 millones en cuatro años. ¿Quién las va a pagar?
-La inmobiliaria con lo que recibe por los arriendos.
-¿Cómo? ¿se va a autoarrendar?
-La universidad sigue arrendándole los inmuebles a la inmobiliaria y la inmobiliaria sigue pagándole las deudas a los bancos. Lo único que pasa ahora es que la universidad es dueña de las acciones de la inmobiliaria. Si hay dividendos no llegan a los sostenedores sino a la universidad.
-Si soy dueña de mi casa, ¿por qué voy a tener una sociedad inmobiliaria que me la arriende? Yo soy la dueña y punto.
-Por muchas razones. Los bancos, por ejemplo, que financian un inmueble, te pueden decir: ¿Yo se lo voy a financiar a una corporación? Prefiero financiárselo a una inmobiliaria, aunque el dueño de la inmobiliaria sea una universidad.
-¿Cuál es la diferencia para el banco?
-Los bancos prefieren que la actividad inmobiliaria sea bajo una estructura legal, porque de esa manera tienen más claro dónde están sus ingresos y que el pago a sus deudas va a venir de los arriendos.
-Si se produce una fuga de alumnos y la corporación no le paga el arriendo, la inmobiliaria no va a poder cancelar sus créditos. En ese caso, ¿el banco se queda con los inmuebles?
-Le va a decir arriéndeselo a otra universidad que le pague. Tiene más libertad de acción, por eso el banco prefiere eso.
“Nosotros no compramos alumnos”
-En 2007, usted y Luis Ernesto Videla compraron el 70 % de la San Sebastián, cuyo 100 % se valoró en US$ 170 millones según circuló en la época. Por tanto, pagaron US$ 120 millones.
-Eso es absolutamente falso, una fábula. Nosotros adquirimos el control de una sociedad inmobiliaria pagando precios propios de la actividad inmobiliaria.
-¿El valor fue mucho menor?
-Repito, fue de acuerdo a la tasación de los inmuebles. Compradores y vendedores, en su momento, decidimos mantenerla en reserva. Por lo tanto, yo no la puedo dar a conocer.
-Lo importante en una universidad es el número de alumnos. ¿Fueron incluidos en el precio de venta?
-Te reitero, nosotros no compramos la universidad ni los alumnos.
-Cuando Sylvan (hoy Laureate) entró a la UNAB se dijo que compró la cartera de alumnos y pagó US$ 37 millones, según lo reconoció Sylvan en su memoria. Eso ha servido para decir que las universidades son como cualquier empresa: se compran y se venden.
-No conozco esa operación.
-La Inmobiliaria Andrés Bello, en la que están usted, Navarro, Cordero, Fernández y Ruiz, sigue arrendándole los campus antiguos a la UNAB. ¿A qué precio lo hace?
-A valor de mercado.
-¿Por qué tiene que haber una inmobiliaria que le arriende inmuebles a la universidad y no es ella la dueña?
-La razón por la cual estos proyectos partieron en su actividad docente como corporaciones universitarias y como inmobiliarias en el desarrollo de su infraestructura es porque el desarrollo de la infraestructura requería mucho capital y financiamiento bancario. En ese entonces, los bancos estaban mucho más dispuestos a financiar a empresas privadas que a corporaciones.
-Si se hace cumplir la ley y se prohíbe el lucro ¿qué pasará con los empresarios que entraron pensando que este era un negocio y se les corta el agua?
-Si a esa gente no le interesa seguir operando, no seguirá operando. Si hay un señor X, sostenedor de la universidad Y, tendrá que decidir si la cierra o la transfiere.
-¿En qué pie quedarían los alumnos si se cierra?
-Tú puedes transferir el control de esa institución. Un grupo económico, llámese Angelini o Luksic, puede decir me interesa desarrollar la educación en estas condiciones.
-Y si la nueva ley permitiera universidades sin fines de lucro y otras con fines de lucro ¿ustedes cambiarían el modelo?
-Si cambia la ley hay que preguntarle a los socios de la corporación si prefieren abrirse a esto. Si me preguntan a mí soy partidario de que la USS siga siendo una corporación, porque creo que está tan demonizado el lucro en la educación, ya sea en los colegios o universidades que no quisiera verme expuesto a esto.
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Una nueva acreditación para la educación superior
Debemos transformar esta crisis de institucionalidad del sistema actual en una oportunidad para su renovación bajo los actuales estándares, que hoy representan el mínimo que requiere el sistema.
