Empiezan a conocerse –en medio de la crisis de la Comisión Nacional de Acreditación– las recomendaciones de la OCDE para la revisión y reforma del sistema de aseuguramiento de la calidad de la educación superior en Chile. De lo trascendido hasta aquí, varias de las recomendaciones parecen coincidentes como las que sugerimos un grupo de 4 académicos consultados en su momento por el Mineduc.
Lo que propusimos entonces fue lo siguiente: (más abajo, leer ls recomendaciones que habría formulados la OCDE)
En opinión de esta subcomisión, los problemas que presenta el sistema chileno de aseguramiento de la calidad no pueden resolverse mediante ajustes y mejoramientos del actual marco institucional y legal, sino que éste debe ser sustituido por uno nuevo que, a partir de la experiencia de la CNAP y la CNA, permita atender adecuadamente a los diversos objetivos y sectores de aseguramiento y mejoramiento de la calidad de las instituciones de educación superior (IES).
1. Acreditación institucional obligatorio para todas las instituciones de educación superior. Las instituciones que no participen en dicho proceso, perderán su reconocimiento oficial. Las que participen y no sean acreditadas, entran al proceso de licenciamiento por el CNED por un periodo de 5 años, tras los cuales, si no logran la acreditación, perderán el reconocimiento oficial.
2. Separar el control de cumplimiento de requisitos mínimos de operación, por un lado, de la acreditación y promoción del mejoramiento continuo, por el otro. Los mecanismos de control y aseguramiento de cumplimiento de normas y estándares mínimos deberán ser aplicados por la nueva Superintendencia de Educación Superior, tales como:
• Control de legalidad en el uso de los recursos financieros conforme al estatuto jurídico de cada IES,
• Auditoría de la situación financiera de las IES, en cuanto pueda comprometer su viabilidad de mediano y largo plazo,
• Consistencia de la normativa interna de las IES con los marcos legales pertinentes, en materias tales como derechos de los estudiantes y funcionarios, seguridad y prevención de riesgos, integridad de los registros académicos, propiedad intelectual, etc.
• Auditoría y validación de la información que las IES proporcionan al sistema de información de la educación superior.
3. Separar la acreditación de la elegibilidad de una IES para que sus alumnos tengan ayuda financiera. La elegibilidad financiera pasa a ser materia de competencia de la Agencia Administradora del Crédito para Educación Superior, la que calificará a las IES para ser receptoras de créditos estatales.
4. Integración de la acreditación institucional y de carreras y eliminación de la acreditación por agencias privadas. En consecuencia, se propone integrar la acreditación de carreras y postgrado hasta nivel de magister a la acreditación institucional, de modo que además de los campos institucionales de evaluación ya contemplados en la acreditación institucional, ésta pase a considerar la evaluación de algunas carreras y postgrados de la IES bajo evaluación institucional, seleccionadas por la agencia de acreditación.
5. Reducción de los niveles de acreditación a tres, según la necesidad de seguimiento que exista.
– Candidatura a la acreditación: válida por 3 años renovables por una vez.
– Acreditación: dura 5 años renovables indefinidamente.
– Acreditación calificada: dura 10 años, renovables indefinidamente, con informe intermedio de la IES cada 5 años.
6. Verificación de logro de los perfiles de egreso. Se propone que la acreditación exija a las IES evidencia de que existen instancias de evaluación de competencias profesionales como componente de los procesos de titulación habilitantes para el ejercicio profesional.
7. Revisión de los criterios de acreditación vigentes. Sugiere revisar el sistema de criterios e indicadores de la acreditación logrando un mejor balance entre variables de insumo, proceso y resultado. Los criterios actuales no incorporan suficientemente esta última dimensión, en particular calidad de los aprendizajes logrados y empleabilidad. Los resultados principales a evaluar son las competencias que logran los alumnos al titularse – establecidas en los perfiles de egreso – y las características de empleabilidad. Deberá considerar un análisis externo de los procesos de evaluación. Asimismo, adecuar los criterios e indicadores de la acreditación institucional y de programas de modo que reconozcan la especificidad de la formación técnica y profesional (no conducente a grados académicos).
