En general, solemos no estar de acuerdo con muchas de las cosas que se dicen, escriben y propugnan en el ámbito de la educación superior o terciar. Pero registramos aquellas que pudieran interesar, sea por sus ideas, sus excentricidades, sus errores, sus bondades, su convencionalismo o su aporte a la deliberación pública. A continuación varias opiniones recientes
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Rector Pérez: Contraloría debe fiscalizar a todas las Ues
Terra, 20 de abril de 2012 • 17:36 • actualizado a las 19:03
SANTIAGO.- El rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, en un encuentro este viernes sobre “Transparencia: una oportunidad para la educación”, llamó a que todas las instituciones de enseñanza superior, estatales o privadas, que reciban financiamiento del Estado, sean fiscalizadas por la Contraloría General de la República.
Junto con recalcar la necesidad de una Superintendencia, recordó que en la década de los ’80 se abrió el mercado de la educación al sector privado, argumentándose entonces que esto implicaría más recursos e inversión de dicho sector, sin embargo, son esas mismas instituciones las que hoy solicitan recursos al Estado.
“Estas acciones tendrán poco o nada de efecto si se persiste en mantener incólume la estructura y visión de un sistema de Educación Superior privatizador -y devenido en mercantilista- impuesto por la dictadura, a espaldas de la ciudadanía y completamente desregulado”, enfatizó Pérez.
El rector de la Universidad de Chile emitió estas declaraciones como panelista en el marco del III Seminario Internacional “Impacto del Derecho a Acceso a la Información y Participación Ciudadana”, organizado por el Consejo de la Transparencia.
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Credibilidad en la educación superior
por Luis Winter, rector Universidad del Pacífico, la Tercera, 23 de abril de 2012
LA AGENDA para la educación superior 2012-2014 se basa en cuatro puntos, señaló el ministro de Educación recientemente en su primer encuentro con los rectores de las universidades privadas: “Recuperar la credibilidad del sistema de educación superior; mejorar su eficiencia y efectividad; avanzar en mayor igualdad de trato y articulación del sistema, y promover la excelencia”.
Compleja será la tarea del ministro en momentos en que nuestro país tiene aún frescos los movimientos del año pasado. Su reconocido y amplio conocimiento de la problemática educacional debería permitirle avanzar en una agenda -de por sí exigente- que persigue, en primer lugar, recuperar la credibilidad del sistema de la educación superior.
Tras lo sucedido en 2011, distintos sectores se han preguntado sobre la calidad de los establecimientos de educación superior, sean públicos o privados, tradicionales o relativamente nuevos, inclusivos o selectivos. Sin embargo, el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior creado en 2006 fue evaluado positivamente en varios informes, entre ellos “La Educación Superior en Chile 2009” de la Ocde y del Banco Mundial, donde se destacan los avances y se señala que, incluso, en ciertos aspectos, alcanzaba niveles similares a los de países desarrollados. Pero a la vez llamaron a realizar una revisión profunda para mejorarlo en sus ámbitos de acreditación, licenciamiento e información. El trabajo, que debiera incluir una meta de evaluación del proceso, ha sido encargado a una comisión asesora que, entre otras personalidades, la integran algunos rectores de universidades privadas.
La agenda legislativa tampoco es menor y debiera, con celeridad, reflejarse en proyectos de ley. Merecen atención, además de la propuesta orientada a establecer una agencia de calidad, las iniciativas que crean la Superintendencia de Educación Superior, la Subsecretaría de Educación Superior y la referente a los Créditos con Aval del Estado (CAE).
La superintendencia, como depositaria de la confianza pública, contribuirá a dar mayor transparencia al sistema universitario fortaleciendo la institucionalidad. La subsecretaría señalizará el trato prioritario que el Estado debiese tener hacia las instituciones de educación terciaria. Por último, la uniformidad del sistema de créditos estudiantiles entre los matriculados en universidades adscritas al Cruch y los que estudian en universidades privadas, debería poner fin a una discriminación injusta, al tiempo que direccionará correctamente los incentivos a fin de aumentar la cobertura y acceso que demandan los estudiantes.
La reunión permite conocer una agenda que contempla, además, el estudio de aspectos tan relevantes como acortar la duración de carreras, diferenciar instituciones por su grado de complejidad, financiamiento, investigación, etc. En su implementación, es indispensable una discusión amplia con la participación de todos los que formamos parte del desafiante campo de la educación. Asimismo, será necesario tener en mente que la educación superior es sólo el último eslabón de una larga cadena que comienza mucho antes.

