Columna personal publicada en el diario El Mercurio, página de Educación, domingo 16 de septiembre de 2012, sobre la necesidad de acuerdos para avanzar en la agenda educacional y la necesidad de promover en las políticas educacionales el principio de igualdad de trato y de exigencias entre diversos tipos de proveedores. A continuación, columna del Ministro de Educación, Harald Beyer, en la cual postula una política de financiamiento de las ayudas estudiantiles bajo el principio de igualdad de trato entre todo tipo de instituciones, en beneficio de los alumnos que en ellas se matriculan.
El fondo del problema
El procesamiento de las políticas para el sector se ha vuelto extraordinariamente desordenado y difícil, complicando también la discusión de los temas de interés general para el sistema.
José Joaquín Brunner, El Mercurio, 16 de septiembre de 2012
Uno de los mayores defectos de nuestra discusión sobre políticas educacionales radica en la separación entre problemas y discursos. Mientras aquéllos son comunes, afectan a casi todos los niños y jóvenes y a establecimientos de diverso tipo, y poseen alcance sistémico; los discursos, en cambio, proceden con categorías dicotómicas, fuertemente delimitadas y tratan los problemas como cuestiones particulares que solamente atañen a un grupo o sector. El resultado práctico es que las soluciones propuestas son siempre parciales, reducidas a un segmento de sostenedores o instituciones, y carecen por lo mismo de carácter inclusivo y profundidad.
Así, por ejemplo, los estudiantes secundarios exigen reorganizar la educación provista por las municipalidades y traspasar su gestión a una agencia o servicio nacional de educación pública. Reducen esta última, por tanto, a una minoría de los niños y jóvenes chilenos. Y apenas tienen algo que decir respecto de la educación de la mayoría. Algo similar ocurre con los planteamientos de la Confech a nivel de la enseñanza superior. Reclaman gratuidad para “sus” estudiantes; aquellos inscritos en las universidades del Cruch, incluidas las más selectivas del país. Y no para todos los alumnos provenientes de hogares de escasos recursos y capital cultural.
También el gremio del magisterio se ha especializado en estrategias de defensa y promoción corporativas, sin hacerse cargo de los intereses de la profesión docente en su conjunto, una parte sustancial de la cual trabaja en establecimientos ajenos a la gestión municipal.
Por su lado, las autoridades de las universidades estatales han venido insistiendo los últimos años en un nuevo trato por parte de quien llaman su dueño, el Estado, abandonando el liderazgo del sistema de educación superior a la fragmentación de los diversos -y muchas veces contrapuestos- intereses institucionales.
Los partidos políticos y sus representantes en el Congreso Nacional participan de esta distorsión. En vez de erigir el desarrollo sustentable de largo plazo de la educación nacional en su único norte e interés estratégico, se dejan arrastrar por arreglos parciales que favorecen exclusivamente a una u otra parte del sistema, en particular aquella con mayor capacidad demostrativa en las calles.
En estas circunstancias, el procesamiento de las políticas para el sector se ha vuelto extraordinariamente desordenado y difícil, complicando también la discusión de los temas de interés general para el sistema. Hay una agenda compuesta por diagnósticos, planteamientos y sugerencias de solución que apuntan en diferentes direcciones y responden a reivindicaciones e intereses seccionales. Por el contrario, escasean las propuestas dirigidas a abordar los retos de fondo que habitualmente desbordan y superan los objetivos e intereses de los actores enfrentados en el campo educacional.
Los mejores momentos del debate e implementación de políticas educacionales, en tanto, se alcanzan cuando se producen acuerdos sobre temas de fondo. Y éstos se logran, invariablemente, sobre la base de un igual trato para los diversos actores -sean municipales, estatales o privados (con y sin subsidio directo del fisco)- subordinándose todos al bien público. Tales características reúnen iniciativas exitosas, tales como la aprobación de la Ley General de Educación que reemplazó a la LOCE; la creación de la subvención preferencial y sus posteriores ampliaciones e incrementos; el establecimiento de la Superintendencia de Educación y la Agencia de Calidad; el rediseño del crédito estudiantil; la expansión de los jardines infantiles, y las varias medidas de reforzamiento de la formación inicial docente.