8. Difusión pública y utilidad de los resultados de la acreditación. En el último tiempo se han desarrollado herramientas web 2.0 que permiten a los usuarios de la educación superior organizar la información sobre las instituciones y sus programas de acuerdo a criterios de ordenamiento definidos por el propio usuario. Así ocurre con el sistema de multiranking de Alemania (CHE Ranking), y con la base de datos de doctorados de investigación en EE.UU. (www.PhDs.org). La CNA debe encaminar sus esfuerzos de difusión en esta línea.
9. Mecanismo de designación de los integrantes de la Agencia Acreditadora. Es necesario asegurar la independencia de la Agencia respecto del Ministerio de Educación en su carácter de órgano público autónomo. Para ello se propone remplazar el actual mecanismo de generación de miembros de la CNA por uno más cercano a los de postulaciones de los individuos calificados e interesados y preselección por la Alta Dirección Pública, seguida de una designación del Presidente de la CNA por el Presidente de la República, quien nombrará además otros dos miembros y deberá proponer seis para su ratificación al Senado de la República.
10. Redefinición y fortalecimiento de la Secretaría de la Agencia acreditadora: perfil, funciones y capacitación. La secretaría técnica de la Agencia requiere un cambio en el perfil de sus integrantes para dar soporte confiable a las decisiones de la Agencia y generar acuerdos de acreditación que sirvan como guía a las IES en sus procesos de mejoramiento continuo.
11. Transparencia de las decisiones de la Agencia. Deben existir actas públicas, razonablemente detalladas, de la agencia acreditadora, en las que conste la posición de cada miembro de la Agencia en las materias sometidas a su juicio.
Santiago, 15 de Mayo de 2012.
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Ocde recomienda que Ues. sean cerradas si nhttp://mt.educarchile.cl/MT/mt.cgi?__mode=view&_type=entry&blog_id=2#o se acreditan
por E. Simonsen (Santiago), La Tercera, 29 de noviembre de 2012
“Chile necesita una solución de corto plazo a un problema de largo plazo”. Esa es la conclusión del informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (Ocde) sobre el sistema de acreditación chileno, en vilo hoy tras la formalización de ex rectores de dos universidades y el ex presidente (S) de la CNA, Luis Eugenio Díaz, por los delitos de cohecho, entre otros.
El informe, solicitado al organismo internacional por el Mineduc, señala que “asegurar un mejoramiento del sistema de aseguramiento de la calidad es urgente”, dado que “el sistema actual no funciona tan bien como debería”.
Por eso, la Ocde recomienda, entre otras cosas, que la acreditación sea obligatoria para todas las instituciones, y que si los planteles no la aprueban, deben ser puestos bajo revisión y pierdan la autonomía. Si después de un período no logran alcanzar la certificación, podrían perder su licencia para operar.
“La Ocde recomienda que la acreditación sea obligatoria para todas las instituciones: institutos, centros de formación técnica y universidades. Si no la obtiene, puede apelar ante el Consejo Nacional de Educación. Si la certificación le es negada en éste, puede quedar en interdicción y se le quita automáticamente el reconocimiento oficial”, explica el consultor en educación superior y académico de la UC, Alberto Vásquez.
Asimismo, el informe plantea eliminar el rango de años en que se otorga hoy la certificación (entre 1 y 7 años) y dejarla con dos opciones: se aprueba o rechaza.
Agrega que si bien la “certificación debe respetar la diversidad de proyectos”, debe regirse por estándares mínimos de calidad nacionales. “Pone el foco en los alumnos. En otras palabras, que los estudiantes reciban la promesa que se les dio al matricularse”, explica el jefe de la División de Educación Superior del Mineduc, Juan José Ugarte.
Autonomía
La entidad también propone crear una nueva arquitectura en la educación superior. Además de recomendar que se apruebe a la brevedad la superintendencia, recomienda reemplazar la actual Comisión Nacional de Acreditación por una Agencia Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, autónoma y con miembros de dedicación exclusiva.