El negociado de la educación superior.
Mario Waissbluth , La Tercera-Blog, Apr. 22 , 2012
La explosión estudiantil del 2011 tuvo como origen esencial la frustración de cientos de miles de alumnos de educación superior y sus familias. De 1 millón de estudiantes, aproximadamente 400 mil terminan desertando y endeudados, 300 mil terminan con un título tan subvalorado que no podrán pagar su deuda ni en 20 años, y sólo 300 mil llegarán al “santo grial del título rentable”.
El endeudado tiene por lo general dos padres y un hermano. Súmele los estafados por La Polar y otros abusos varios y… tuvimos cerca de un millón de personas en la calle. Si no se arregla, los seguiremos teniendo, y quien crea que tan sólo por mejorar un poco las becas y préstamos (asunto necesario) esto se va a resolver, está muy equivocado.¿Qué está ocurriendo?.
a) 40% de los alumnos que ingresan a educación superior no entiende lo que lee ni puede realizar operaciones aritméticas sencillas. ¿Es culpa de ellos? Mayoritariamente, no. Es culpa de un sistema escolar que no fue capaz de darles esas competencias a lo largo de doce años. De no creerse, pero es. He conocido estudiantes de ingeniería civil o comercial de caras universidades cota 1000, que ingresaron con 650 puntos en la PSU de matemáticas, provenientes de colegios privados, que no logran entender qué es un logaritmo, por más que tratan. En realidad, nunca entendieron de fondo lo que es un número o una ecuación simple.
b) La tasa de deserción bordea el 40%, y en algunas carreras llega al 65%. Esta ocurre tanto por razones académicas (no entienden lo que leen), como de desorientación vocacional, como económicas. Pero en la pasada, los damnificados dejaron algunos millones de pesos en las arcas de los proveedores, con el Estado en muchas ocasiones pagando avales.
c) Las carreras universitarias y técnicas duran en promedio 40% más de lo anunciado en sus vistosos posters y anuncios de prensa. La excusa de los “proveedores”: los estudiantes llegan mal preparados. Ni que hablar de que sus procedimientos de selección en muchos casos son simplemente inexistentes. Aplicar algún filtro de selección iría contra el negocio, por supuesto.
d) Muchas carreras obligan a los estudiantes a tomar un buen 25% de materias innecesarias para su formación, extendiendo así su duración, facilitando de pasada el aumento de aranceles y la duración formal de las carreras.
e) En las universidades que realizan investigación, y que por ende cuentan con una masa indispensable de profesores full-time con doctorado y caras instalaciones, la mayor parte de ese costo NO es pagado por el Estado como en otros países, sino por… adivine quién… los aranceles de los estudiantes.
f) De cinco mil carreras de educación superior esparcidas por el territorio, cerca de mil cuentan hoy con acreditación, y de esas, posiblemente la mitad son espurias. Las universidades e institutos publicitan su timbre de “acreditada”, pero omiten cuidadosamente explicitar cuáles de sus carreras están acreditadas y por cuántos años.
En el caso de las instituciones que no realizan investigación, para aquellas menos serias y más negociantes las matemáticas financieras resultantes son metafóricamente simples: 25% de sobrecarga innecesaria de cursos + 40% de deserción + 40% de sobre-duración = 105% de rentabilidad de la inversión…. financiada por aranceles que son los más altos del mundo en relación al ingreso per cápita. Incluso si no han extraído utilidades para sus bolsillos hasta ahora, el aumento de su patrimonio inmobiliario, basado en la expansión a numerosos campus y nuevas carreras, es sideral y fue financiado por… adivine quién… los aranceles de los estudiantes.
En suma, esto es un escándalo, y lo sorprendente es que no haya explotado antes del 2011. Esta es La Polar Universitaria. Para peor, el engañoso discurso es que a los estudiantes se les está “haciendo el favor de darles una oportunidad”. Es como “hacerle el favor”, a una familia pobre y que desconoce el concepto de tasa de interés, de venderle un televisor plasma que vale $200 mil pesos en 40 cómodas cuotas de $20 mil.