En todos estos casos ha prevalecido el interés general y ha primado el principio que más conviene al conjunto de los proveedores de educación en un sistema de provisión mixto: la igualdad de trato dentro de un marco común de exigencias y estímulos.

Nuevos criterios de financiamiento para los estudiantes de la educación superior
Harald Beyer, Ministro de Educación, El Mercurio, 16 de septiembre de 2012
En Chile tenemos carreras largas y de costo anual elevado, lo que les impone a las familias o a los futuros egresados una importante carga financiera. A la vez, los sistemas de financiamiento estudiantil han resultado, en muchos casos, muy onerosos para la población. Por eso, el Gobierno ha decidido reemplazar los sistemas vigentes por un único sistema integrado y no discriminatorio de becas y créditos, administrados y generados por el Estado.
Al mismo tiempo se han abordado las deficiencias de los sistemas de crédito heredados. Prueba de ello es el despacho del proyecto de ley que rebaja la tasa de interés del Crédito con Aval del Estado de casi un 6% a un 2% para los jóvenes que accedieron a él en años pasados y que les asegura no pagar más del 10% de sus ingresos. Esto beneficiará aproximadamente a 365 mil personas.
El nuevo y único sistema de financiamiento estudiantil, cuyos aspectos centrales se discuten en el Congreso, tendrá dos componentes. Primero, becas que beneficiarán a los jóvenes con mérito que provienen del 60% de los hogares de menos recursos. Esta es una decisión que promueve su acceso a la educación superior y les alivia la carga financiera. Se han flexibilizado, además, los umbrales para acceder a las becas para los más vulnerables: desde 550 puntos promedio en la PSU a 500 y 525 puntos para los jóvenes del primer y segundo quintil, respectivamente. Se reconoce así el peso que tiene el capital cultural y social de los hogares en la prueba PSU. También se ha estado elevando la proporción de jóvenes que pueden acceder a las becas de excelencia académica, que benefician a los mejores egresados de colegios subvencionados.
Se levantan voces que quisieran extender el sistema de becas a grupos más acomodados o incluso avanzar hacia la gratuidad en la educación superior. No compartimos esa mirada. En el pasado, Chile transitó por ese camino, dañando severamente la búsqueda de mayor equidad educativa. Por ejemplo, entre 1920 y 1965 la escolaridad promedio del país apenas creció, algo que es posible atribuir a una participación creciente del gasto público en educación superior -que beneficiaba a un grupo minoritario de la población- en desmedro de los otros niveles educativos, particularmente de la educación secundaria. La estrategia alternativa de concentrar el financiamiento estudiantil de educación superior en los más vulnerables permite abocar mayores esfuerzos en educación parvularia y escolar. Es ahí donde se nivela la cancha y permite asegurar que las brechas de desempeño por nivel socioeconómico no se vayan incrementando a medida que se avanza en el proceso educativo.
Por eso, desde el punto de vista de la equidad, un apoyo financiero como el que estamos proponiendo al Congreso, que representa el segundo componente del sistema de financiamiento estudiantil, resulta mucho más apropiado. Este permite a los estudiantes que no son vulnerables, pero que tienen necesidad de recursos, acceder al pago de aranceles durante su carrera, el que luego de egresados deben retribuir al Estado.
Este sistema pondrá fin a la discriminación injustificada contra estudiantes de ciertas universidades, y de institutos profesionales y centros de formación técnica, y asegurará un apoyo financiero a todos los alumnos de los primeros nueve deciles de ingreso con mérito académico. Además, incorpora un subsidio relevante, porque la tasa de interés real será de 2% al año y contemplará un máximo de 180 cuotas mensuales, las que no superarán el 10% de los ingresos. Estas condiciones buscan que el apoyo estatal entregado durante el período de estudios se retribuya de acuerdo con las posibilidades de cada cual, disminuyendo los riesgos para los estudiantes y sus familias y acabando con el sobreendeudamiento.