El nuevo organismo no sólo debería ser el encargado de la acreditación, sino también de otorgar la autonomía a los planteles.
Este punto, el de la autonomía, es uno de los más críticos para la Ocde. Para el organismo, la “brecha crucial entre la autonomía y el licenciamiento debe ser eliminada”. “Una vez obtenida la autonomía, las instituciones quedan en un terreno de no evaluación y pueden pasar años sin dar cuenta de qué están haciendo con el proyecto que les fue licenciado”, explica Vásquez.
Por ello, la Ocde recomienda que la autonomía sea monitoreada periódicamente y que si el plantel no cumple con el proyecto inicial, se presente antes a la acreditación e, incluso, puede perderla. “Estar acreditado lleva acceso ilimitado a financiamiento, pero con condiciones: revisión periódica de la calidad; capacidad limitada para crecer y añadir nuevos programas o campus”, dice el informe.
Además, le da un rol fundamental al Mineduc en el monitoreo constante del propio sistema de acreditación. “Hoy, el Mineduc es uno más en el proceso”, explica Ugarte.
CNA evalúa anular certificación de universidades investigadas
Aplicar una medida inédita, anulando la acreditación que obtuvieron las universidades que están siendo investigadas por la fiscalía, es una de las medidas que evalúa concretar la Comisión Nacional de Acreditación. Así lo acordaron ayer los 15 comisionados de la CNA, luego de que el pasado domingo fuera formalizado Luis Eugenio Díaz, presidente de la entidad entre marzo de 2010 y febrero de 2011, junto a Angel Maulén, ex rector de la Universidad Pedro de Valdivia y Héctor Zúñiga, ex rector de la Universidad del Mar, por una serie de delitos para lograr la acreditación de los planteles.
Sergio Pulido, vicepresidente de la Comisión Nacional de Acreditación, recalcó ayer que los cuestionamientos se remiten a la persona de Luis Eugenio Díaz y que en la sesión acordaron pedir los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE), que es parte en la causa, para evaluar la nulidad de la acreditación. Entre los casos, señaló, se solicitarán los antecedentes “de la Universidad del Mar y de la Universidad Pedro de Valdivia, que están con dictamen de acreditación y se están solicitando los de la Universidad Bernardo O’Higgins, que estaba para ser tratada en acreditación y se postergó en espera de esta respuesta. Esto se hará con todas las instituciones que aparezcan mencionadas en la investigación”.
Nuevo presidente
Por su parte, el jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, Juan José Ugarte, anunció que para la elección del nuevo presidente del CNA, que debe ser designado por el Presidente de la República, están a la espera de que la Contraloría General de la República tome razón de la renuncia de Iñigo Díaz.
“Estamos buscando a un académico con amplia trayectoria en el tema de aseguramiento de la calidad, con un claro liderazgo público, de manera de fortalecer la institucionalidad”, dijo Ugarte, quien aseguró que la terna está lista y que los candidatos no han desistido ante la crisis que vive el organismo.
Respecto al llamado de expertos a privilegiar una ley corta para solucionar las falencias del proceso de acreditación, Ugarte postula esperar el proyecto de ley que el titular del Ministerio de Educación, Harald Beyer, anunció para los próximos días y explicó que estudian dar urgencia a la ley para intentar resolverla en cuatro meses. “El ministerio lleva dos años trabajando en el diseño de la ley, creemos que será de amplio consenso”, dijo.
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Caso CNA: fiscalía da detalles de eventual lavado de dinero
Ministerio Público apeló a libertad de imputados tras detectar triangulaciones de dinero.
Por Sebastián Labrín, La tercera, 29 de noviembre de 2012
Una eventual triangulación y ocultamiento de dinero en depósitos a plazo y en fondos mutuos habrían detectado los fiscales de Ñuñoa Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, durante la investigación por supuestas anomalías del proceso de acreditación de planteles de educación superior.