Para salir de este pantano, en adición a las decisiones ya anunciadas de becas y créditos, se requieren otras medidas urgentes.La primera de ellas sería el establecimiento de un año pre-universitario (no confundir con los preuniversitarios con fines de lucro para preparar la PSU) o si se quiere, llamémoslo propedéutico, o 5º año medio. Este debiera ser licitado por el Estado entre instituciones serias, acreditadas, y su propósito sería tratar de paliar el daño producido por los doce años escolares, proveyendo habilidades mínimas indispensables de lecto-escritura y aritmética, así como una imprescindible orientación vocacional. Las entidades que los provean no quedarían como “dueñas” de esos alumnos, quienes después debieran poder postular donde se les antoje.
Todos los estudiantes de los primeros 4 quintiles que así lo deseen, y que hayan logrado menos de 550 puntos en la vilipendiada PSU, debieran poder acceder gratuitamente a este programa, para así mejorar sus posibilidades futuras. Sabemos que la PSU no mide excelencia, que no es un adecuado predictor de rendimiento, y que debe ser mejorada, pero lamentablemente, menos de 550 puntos es hoy una virtual garantía de incomprensión lectora y aritmética, y en eso hay bastante certeza.
Este año intermedio le costaría al Estado menos de la mitad de lo que cuesta ofrecer cursos universitarios a los alumnos. Alguien dirá que es una solución parche, que lo adecuado es arreglar el sistema escolar. Obvio, esta es una solución transitoria, pero no podemos esperar otros 10 años para ofrecer una alternativa a las ovejas que hoy están ingresando al matadero financiero de la educación superior, muchas veces a dilapidar valiosos años de vida laboral.
En segundo lugar, urge ponerle una bomba al desacreditado sistema de acreditación, demolerlo, y sustituirlo por otro que a) vea los resultados de las actividades formativas, b) compruebe la transparencia, completitud y veracidad de la información que proveen al “mercado educativo” y c) aseguren una mínima seriedad en sus procesos de admisión.
En tercer lugar, ni un solo peso de gratuidades, becas o créditos del Estado debiera asignarse a instituciones de educación superior que a) no estén debidamente acreditadas, b) que no exhiban un mínimo de seriedad en sus procesos de admisión y/o de nivelación, sean estos CFT, Institutos o Universidades, y c) que tengan aranceles, tasas de deserción, o duración real de carrera anormalmente excesivas.
En cuarto lugar, y no necesariamente en este orden, es el Estado quien debiera financiar los verdaderos costos de la investigación, y no forzar a las universidades de excelencia a financiarla con cargo a los aranceles de los alumnos. Esa pura cuenta debe andar por el orden de los US$ 500 a US$ 1000 millones por año.
Por último, el Estado debe ser un padre diligente de sus propias entidades de educación superior. Esa es harina de otro costal y la dejamos para otro día y otra columna. Por ahora, limitémonos a tomar una determinación: llegó la hora de ponerle coto al libertinaje de mercado en la educación superior.
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Universitarios chilenos tienen 25% más de carga académica que europeos
Dedican hasta 60 horas a la semana a asistir a clases y hacer trabajos. En Europa, la carga no supera las 50 horas.
por E. Simonsen / E. Cabrera, Santiago, La Tercera, 22 de abril de 2012
En marzo, el ministro de Educación, Harald Beyer, hizo un llamado al Consejo de Rectores para que informe el por qué de la larga duración de las carreras en Chile.
Su evidencia: los chilenos demoran en la práctica un promedio de 6,2 años en obtener su primer título universitario (aunque en teoría dure menos). Esto, los ubica como los que más tiempo demandan entre las naciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (Ocde), cuyo promedio es de 4,3 años. Le sigue el Reino Unido, con una duración de 5,8 años (ver infografía).
“Carreras más largas tienen un alto costo para los estudiantes y para el Estado, que por la vía de ayudas financia a la mayoría de los alumnos. De hecho, si los aranceles fuesen los mismos en Chile que en la Ocde, el costo total de las carreras universitarias sería un 46% más alto que en el promedio de la organización”, dice el ministro.
El alto costo de los aranceles no solo se explica porque los estudiantes demoran mucho tiempo en titularse. También porque la carga académica de las carreras es muy alta. Una realidad que un estudio encargado por el Mineduc demostró, al medir, por primera vez, el tiempo total que demanda cada programa: los universitarios chilenos dedican hasta 60 horas a la semana a ir a clases, trabajos grupales y preparar las pruebas. “Eso sucede en Derecho y Arquitectura. Es mucho, considerando que un empleado trabaja 44 horas a la semana”, comenta Juan Pablo Prieto, vicerrector de la U. de Viña del Mar y uno de los autores del informe. En Europa, la carga académica, no supera las 40 a 50 horas. Esto es, un 25% menos.