Ignacio Sánchez D., Rector Pontificia Universidad Católica de Chile, El Mercurio, 23 de diciembre de 2012
En las últimas semanas la acreditación de las Instituciones de Educación Superior (IES) ha tenido gran repercusión en los medios debido a irregularidades y delitos que han involucrado a rectores y directivos de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Esta investigación está en proceso y debería determinar las responsabilidades de todos los implicados en estos inaceptables ilícitos.
Es indudable que el sistema de aseguramiento de la calidad, que data de 1998, basado en la ley 20.129 del año 2006, significó un real avance en esta materia. Sin embargo, el crecimiento y complejidad del sistema nos interpela a realizar cambios profundos. El ministerio de Educación presentó el jueves pasado un proyecto de ley -que ingresará al Congreso esta semana-, para corregir las actuales debilidades y actualizar el funcionamiento del sistema. Existen importantes aspectos que esta nueva ley debería incluir.
La agencia, denominada así por su rol técnico, debe estar formada por un directorio elegido mediante Alta Dirección Pública, con dedicación completa y remuneración adecuada a sus funciones. La duración debería ser al menos de 5 años, con una reelección y renovación parcial de sus miembros.
El proceso debe ser transparente y obligatorio para todas las IES. Los años de acreditación deben ser un período relacionado con la duración de los planes de estudio (sería adecuado uno de 6 años), con una aprobación condicional no menor a tres años para las instituciones que no cumplan con los estándares en el proceso inicial. Si al cabo de este plazo persisten las deficiencias, se debe negar la acreditación, con posibilidad de apelación al Consejo Nacional de Educación (CNEd).
Es importante correlacionar la acreditación con el plan de desarrollo de la institución y realizar un seguimiento de éste. También debe haber una correlación entre la acreditación institucional y la de los programas y carreras. Debido al gran número de carreras de pregrado y programas de posgrado, lo lógico es realizar una muestra aleatoria de éstos, lo que debe ser determinado por la agencia, dando un breve plazo a la institución para presentarse al proceso. De esta manera, todos los programas deberían estar preparados para someterse a la evaluación.
En este sentido, tendría que permitirse la labor de agencias privadas nacionales y extranjeras, certificadas por su calidad, con asignación de sus tareas determinada por la agencia, y no a solicitud de cada IES, como ocurre en la actualidad. Las acreditaciones de las carreras de medicina y pedagogía deben seguir siendo obligatorias aumentando sus exigencias de calidad.
La acreditación debe avanzar en medir resultados y no sólo procesos, por lo que las pruebas de egreso, la opinión de los empleadores y el seguimiento de sus egresados debería ser una parte fundamental de su trabajo. Es necesario avanzar en la clasificación de las universidades y de los diferentes proyectos educativos, para medir la docencia, la innovación curricular, la creación e investigación, y los vínculos y aportes a la sociedad. La nueva agencia establecerá las relaciones institucionales con el CNEd, en relación a la creación de nuevos proyectos de IES, su licenciamiento, el seguimiento y el control de su crecimiento. Por otra parte, hay que normar el procedimiento de apelación a las decisiones que emanen del nuevo organismo.
Todo este trabajo requiere instalar un adecuado sistema de fiscalización a través de la creación y puesta en marcha de la Superintendencia de Educación Superior, proyecto que se encuentra hace más de un año en el parlamento.
Por último, es fundamental velar porque la información a las familias y postulantes sea veraz, disponible y oportuna, de modo que las decisiones sean libres. Debemos transformar esta crisis de institucionalidad de la acreditación de IES en una oportunidad para su renovación bajo los actuales estándares, que hoy representan el mínimo que requiere el sistema. Un gran esfuerzo en mejorar la calidad y equidad en la educación superior es lo que la sociedad demanda.
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Tribuna
Las víctimas de la acreditación
Laurence Golborne, candidato, El Mercurio, Domingo 23 de Diciembre de 2012
El caso de la Universidad del Mar no nos puede dejar indiferentes. No sólo ha tenido un impacto en más de veinte mil familias de estudiantes, docentes y trabajadores, sino también ha confirmado que el sistema de acreditación requiere mejoras urgentes.
El Estado tiene una responsabilidad que no puede eludir, dado que es precisamente el deficiente diseño del sistema de acreditación el que nos ha llevado a esta situación límite, y por lo mismo, es éste el que tiene la responsabilidad de encontrar una solución rápida y efectiva a este problema.
No podemos olvidar que, al fin y al cabo, fue el mismo Estado el que avaló a través de la institucionalidad a esta universidad, y los alumnos depositaron su confianza en este acto de fe pública.