En el marco de esta indagatoria fueron formalizados por lavado de activos y soborno Héctor Zúñiga y Angel Maulén, ex rectores de la U. del Mar y la U. Pedro de Valdivia, respectivamente. Además, Luis Eugenio Díaz, ex presidente (S) de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), afrontó cargos por lavado de activos, cohecho, negociación incompatible, revelación de secreto y tráfico de influencias.
Supuestas maniobras
Según la fiscalía, Díaz habría usado su empresa Sociedad y Gestión Ltda. como “fachada” para el presunto delito.
Consta en el documento presentado ante el 8º Juzgado de Garantía que la empresa “también sirvió como fachada para justificar retiros de dinero nominales, que en realidad eran ingresados en depósitos a plazo y fondos mutuos a nombre de la cónyuge de Luis Eugenio Díaz”.
La fiscalía recabó antecedentes contables y financieros de la firma, detectando que los “dineros de origen ilícito entraban a la empresa como supuesta contraprestación a asesorías inexistentes, entregando a la empresa supuestas utilidades que eran falsas”.
El recurso añade que “en diciembre de 2011 se registran retiros mensuales por un total anual de $ 19.400.000 a favor de su esposa y de sus dos hijas por $ 14.550.000 cada una, siendo que el verdadero generador y receptor final de esos dineros era Díaz”.
En la presentación del Consejo de Defensa del Estado, para pedir revocar la libertad de los sospechosos, se afirma que en 2011 la empresa declaró utilidades por $ 84 millones.
En el caso de la U. Pedro de Valdivia, la fiscalía acusó el supuesto uso de “boletas ideológicamente falsas” con las que Maulén habría pagado a Díaz por sus servicios. Su abogado, Gabriel Zaliasnik, dijo que “se han construido artificialmente los hechos y los argumentos los haremos valer ante los tribunales”.
En el caso de la U. del Mar, la fiscalía acusa la contratación de servicios de Díaz para, supuestamente, obtener la acreditación.

Informe OCDE
“En la transición hacia un nuevo sistema de acreditación, se debe proteger a los alumnos”
Héctor Areyuna, Radio Uch.cl, 30 de noviembre de 2012
Las recomendaciones de la OCDE al Mineduc en materia de acreditación en Educación Superior llaman a acciones concretas en el corto plazo. Frente a estos planteamientos, toma fuerza la idea de una “ley corta” a modo de transición, aunque poniendo cuidado sobre las consecuencias que tendrá para los estudiantes un proceso de cambios drásticos.
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La situación generada a partir de las denuncias contra la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) destapó un escándalo que ha traído consecuencias y reacciones desde casi todos los sectores.
El grave diagnóstico que se estableció sobre el Sistema Nacional de Educación Superior, también fue reconocido por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que en un informe solicitado por el ministerio de Educación recomendó una serie de aspectos para avanzar en el mejoramiento de la calidad de la educación en Chile.
Una de las sugerencias es implementar un sistema de acreditación obligatoria para todas las instituciones, en un proceso que podría implicar perder la autonomía e incluso licencias de operación. Además, se propone eliminar el rango de años en que se entrega la certificación, dejando sólo la opción de aprobar o rechazar.Asimismo, se plantean cambios institucionales en relación al otorgamiento de autonomía y acreditación de los planteles.
El presidente del directorio de la Fundación Educación 2020, Mario Waissbluth, compartió varios aspectos de la propuesta de la OCDE, pero advirtió sobre las precauciones que se deberían tomar sobre los estudiantes, ante eventuales cambios de tal severidad.
“Al ser obligatoria, obviamente, el no cumplimiento de la acreditación tiene que acarrear como consecuencia la terminación de la licencia para ser universidad, instituto o centro de formación técnica. Lo importante es que se haga defendiendo los intereses de los alumnos. No se puede llegar y cerrar sin un sistema de protección para ellos. Si bien estoy completamente de acuerdo con los planteamientos, en la transición hay que diseñar un sistema de protección para esos alumnos, que no puede consistir en andar paseándolos de un lado para otro”, explicó el académico de la Universidad de Chile.