La relación de la carga académica con el costo de las carreras es directa: mientras más ramos tiene un programa, necesita más profesores y más semestres y el costo de dictarla, para la universidad, se incrementa. “En Chile, las carreras tienen una orientación más profesional, con más horas por asignaturas y más ramos complementarios. En Estados Unidos, tienen solo las clases imprescindibles, es una formación general que permite salir rápido a trabajar”, dice Erich Spencer, director de Relaciones Internacionales de la Facultad de Economía y Negocios de la U. de Chile.
Es decir, en Chile, hay ramos que nunca un profesional aplicará en su vida laboral o que en otros países son de posgrado. Como es el caso de Gestión de Instituciones de Salud en Nutrición. “Difícilmente un nutricionista recién egresado dirigiría una institución. Ese es un ramo de especialización”, sostiene un académico.
El panorama mundial
Como señalan los entrevistados, la estructura de educación superior en otros países es distinta a la chilena. En EE.UU., el primer grado que se obtiene es el de bachiller, en diversas disciplinas y que da una formación general. Un modelo que la UC ha imitado con el College. Luego, vienen las especializaciones, que se logran a partir de los magísteres o doctorados. De hecho, muchas carreras que en Chile son consideradas de pregrado, en EE.UU. son de doctorados. Es el caso de Derecho, Medicina y Kinesiología (ver recuadro).
“El concepto moderno es que la carrera es un primer ciclo, más generalista. En Chile, se estima que la formación se hace una sola vez en la vida”, dice Prieto.
Tras el convenio de Bolonia, firmado en 1999, Europa comenzó a transitar hacia el mismo modelo que EE.UU. Un esquema que permite, además, trasladarse fácilmente de un campo a otro, moldear perfiles profesionales de acuerdo al interés del estudiante y evitar la deserción. “La educación superior en Chile, por tradición, es hiperestructurada y cada docente está convencido de que todo lo que él aprendió, sus estudiantes deben saberlo. Es poco motivante y fomenta el abandono”, sostiene el ex rector de la Unab, Manuel Krauskopf.
Agrega que “no es llegar y cortar. Hay que analizar cuáles son los conocimientos imprescindibles para cada profesión y fomentar que los estudiantes puedan diseñar su propio perfil de egreso”.
La clave es la decisión del Consejo de Rectores, tomada a partir del estudio del Mineduc, que permitirá equiparar la carga académica entre todas las universidades, facilitando la movilidad estudiantil. En palabras simples, que un ramo tomado en un plantel sea equivalente al de otro.
El acuerdo implica también reducir la carga académica en general, para hacerla equivalente a la de Europa. Ello allanaría el camino para más intercambio y convenios de doble titulación.
Las universidades ya trabajan, con el apoyo de la cartera, en estudiar sus carreras y cómo adecuarlas. Ricardo Reich, del Mineduc, cree que en 10 a 15 años los chilenos podrían estar bajo la nueva modalidad. Un camino que algunos planteles ya comenzaron a recorrer. La UC, Adolfo Ibáñez y del Desarrollo acortaron, por ejemplo, Ingeniería Civil, de 6 a 5 años. Aunque los estudiantes deben aprobar, antes de entrar a la carrera, un examen de conocimientos. En Economía y Negocios de la U. de Chile, se puede tomar el semestre en verano y titularse antes.
Aunque el trayecto no es fácil. “Si acortas carreras, transfieres parte de los conocimientos a posgrado. Eso implicaría que todos tendrían que hacer posgrado. Para ello hay que asegurar financiamiento y el sistema no tiene capacidad para absorberlos a todos”, dice Roxana Pey, de la U. de Chile.
También las universidades se quejan del nivel con el que los estudiantes salen del colegio y del tiempo que requieren para nivelarlos.
Y, por último, están las leyes de la administración pública, que exigen, para acceder a cargos profesionales o directivos, tener un título de una carrera que dure, como mínimo, ocho a 10 semestres. Una normativa que amarra a los programas a más de cuatro años, pero que el Mineduc no pretende cambiar. Al menos, no por ahora. “El sector público solo agrupa al 4% de la fuerza de trabajo”, explica Beyer.
En todo caso, de acortarse algunas carreras, ¿quién solventaría los menores ingresos que recibirían las universidades vía aranceles? “Los planteles tendrían más infraestructura disponible y pueden tener más alumnos. O bien ofrecer más posgrados”, dice el ministro.