Entendemos que estamos frente a un tema complejo con múltiples aristas a considerar, pero las familias no pueden seguir esperando. Para esto, es crucial que el Gobierno se anticipe y lidere el diálogo con los afectados.
Necesitamos que este proceso se lleve a cabo de manera rápida, hay que canalizar las legítimas inquietudes y evitar que los conflictos escalen hasta encontrarnos con una crisis. Estamos contra el tiempo, y los alumnos necesitan contar con la tranquilidad de que podrán terminar sus estudios.
Ellos son las verdaderas víctimas, y en quienes tiene que centrarse la acción. ¿Qué medidas tomará el Ministerio de Educación si el Consejo Nacional de Educación decide cancelar la personalidad jurídica de la universidad? ¿Si la institución sigue funcionando, cómo otorgará el ministerio las garantías básicas para asegurar su calidad y continuidad? El Estado ya se involucró al otorgar la acreditación y debe ser el catalizador de la solución definitiva para este problema.
Pero este conflicto aborda mucho más que la dramática situación de la Universidad del Mar o de otras instituciones que han sido puestas bajo escrutinio. Hoy está en tela de juicio el sistema de acreditación completo, y la capacidad del Estado de asegurar la calidad en la educación superior.
Y si bien este tema es de larga data y no fue siquiera considerado por los gobiernos anteriores, necesitamos abordarlo ahora y actuar con urgencia. En ese sentido, las propuestas para la nueva Agencia Nacional de Acreditación apuntan en la dirección correcta: la elección de los miembros a través de concurso público, la revisión de las etapas para acreditar carreras, elevar los estándares con procesos de evaluación más exigentes, que se establezcan claramente las incompatibilidades, que quienes acrediten sean agencias públicas o privadas supervisadas y con reputación internacional.
El anuncio del Ejecutivo respecto de la inclusión de estos puntos en el nuevo proyecto es una señal positiva y que apunta a eliminar los problemas existentes de raíz.
Es imperioso que esta propuesta se haga cargo de todos los cuestionamientos que han surgido respecto del sistema, pero también que incorpore en su diseño las medidas de protección ante el caso de una universidad que falle.
Debemos entender que un proyecto universitario que fracasa no tiene las mismas consecuencias que la quiebra de una empresa productiva.
Tenemos que aprender como sociedad de esta dolorosa experiencia y sacar las lecciones necesarias para que en el futuro no se vuelva a repetir.
El costo social para las víctimas y para la credibilidad de nuestras instituciones es demasiado alto para que no actuemos enérgicamente para remediar las falencias detectadas, y evitar así que otro estudiante, profesor o administrativo tenga que pasar por la misma situación que están viviendo en la comunidad de la Universidad del Mar.

Colliers ha asesorado a casas de estudio que mantienen contratos con partes vinculadas: Universidades contratan a consultora internacional para fijar precio de arriendos
Otras instituciones compraron a las inmobiliarias relacionadas los edificios que antes les arrendaban.
Pablo Obregón, Economía y Negocios, El Mercurio, 23 de diciembre de 2012
Los cambios van en serio: la Comisión Nacional de Acreditación -donde convivían representantes de toda la industria universitaria (instituciones tradicionales, privadas, institutos profesionales, etc.)- se acaba y es reemplazada por una agencia cuyos miembros se elegirán por el sistema de Alta Dirección Pública. Las agencias acreditadoras privadas también se acaban y, además, este año debería aprobarse el proyecto de ley que crea una Superintendencia de Educación Superior que velará, entre otros temas, para que la prohibición de lucrar, que pesa sobre todas las universidades, se respete.
Frente a estos cambios -que comenzaron a visualizarse en 2011, durante las grandes movilizaciones estudiantiles-, al menos cuatro instituciones contrataron los servicios de la consultora Colliers International para determinar el precio de mercado de los arriendos que pagan a partes relacionadas.
Las universidades Autónoma, Andrés Bello, de Las Américas y Santo Tomás, por ejemplo, han contratado la asesoría de esta consultora en temas inmobiliarios. La Uniacc también ha contratado asesorías de terceros.
Otras, en tanto, han resuelto derechamente adquirir los edificios. Es el caso de la Universidad San Sebastián, cuyos ajustes se hicieron en 2011, según el presidente de la institución, Alejandro Pérez. Ese año, la universidad compró el 100% de los inmuebles a la inmobiliaria dueña de los edificios, entre otros, la emblemática sede de calle Pío Nono y Bellavista.