Tal como ocurre ahora, las becas y el apoyo crediticio seguirán estando acotados por el arancel de referencia. Sin embargo, aspiramos a que éste experimente, de modo gradual, transformaciones que sirvan al interés de los alumnos. Así, el Ministerio de Educación pretende que dicho arancel considere variables que los afectan directamente: condiciones laborales esperadas, duración de la carrera y deserción. Por cierto, deben hacerse los ajustes que correspondan por la composición social del alumnado de las distintas instituciones de educación superior. A través de esta vía se logra que los costos de los distintos programas sean sensibles a los montos que pueden retribuir los estudiantes con una fracción acotada de sus remuneraciones futuras.
Se quiere, con esto fomentar la pertinencia de los estudios y mantener la sustentabilidad del sistema. Por supuesto, para aquellas carreras que tienen un alto valor social, pero que no ofrecen un rédito privado muy elevado, se debe considerar un tratamiento distinto, pero éstas representan una fracción minoritaria de la oferta de educación superior. Así se avanzará hacia un sistema más transparente de definición de los aranceles de referencia, a diferencia de lo que sucede hoy, en que poco y nada se sabe sobre qué significan los más de 10 mil aranceles de referencia que tenemos.
Se exigirá, asimismo, que las instituciones de educación superior financien las brechas entre los aranceles reales y de referencia a sus alumnos de los quintiles I y II. En el caso de que sean del tercer quintil, un 50% de la brecha. En el fondo, si la institución apuesta a entregar mayor valor a sus alumnos que el que refleja su arancel de referencia, será ella misma la que deberá incurrir en el riesgo que esto significa para los jóvenes de origen vulnerable. Con esto, se alivia aún más la carga de las familias de estos jóvenes. Es, por lo demás, una contrapartida razonable de una política de aranceles libres como la que existe en Chile.
Es evidente que el financiamiento estudiantil no es la única fuente de recursos de las instituciones de educación superior. El Estado provee financiamiento directo que apunta a apoyar la provisión de bienes públicos: investigación, aportes a la sociedad y la cultura y al cultivo de las ciencias, artes y humanidades, entre otros. En este ámbito, el gobierno del Presidente Piñera también ha estado aportando nuevos e importantes recursos. Este financiamiento debe tratarse de manera independiente del estudiantil, sobre todo porque las instituciones de educación son muy heterogéneas en su misión: las hay desde complejas hasta otras cuyo foco es la docencia, y la asignación de recursos institucionales debe reconocer esto. Por eso, hemos propuesto avanzar gradualmente hacia una clasificación de instituciones que se haga cargo de esa realidad y oriente mejor este tipo de financiamiento.
Por cierto, si bien el desarrollo de un apropiado sistema de financiamiento es una pieza clave en el sistema de educación superior, no basta para resolver todos sus problemas. Se requiere fortalecer el marco regulatorio que afecta a las instituciones de educación superior. Un brazo lo constituye el proyecto de ley de la Superintendencia de Educación Superior que asegura mayor transparencia del sistema y una mejor capacidad de fiscalización por parte del Estado, aumentando, entre otras cosas, las atribuciones para velar por la prohibición efectiva del lucro en las universidades.
Otra pieza fundamental de este nuevo marco regulatorio es el fortalecimiento del sistema de acreditación. Este ha cumplido una etapa y se encuentra fuertemente cuestionado, debiendo reformarse para asegurar los mínimos de calidad que el país exige y fomentar el mejoramiento continuo de la educación superior. El Gobierno presentará este semestre un proyecto de ley que mejore y haga más exigente a este sistema. La Superintendencia y el nuevo sistema de aseguramiento contribuirán, entre otros propósitos, a dar certeza del buen uso de los recursos que el Estado entrega a sus jóvenes a través del financiamiento estudiante