Waissbluth agregó que además se debe agregar al debate la situación de acreditación carreras por sobre la de planteles que, a su juicio, ha estado ausente de la discusión pública.
“Aquí todo el mundo habla de acreditación de universidades, pero nadie parece entender lo importante que es la acreditación de carreras. Una universidad puede estar acreditada y tener una carrera pésima. En Chile tenemos la obscena cantidad de cinco mil carreras diferentes y tan solo mil están acreditadas. Hay que distinguir entre la acreditación universitaria y la de las carreras, lo que le debe importar al estudiante es la acreditación de su carrera”, acusó el director de Educación 2020.
El especialista reconoció que “el Gobierno ha sido particularmente lento y ha tenido todas las señales de que esto no ha estado funcionando”, pero ante estas recomendaciones se debiera establecer cuidadosamente un período de transición, indicó.
Por otra parte, la diputada independiente Alejandra Sepúlveda, también compartió las sugerencias de la OCDE, sobre todo, cuando el informe señala que se está frente a un problema de largo plazo que requiere medidas inmediatas.
“Deberíamos empezar por una ley corta ahora, porque si no somos capaces de hacerlo, vamos a tener un proceso de acreditación prácticamente nulo o inexistente en marzo o abril. Hacer una ley corta ahora, cuatro o cinco puntos en la ley, para posteriormente tener un proyecto de ley más completo. Incluso puede haber un artículo transitorio que diga que en seis meses más se presentará la ley completa”, indicó la parlamentaria sobre la necesidad urgente de comenzar esta discusión en el Congreso Nacional.
Según Alejandra Sepúlveda la reforma se hace urgente para enfrentar los niveles de incertidumbre e incredulidad de la ciudadanía, donde se cuestiona todo el sistema y hay “un estado de anormalidad”.
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OCDE recomienda a Chile: “Universidades que no logren su acreditación deben perder su licencia para operar”
El organismo hizo énfasis en que “asegurar un mejoramiento del sistema de aseguramiento de la calidad es urgente”, dado que “el sistema actual no funciona tan bien como debería”.
por El Mostrador, 29 de noviembre de 2012
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó a través de un informe pedido por el Ministerio de Educación que la acreditación sea obligatoria para todas las instituciones de educación superior y que si los planteles no la aprueban, deben ser puestos bajo revisión y pierdan la autonomía. Y si no logran alcanzar la certificación, podrían perder su licencia para operar.
Según una publicación de La Tercera, el organismo hizo énfasis en que “asegurar un mejoramiento del sistema de aseguramiento de la calidad es urgente”, dado que “el sistema actual no funciona tan bien como debería”.
Por ello, “recomienda que la acreditación sea obligatoria para todas las instituciones: institutos, centros de formación técnica y universidades. Si no la obtiene, puede apelar ante el Consejo Nacional de Educación. Si la certificación le es negada en éste, puede quedar en interdicción y se le quita automáticamente el reconocimiento oficial”.
De igual forma, el informe plantea eliminar el rango de años en que se otorga hoy la certificación (entre 1 y 7 años) y dejarla con dos opciones: se aprueba o rechaza. “Si bien la certificación debe respetar la diversidad de proyectos, debe regirse por estándares mínimos de calidad nacionales. Pone el foco en los alumnos. En otras palabras, que los estudiantes reciban la promesa que se les dio al matricularse”, explica el jefe de la División de Educación Superior del Mineduc, Juan José Ugarte.
“Chile necesita una solución de corto plazo a un problema de largo plazo”, concluye el OCDE. Organización que reacciona ante el pedido del Mineduc tras la formalización de ex rectores de dos universidades y el ex presidente (S) de la CNA, Luis Eugenio Díaz, por los delitos de cohecho, entre otros.
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Los cambios que los expertos proponen para reformar el sistema de acreditación
Rodrigo Alarcón L., Radio Uch.cl, 28 de noviembre de 2012
Un aparato completamente público y especialistas que no estén vinculados con instituciones de educación superior, son algunas de las propuestas ante la controversia que vive la Comisión Nacional de Acreditación. De acuerdo a ex autoridades e investigadores, con el actual sistema, la crisis era inevitable.