La Inacap tomó la misma decisión y, hace unos dos años, también adquirió los edificios pertenecientes hasta entonces a una inmobiliaria vinculada a la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).
El gerente de Valorizaciones y Tasaciones de Colliers, Emilio Venegas, reconoce que la compañía ha trabajado con al menos cuatro universidades en procesos de valorización de activos y considera que la experiencia de las consultoras privadas puede ser una buena aliada de la Superintendencia de Educación Superior, una vez que comience la fiscalización de los arriendos con partes relacionadas.
A su juicio, durante este tiempo vieron al menos dos casos en que los arriendos estaban levemente sobre el valor de mercado y dos en que estaban por debajo.
En el Ministerio de Educación comentan que el proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación Superior obliga a las universidades a tomar todos los resguardos necesarios para que sus operaciones con personas relacionadas se realicen a precio de mercado: “Existen diversos instrumentos que permiten a las instituciones y a la superintendencia resguardar que esa obligación se cumpla; entre otros, evidentemente estará la posibilidad de contratar consultoras independientes expertas en la materia”, señala el Mineduc a través de una declaración escrita.
Laureate
El vínculo de algunas casas de estudio con empresas inmobiliarias es uno de los temas que han generado mayores cuestionamientos desde que se inició el movimiento estudiantil, en 2011.
Sin embargo, hay instituciones que reconocen públicamente ese vínculo y señalan que si bien la ley prohíbe el lucro de las universidades, no lo hace respecto de las inmobiliarias.
En el caso de las universidades Andrés Bello (UNAB) y de Las Américas (UDLA), pertenecientes al grupo estadounidense Laureate, ambas son propietarias, en parte, de la Inmobiliaria Educacional SpA, a la que arriendan los edificios.
El rector de la UDLA, Juan Pedro Undurraga, señaló que esta institución arrienda directamente los edificios a la Inmobiliaria Educacional SpA y que durante 2011, pagó $6.600 millones por ese concepto.
En la actual estructura de la inmobiliaria, la UNAB tiene el 49,94% de las acciones clase A; la UDLA tiene el 22,27%; la de Viña del Mar, el 1,17; el Instituto Profesional AIEP, el 5,46%; la Universidad de Las Américas de Ecuador, el 4,39%, y el grupo controlador, Laureate, tiene el 16,77%.
¿Los excedentes de la inmobiliaria se reinvierten en su totalidad en la universidad? “La inmobiliaria es una entidad separada de la universidad, y por lo tanto, tiene su directorio y su política de reinversión de fondos. Si hay más proyectos, se sigue invirtiendo en los proyectos, y si no, se reparten dividendos”, señala Undurraga.
¿Existe alguna posibilidad de que el grupo Laureate se retire en caso de que la autoridad prohíba el lucro a través de inmobiliarias? “Tendría que preguntarle al grupo controlador, yo no los represento”, señala.
Arriendos por debajo del valor de mercado
La Uniacc fue adquirida en 2008 por el grupo norteamericano Apollo. Este grupo es una empresa propiamente tal que opera en mercados donde el lucro en la educación está reconocido por la ley, como ocurre por ejemplo en Estados Unidos.
Consultados sobre la relación de la universidad e inmobiliarias vinculadas, la institución señaló: “Ninguno de los inmuebles que utiliza la Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación (Uniacc) pertenece ni está relacionado con inmobiliaria alguna. Uniacc utiliza inmuebles propios y arrendados; de estos últimos arrienda inmuebles a terceros, personas naturales o sucesiones, no vinculadas a la institución. De los inmuebles que son arrendados al Instituto Profesional IACC (vinculado a la universidad), sus valores son inferiores a los del mercado, de acuerdo con cotizaciones de terceros expertos”.
En la Universidad Santo Tomás, en tanto, señalaron que esta institución es parte de un sistema integrado por el Instituto Profesional Santo Tomás (IPST) y el Centro de Formación Técnica Santo Tomás (CFTST), además de su red de Colegios: “Dado el hecho de que la UST no es propietaria de sus inmuebles y que es coarrendataria junto al instituto y el centro de formación técnica, sus contratos de arrendamiento han sido suscritos buscando que, junto con tener condiciones y precios de mercado demostrables, comprometan la disponibilidad de infraestructura a largo plazo para el normal desarrollo de sus actividades”.
“Como una forma de validar las condiciones vigentes, se determinó la necesidad de contar con la opinión de un tercero independiente -agrega- y se acordó contratar los servicios de Colliers International para la tasación de los inmuebles y la consecuente estimación de su arriendo bajo condiciones de mercado”.