La fuerte crisis que enfrenta la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) ha abierto la puerta a una reforma al sistema que se concretará, por parte del Gobierno, con un proyecto de ley anunciado por el ministro de Educación, Harald Beyer, para las próximas “dos o tres semanas”.
Esto, luego que el ex presidente de la entidad, Eugenio Díaz, fuera formalizado junto a los ex rectores de la Universidad Pedro de Valdivia y la Universidad del Mar, Ángel Maulén y Héctor Zúñiga, respectivamente, por delitos de cohecho, soborno y lavado de activos para obtener las acreditaciones. A esto se sumó un informe de Contraloría que cuestionó que la entidad esté cumpliendo con su labor.
Cabe recordar que la CNA planteó la necesidad de hacer una reforma cuando era presidida por Íñigo Díaz, quien renunció a su cargo meses atrás. La idea, sin embargo, no fue atendida por el Gobierno.
Ante la posibilidad de realizar modificaciones, la ex jefa de la División de Educación Superior del Mineduc (2008-2010), Sally Bendersky, sostuvo que una condición fundamental es que los integrantes de la CNA no estén vinculados con instituciones de educación superior, como ocurre actualmente: “Tiene que ser gente que sepa mucho de educación superior, pero si están participando en el sistema de educación superior en calidad de empleados de alguna institución que va a ser evaluada, eso plantea intereses conflictivos, no hay independencia de juicio. Entonces una de las cosas fundamentales es garantizar el conocimiento e involucramiento con el tema de la educación superior, pero hay que evitar que las personas que están ahí tengan compromisos con instituciones que van a ser sometidas a evaluación”, explicó.
La ex personera del gobierno de Michelle Bachelet señaló además, entre otros ítems, que el representante del Mineduc en la CNA debería ser una persona especialmente designada para el cargo, ya que el jefe de la Divesup no alcanza a cumplir adecuadamente las exigencias. Esto le ha ocurrido, indicó, a Juan José Ugarte, quien ha sido cuestionado por sus inasistencias a la instancia.
Asimismo, Sally Bendersky propuso revisar la relación con las agencias de acreditación, impidiendo que éstas hagan consultorías a las mismas instituciones que luego acreditan.
El cambio de institucionalidad fue compartido por Ignacio Charme, asesor legislativo del Instituto Libertad, quien indicó que los integrantes de la CNA debieran ser escogidos por Alta Dirección Pública.
Asimismo, Charme señaló que la acreditación debería ser “obligatoria para todas las universidades y no solo las que apuntan a recibir alumnos con becas del Estado, que es lo que se hace hoy día. Así hay una garantía, tanto para el alumnado como para el Mineduc y el sistema en general, de que la universidad que actualmente está recibiendo alumnos tiene las condiciones necesarias para cumplir sus objetivos y los requisitos mínimos. Que hoy en día no sea obligatorio para todos, hace que no todas las universidades pasen por este proceso”.
En cambio, el investigador del Observatorio de Políticas Educativas de la Universidad de Chile, Jesús Redondo, señaló que la instancia que se encargue de acreditar la calidad de las instituciones de enseñanza superior debe ser completamente pública:“No un aparato semi público o semi privado y volver a repetir el mismo tema. Claramente, si no hay una institucionalidad pública, lo que ocurre es que los intereses privados acaban tomándose todos los espacios públicos”, señaló.
En ese sentido, Jesús Redondo agregó que “en este momento, en casi todos los países existen agencias públicas de acreditación. Los aparatos en Europa son todos estatales y en América Latina, salvo alguna pequeña excepción, la mayoría también son aparatos públicos. El que ha optado por un modelo atípico fue el caso chileno”.
Los expertos coincidieron en que la crisis del era inevitable, dadas las múltiples deficiencias de la ley que estableció el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, promulgada a fines de 2006.